La despoblación es uno de los grandes desafíos demográficos de España. La pérdida de habitantes, el envejecimiento, la falta de empleo, las viviendas vacías y las dificultades para acceder a determinados servicios han condicionado durante años la vida de muchos pueblos. Y aunque el problema sigue presente, en Castilla-La Mancha empieza a dar señales de cambio precisamente en algunos de los municipios más afectados.
En los últimos once años, la política frente a este reto ha evolucionado con el relevo en la Junta entre María Dolores de Cospedal y Emiliano García-Page. Con la llegada de Page al Gobierno regional en 2015, la lucha contra la despoblación fue ganando peso hasta convertirse en una estrategia específica para el medio rural y culminar en 2021 con la aprobación de la Ley de Medidas contra la Despoblación.
El modelo castellanomanchego se situó además entre las primeras iniciativas europeas para abordar ese reto desde una perspectiva transversal. La estrategia pasó así de centrarse en la pérdida de población a actuar sobre algunas de las condiciones que pueden facilitar la permanencia y la llegada de nuevos vecinos.
Desde entonces, según los datos ofrecidos por el Gobierno regional, las zonas afectadas por la despoblación han ganado 4.732 habitantes, de los que 3.611 corresponden a áreas catalogadas como de extrema despoblación. El Ejecutivo de García-Page sostiene que se ha producido así un cambio respecto a décadas anteriores, con un crecimiento que alcanza ya un ritmo similar al de las zonas urbanas.
Una ley para afrontar la despoblación desde varios frentes
La principal diferencia respecto a las políticas tradicionales contra el vaciamiento rural está en el planteamiento. La norma aprobada incorporó la fiscalidad diferenciada, los servicios públicos, la actividad económica, la vivienda y el transporte dentro de un mismo marco de actuación. La Estrategia Regional frente a la Despoblación contempla 210 medidas y un presupuesto global de más de 3.322 millones de euros para diez años.
El Gobierno regional asegura que a cierre de 2024 ya se había ejecutado el 52% de esas medidas y que más del 80% estaban en desarrollo. Entre 2022 y 2024, la Junta cifra en 5.144 millones de euros el gasto destinado a políticas vinculadas a la lucha contra la despoblación.
El objetivo es que quedarse en un pueblo no implique renunciar a derechos básicos. Por eso, las actuaciones abarcan desde la atención sanitaria y social hasta la educación, pasando por el transporte, la vivienda o el apoyo a la actividad empresarial. Desde 2021 se han mejorado una veintena de centros de salud y consultorios y se han abierto 88 botiquines en municipios afectados por el reto demográfico.
En el ámbito educativo, la política de escuelas infantiles ha ganado peso como herramienta para facilitar la conciliación y atraer o retener población joven. En las zonas más afectadas se han puesto en marcha más de un centenar de escuelas infantiles, a las que se suma la expansión de la escolarización de 0 a 3 años.
También se ha reforzado la atención a las personas mayores. La red rural cuenta con 133 viviendas de mayores y cuatro mini residencias en zonas despobladas, además de servicios de teleasistencia. La Junta ha destinado asimismo 17 millones de euros a nuevas ayudas para mantener plazas y programas de atención en municipios pequeños.
Del aislamiento a la conexión
Uno de los cambios más importantes en el medio rural pasa por la conectividad. La extensión de las infraestructuras digitales ha dejado de ser una cuestión secundaria y se ha convertido en una condición para poder trabajar, estudiar, emprender o acceder a servicios desde un municipio pequeño.
La Junta cifra en 868 las localidades a las que ha llegado la fibra óptica y en más de 500 los municipios con cobertura 5G. Según los datos trasladados por el Ejecutivo, alrededor del 71% de las zonas afectadas por la despoblación cuentan ya con estas tecnologías.
A la conexión digital se suma una nueva fórmula de movilidad. El Transporte Sensible a la Demanda presta servicio actualmente a 337 núcleos de población y más de 54.000 habitantes y acumula más de 160.000 viajeros. El sistema busca conectar localidades pequeñas con los servicios que no pueden tener dentro del propio municipio.
