El Partido Popular y Vox han decidido no respaldar una ley que permitirá mejorar las prestaciones y los servicios de atención a cerca de 38.000 personas dependientes en Castilla-La Mancha. Ambos partidos se han abstenido este jueves en las Cortes regionales ante una iniciativa impulsada por el PSOE que contempla incrementar un 20% las ayudas económicas y destinar más de 32 millones de euros adicionales al sistema de dependencia.
La norma ha salido adelante gracias a los 17 votos favorables de la mayoría socialista, mientras que los 16 diputados de PP y Vox han optado por la abstención. Una posición que ha dejado a las dos formaciones al margen de una reforma que supondrá mejoras económicas para miles de familias castellanomanchegas a partir del próximo 1 de enero de 2027.
La nueva legislación contempla tres grandes actuaciones destinadas a reforzar el sistema de dependencia. La primera consiste en incrementar un 20% las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones económicas. Por ejemplo, la ayuda para asistencia personal pasará de los actuales 822,33 euros a 986,80 euros mensuales.
Además, la actualización se realizará de oficio, por lo que las personas que ya reciben estas prestaciones no tendrán que presentar ninguna solicitud para beneficiarse de los incrementos.
Más financiación para residencias y centros de día
La segunda medida actualiza los costes de referencia de los servicios asistenciales. La atención residencial experimentará un incremento del 20,54%, hasta alcanzar los 1.800 euros mensuales, mientras que los centros de día y de noche aumentarán su financiación un 20%, hasta los 780 euros. Por su parte, el servicio de promoción de la autonomía personal pasará de 14 a 25 euros.
La tercera actuación contempla una revisión de los precios de los conciertos sociales de residencias y centros de día, con incrementos que oscilarán entre el 7,8% de las estancias temporales y el 34,6% de las plazas en centros de día de atención general. En los centros especializados en personas con Alzheimer y otras demencias, la subida alcanzará el 29%.
En conjunto, estas medidas supondrán más de 32 millones de euros adicionales cada año para mejorar la atención a las personas dependientes y reforzar la financiación de las entidades que prestan estos servicios.
PP y Vox consideran insuficientes las mejoras
Pese a estas cifras, las dos formaciones de la oposición han rechazado prestar su apoyo a la iniciativa. El diputado del PP José Antonio Martín-Buro ha considerado que la propuesta resulta insuficiente y ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de convertir la dependencia en una cuestión de "propaganda".
El parlamentario popular ha reclamado una reforma más amplia que permita reducir las listas de espera, agilizar las valoraciones y mejorar los servicios de ayuda a domicilio, además de cuestionar la ejecución presupuestaria del Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, el PP parece olvidar los recortes que aplicó su propio partido durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, cuando el presupuesto de dependencia cayó de unos 500 millones de euros en 2011 a 372 millones en 2015. Durante aquella etapa también se redujeron las ayudas a domicilio y la financiación de las residencias, mientras que el sistema llegó a acumular 26.919 expedientes pendientes de atención fuera de plazo.
Por su parte, el diputado de Vox David Moreno ha calificado la iniciativa de insuficiente y ha criticado su tramitación por lectura única, al entender que ha impedido a la oposición presentar enmiendas.
Además, Vox ha vuelto a introducir la inmigración en el debate sobre las ayudas sociales, reclamando que las prestaciones públicas incorporen criterios de "prioridad nacional" para beneficiar primero a los españoles y sus familias.
Moreno también ha contrapuesto los recursos destinados a residencias de mayores con las partidas dirigidas a la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Castilla-La Mancha, a la cabeza de la dependencia
Frente a las críticas de la oposición, el diputado socialista Pablo Camacho ha defendido la evolución del sistema regional durante los once años de Gobierno de García-Page.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con más de 82.000 personas beneficiarias y 120.000 prestaciones, con una inversión cercana a los 700 millones de euros.
Además, el Observatorio de la Dependencia ha reconocido a la comunidad autónoma como la mejor valorada de España en esta materia, con una puntuación de 8,25 sobre 10.
Camacho ha defendido que la tramitación urgente responde a la necesidad de que las mejoras entren en vigor el 1 de enero de 2027 y ha rechazado las acusaciones del PP sobre la ejecución presupuestaria, recordando que el presupuesto de Bienestar Social superó el 95% de ejecución en 2025.
El socialista también ha reclamado una mayor implicación económica del Estado, reivindicando que la Administración central asuma al menos el 50% de la financiación del sistema, una demanda que Castilla-La Mancha mantiene desde 2015.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.