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El Gobierno de Emiliano García-Page ha dado un nuevo paso para trasladar a Castilla-La Mancha las mejoras previstas en la ley ELA y reforzar la atención que reciben las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de alta complejidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la adaptación de la normativa autonómica de dependencia, que permitirá elevar las prestaciones hasta los 9.859 euros mensuales, reducir trámites y ampliar el apoyo a las familias que asumen buena parte de los cuidados.
La reforma incorpora a la normativa regional el denominado grado III+ de dependencia extrema, creado en el marco estatal para dar respuesta a aquellas personas con ELA avanzada y otros procesos irreversibles que necesitan una atención especialmente intensa. La legislación estatal contempla precisamente para este grado prestaciones destinadas a ayuda a domicilio o asistencia personal que pueden llegar a los 9.859 euros mensuales.
La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha explicado que la intención es responder a situaciones en las que organizar y costear los cuidados se convierte en una tarea especialmente complicada para las familias. "La respuesta tiene que estar a la altura de esa necesidad", ha defendido.
Con el nuevo decreto, las prestaciones destinadas a contratar ayuda a domicilio o asistencia personal podrán alcanzar esos 9.859 euros al mes, dependiendo del número de horas contratadas. Además, se establece una cuantía mínima de 3.200 euros cuando se contrate un servicio de, al menos, 150 horas mensuales y por un importe igual o superior a esa cantidad.
El Ejecutivo de García-Page calcula que destinará 3,7 millones de euros cada año a la aplicación de estas medidas y estima que alrededor de medio centenar de personas podrán beneficiarse anualmente.
Apoyo también para quienes cuidan en casa
La adaptación aprobada por el Gobierno regional incluye además una medida financiada con recursos propios de Castilla-La Mancha. Las personas reconocidas con grado III+ podrán compatibilizar las prestaciones para ayuda a domicilio o asistencia personal con la ayuda destinada a cuidados en el entorno familiar cuando la atención profesional reconocida no alcance el límite de horas establecido.
En esos casos, la prestación destinada a los cuidados familiares podrá reconocerse en su cuantía máxima. Se trata de atender una realidad habitual en enfermedades como la ELA, en las que la contratación de profesionales no elimina necesariamente la necesidad de que familiares y personas cercanas sigan participando directamente en la atención diaria.
Menos burocracia en situaciones especialmente delicadas
Otro de los cambios pasa por simplificar los trámites. Las personas que ya tengan reconocido un grado III de dependencia y acrediten mediante certificado médico que se encuentran en una situación de dependencia extrema no tendrán que pasar por una nueva valoración para obtener el III+. Incluso ambos grados podrán reconocerse en un único acto administrativo cuando se cumplan los requisitos.
La Junta pretende evitar así que pacientes y familias tengan que dedicar tiempo a procedimientos administrativos cuando la enfermedad se encuentra en una fase avanzada.
También cambian los efectos económicos de las ayudas. Las prestaciones del grado III+ podrán reconocerse desde la fecha de la solicitud o desde el inicio efectivo del servicio si este comienza posteriormente. Quienes ya tuvieran reconocido este grado podrán además acceder a los pagos con efectos retroactivos desde la fecha de reconocimiento, siempre que acrediten el gasto realizado.
A ello se suma la ampliación hasta los seis meses del plazo para justificar los gastos derivados de determinadas prestaciones, frente al sistema mensual existente hasta ahora.
La reforma se incorpora a un sistema autonómico de dependencia que, según los datos aportados por el Gobierno regional, atiende actualmente a más de 83.000 personas y sus familias. Castilla-La Mancha ya había comenzado a aplicar algunas previsiones específicas para los enfermos de ELA, entre ellas la tramitación preferente de sus solicitudes y un plazo máximo de tres meses para determinadas valoraciones y revisiones de dependencia, discapacidad y del Programa Individual de Atención.