La lógica es distinta a la de concentrar servicios únicamente en los grandes núcleos. Se trata de mantener derechos y oportunidades cerca de donde vive la población y facilitar los desplazamientos cuando la baja densidad hace inviable una red convencional.
Una fiscalidad distinta para vivir en los pueblos
La Ley contra la Despoblación incorporó además la fiscalidad diferenciada como una herramienta específica dentro de la política demográfica regional, algo que hasta entonces no se había integrado de esta manera.
Los residentes en zonas afectadas pueden acceder a deducciones de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF por estancia efectiva, a una deducción del 15% por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y a una deducción de 500 euros por traslado de residencia por motivos laborales. En la última campaña de la renta, más de 98.000 contribuyentes se beneficiaron de alguna de estas ventajas, según los datos de la Junta.
La finalidad es compensar parte de las dificultades asociadas a vivir en territorios con menor densidad y favorecer que la residencia, la actividad económica y la inversión encuentren incentivos en los municipios afectados.
También existen medidas específicas para empresas y emprendedores, con incrementos de las ayudas que pueden alcanzar el 40% respecto a otras zonas. El programa de apoyo al emprendimiento ha llegado ya, según el Gobierno regional, a unas 5.600 personas, mientras alrededor de 4.000 jóvenes se han incorporado al sector agrario.
El nuevo problema: hay pueblos que vuelven a crecer, pero falta vivienda
El cambio demográfico empieza a generar una paradoja. El reto ya no es únicamente conseguir que la población deje de marcharse, sino disponer de viviendas para quienes quieren quedarse o llegar.
El Gobierno regional reconoce que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de numerosos municipios afectados por la despoblación. Para responder a esa situación, ha planteado el programa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, destinado a sacar al mercado viviendas vacías mediante su rehabilitación y posterior alquiler asequible.
El plan contempla ayudas de hasta 12.000 euros para rehabilitar los inmuebles, además de una subvención de hasta 600 euros mensuales durante siete años para los propietarios que cedan esas viviendas a los ayuntamientos para destinarlas al alquiler.
El cambio de escenario es significativo. Allí donde hace unos años la preocupación principal era perder habitantes, ahora algunos ayuntamientos empiezan a señalar la escasez de vivienda disponible como una barrera para aprovechar el crecimiento demográfico.
Del colegio a la universidad para intentar que los jóvenes se queden
La estrategia contra la despoblación tampoco termina en la escuela. La universidad se ha convertido en otra herramienta para conectar a los jóvenes con los pueblos y abrir posibilidades de empleo fuera de las grandes ciudades.
Los programas UCLM Rural y Campus Rural permiten a estudiantes realizar prácticas remuneradas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En el caso de UCLM Rural, la ayuda puede alcanzar los 1.000 euros mensuales, sumando la dotación base y las ayudas complementarias para alojamiento y manutención.
La idea es acercar talento joven al medio rural y facilitar que ese primer contacto con un municipio pequeño pueda convertirse en una oportunidad laboral o en un proyecto de vida.
Un cambio demográfico que todavía debe consolidarse
Los datos dibujan una realidad distinta a la de hace una década, aunque el reto demográfico sigue abierto. Persisten municipios con muy baja densidad y una población envejecida, pero en otros territorios empiezan a surgir nuevas necesidades derivadas precisamente de la llegada de habitantes.
La propia población regional mantiene una evolución positiva. En el primer trimestre de 2026, Castilla-La Mancha registró un crecimiento del 0,36%, uno de los mayores avances trimestrales entre las comunidades autónomas, según el INE.
En los municipios afectados por la despoblación, el saldo migratorio tiene un peso cada vez mayor. Según los datos difundidos en 2026, uno de cada cinco nuevos habitantes que llegan a Castilla-La Mancha se instala en localidades afectadas por este fenómeno, mientras algunas de las zonas más castigadas han comenzado a recuperar población.
La situación, por tanto, empieza a ser distinta. Ya no se trata únicamente de frenar la pérdida de población, sino de consolidar el crecimiento y conseguir que quienes llegan puedan quedarse, con pueblos donde sea posible vivir, trabajar, estudiar y construir un proyecto de vida.
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