El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido evitar la “demagogia política” en torno a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo central. La portavoz regional, Esther Padilla, ha reclamado “sentido común” y “algo de humanidad para aquellos que no la tienen” a la hora de abordar este debate.

Las declaraciones de Padilla llegan un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y que regula este proceso. La norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y entrará en vigor este jueves. Para el Ejecutivo autonómico, se trata de una medida que responde a una realidad social que no puede ser ignorada.

La reforma aprobada por el Gobierno supone una actualización del marco normativo en materia de extranjería con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual. Entre otras cuestiones, introduce cambios en las vías de regularización, flexibilizando algunos requisitos para que las personas que ya residen y trabajan en España puedan acceder a permisos de residencia y trabajo en condiciones más accesibles. Asimismo, el procedimiento establece también la necesidad de no contar con antecedentes penales y de no representar un riesgo para el orden público o la seguridad ciudadana.

“Hay mucha población en nuestro país que ya vive con nosotros y que trabaja con nosotros bajo una economía sumergida”, ha señalado la portavoz, incidiendo en que muchas de estas personas desarrollan su actividad “trabajando en negro”. Por ello, ha defendido que “había que dar una respuesta a esta situación”.

En este sentido, ha insistido en que dicha respuesta debe hacerse “con garantías” y “cumpliendo con todo el sistema legislativo español”, subrayando que la regularización no puede plantearse al margen de la legalidad. “Se trata de dar pasos con seguridad jurídica, sin prejuzgar a ninguna persona”, ha añadido.

Padilla ha recordado además que no es la primera vez que España afronta procesos de este tipo y ha apelado a la experiencia previa para rebajar el tono del debate. “Cuando se han producido en otras ocasiones, lo que ha ocurrido es que se ha levantado esa economía sumergida que había”, ha explicado.

En la misma línea, ha defendido que estas medidas permiten “poner de manera legal lo que ya existía” y “regularizar también el trabajo”, lo que, a su juicio, tiene efectos positivos tanto para los trabajadores como para el conjunto del sistema económico.

Asimismo, ha querido desmontar algunas críticas sobre un posible impacto negativo en el empleo. “No supuso en ningún caso ningún perjuicio para los trabajadores que ya estaban en el país”, ha afirmado, insistiendo en que “al final lo que se consigue es contribuir a la economía”.

Estamos hablando de personas que ya forman parte de nuestra sociedad

“Se pasa a cotizar, a aportar en la Seguridad Social, que como saben es tan necesario”, ha recalcado, destacando que la regularización no solo tiene una dimensión social, sino también económica.

La portavoz ha reiterado su llamamiento a rebajar la tensión política en torno a esta cuestión. “Hay que poner sentido común”, ha señalado, al tiempo que ha pedido “actuar con sensatez” y “sin demagogia” en un asunto que considera especialmente sensible.

Por último, ha insistido en introducir una perspectiva más humana en el debate. “Estamos hablando de personas que ya forman parte de nuestra sociedad”, ha concluido, defendiendo que la regularización debe abordarse “con humanidad, con garantías y con seguridad jurídica”.