La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El documento fue aprobado el pasado 29 de mayo con 29 votos a favor, los correspondientes a PSOE y PP, y únicamente los cuatro votos en contra de Vox.
La propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido tomada en conocimiento por la Mesa de las Cortes, por lo que ahora comienza un recorrido parlamentario que culminará con su entrada en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por el camino, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la portavoz socialista Ana Isabel Abengózar, serán los encargados de defender el texto en el Congreso de los Diputados para lograr los apoyos necesarios y que la reforma del Estatuto de Autonomía salga adelante.
Negociaciones duras y silenciosas
La reforma del Estatuto de Autonomía fue uno de los compromisos que adquirió Emiliano García-Page como presidente, y finalmente ha llegado tras un periodo de negociación de más de dos años que ha alcanzado un acuerdo entre PSOE y PP, y que únicamente aísla a Vox.
Las negociaciones en todo momento han sido discretas, y tal y como defendían durante sus ponencias el día 29 de mayo, fecha de su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha, tanto PP como PSOE, delimita el marco sobre el que legislar en Castilla-La Mancha durante los próximos años.
Los socialistas se felicitaban por alcanzar un acuerdo necesario, e incluso recordaban a miembros del partido que ahora ya no están en la política activa, pero que han sido parte fundamental en las negociaciones, como el caso de Fernando Mora, para el que Ana Isabel Abengózar tenía unas palabras.
Prácticamente mismo discurso por parte de los populares, aunque eso sí, Paco Núñez apuntaba que sobre este documento y estas nuevas reglas basará su mandato como presidente, poco después de anunciar su intención a ser reelegido candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha.
El principal escollo que encontró el Estatuto de Autonomía durante las negociaciones fue el aumento del número de diputados. Mientras los socialistas defendían aumentarlo considerablemente para recuperar la representación política perdida durante la legislatura de María Dolores de Cospedal, que redujo el número de diputados regionales en dos ocasiones, los populares apostaban por mantenerlo en 33. Finalmente se pactó establecer una horquilla con un número máximo de 55 diputados regionales, pero con la condición de que ese aumento nunca se daría antes de los comicios convocados para mayo de 2027.
Vox fue muy duro en sus críticas a la reforma del Estatuto de Autonomía. Acusaban a PP y PSOE de pactar, simplemente de llegar a un acuerdo, también de aumentar el número de diputados regionales por suponer un “gasto superfluo innecesario”, y de recoger el mes de enero como inhábil, nada que no se haga en otros parlamentos regionales ni en el propio Congreso de los Diputados. Es la única formación que se ha quedado fuera, lo que le valió las críticas tanto de PP como de PSOE en forma de réplica, principalmente por no creer en el modelo de las autonomías, y la petición de los socialistas a los populares de romper todos los pactos con la formación de ultraderecha, después de que amenazaran con derogar el Estatuto de Autonomía si llegaban al gobierno.
Blindaje de derechos
El nuevo Estatuto de Autonomía blinda los derechos públicos como la sanidad y la educación reconoce el derecho a la vivienda digna y protege los derechos de las personas menores y mayores de edad, con discapacidad, y de quienes se encuentran situaciones desfavorables. Recoge nuevos derechos para la ciudadanía como el acceso a las tecnologías de la sociedad en igualdad de condiciones, el derecho al agua, o a la sostenibilidad del medio ambiente y preservación del entorno natural.
En materia de igualdad, garantiza los derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política por igual y recoge el compromiso firme de luchar contra la violencia de género. Además, en el ámbito rural, garantiza el desarrollo de las zonas rurales y la cohesión territorial mediante medidas de lucha contra la despoblación.