La contratación de un familiar del portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, para el puesto de coordinador de Planes de Empleo y Talleres+ en el Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA) ha desatado una fuerte polémica. La plaza, de nueva creación y con las retribuciones más altas del organismo, se ha concedido tras un procedimiento que no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y que contenía requisitos técnicos tan específicos que dejaron fuera a ocho de los once candidatos.

Según denuncia el PSOE de Talavera de la Reina, la plaza, de nueva creación y diseñada con características poco comunes, ha levantado sospechas por dejar fuera a ocho de los once aspirantes que se presentaron al proceso, al no cumplir con los criterios detallados exigidos en las bases. La oferta solo se difundió en la web del propio IPETA, lo que ha provocado críticas por la falta de transparencia y publicidad del procedimiento.

Desde la oposición se ha señalado que no existe en el expediente ninguna justificación que motive la necesidad del puesto, ni informe técnico que avale los requisitos exigidos ni el nivel salarial adjudicado, superior incluso al del propio supervisor de los planes de empleo, que tradicionalmente ha sido la figura con mayor responsabilidad y remuneración en el ente público.

La plaza, convocada únicamente a través de la página web de IPETA, requería un perfil con una titulación superior en prevención de riesgos laborales con hasta tres especialidades, condiciones que, según los socialistas, no se exigen en procesos similares en otros organismos públicos. Denuncian que estos criterios pudieron diseñarse ad hoc para beneficiar al candidato finalmente contratado, que resulta ser la pareja de uno de los concejales con responsabilidad en el equipo de Gobierno.

A esta falta de transparencia se suma, según los denunciantes, una discordancia temporal en el relato oficial. Mientras desde el equipo de Gobierno se sostiene que la plaza se creó para cubrir una vacante en mayo, el expediente apunta a que el proceso arrancó en enero. Además, cuestionan que la contratación se haya realizado para los años 2025 y 2026, cuando lo habitual en los programas de empleo es que tengan una duración máxima de seis meses.

Critican la instrumentalización del sistema público

Desde la oposición se insiste en que no se está cuestionando la valía profesional del trabajador, pero sí la limpieza del procedimiento y la posible instrumentalización del sistema público para beneficiar a personas con vínculos políticos. Lamentan también que la entrega de documentación sobre el proceso ha sido parcial y escalonada, y que aún hoy siguen llegando informes incompletos, pese a que el alcalde declaró públicamente que todo había sido entregado.

El equipo de Gobierno, por su parte, ha cerrado filas en torno al concejal afectado y defiende que el procedimiento fue legal, que el puesto no es nuevo, sino habitual, y que la persona contratada cumplía sobradamente con los requisitos. Sin embargo, no han aportado hasta el momento ninguna explicación técnica sobre la idoneidad del perfil exigido ni sobre el salario asignado, que ha sido uno de los puntos más criticados.