El verano de 2025 está dejando imágenes devastadoras en los montes de España. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos han convertido agosto en un mes negro, especialmente en Castilla y León, donde los incendios forestales se han multiplicado y los recursos desplegados han resultado claramente insuficientes. Entre críticas de sindicatos, oposición y vecinos afectados, el Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco afronta un aluvión de reproches por no haber reforzado lo suficiente su dispositivo.
En este mismo escenario climático y de riesgo extremo, Castilla-La Mancha ha mostrado una estrategia diferente y más eficaz. Pese a contar con menos superficie total y menos masa forestal que Castilla y León, ha destinado en 2025 un total de 116 millones de euros a la prevención y extinción de incendios, lo que significa más medios por hectárea que en la comunidad vecina. Un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que el presupuesto se ha repartido de manera equilibrada: 60 millones para labores preventivas y 56 millones para la extinción.
2.800 efectivos para luchar contra el fuego
El operativo castellanomanchego está formado por 2.800 profesionales, de los cuales más de 2.000 son bomberos y bomberas forestales. A ellos se suman agentes medioambientales y personal técnico que completan un dispositivo preparado para actuar en todos los frentes. En cuanto a medios materiales, la comunidad dispone de 249 recursos aéreos y terrestres: 29 aeronaves, entre helicópteros, aviones anfibios y drones equipados con tecnología de detección, y 220 recursos en tierra, entre autobombas, brigadas helitransportadas, nodrizas, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones. La vigilancia se refuerza con 114 puestos fijos repartidos por toda la geografía regional.
La apuesta por la prevención es el rasgo más destacado del modelo de Castilla-La Mancha. Durante 2025 se han presupuestado 2,7 millones de euros para la mejora de caminos forestales, además de la construcción y mantenimiento de 148 kilómetros de cortafuegos. En el ejercicio anterior se actuó sobre 13.268 hectáreas de masa forestal en labores preventivas, más del doble que en 2023. Todo ello refleja un enfoque claro: invertir en anticiparse al fuego antes de que arrase el monte.
Menos monte y más recursos dedicados a la prevención
El contraste con Castilla y León es más que evidente. Allí, con más de 9 millones de hectáreas forestales frente a los casi 8 millones de Castilla-La Mancha, se ha destinado este año 74 millones a prevención y 126 millones al resto del operativo. Son cifras superiores en términos absolutos, pero muy por debajo en proporción al territorio que debe protegerse. El resultado está siendo desolador: numerosos incendios se extienden por su geografía en pleno mes de agosto, con plantillas que denuncian precariedad, falta de estabilidad laboral y medios insuficientes.
Las críticas se han disparado contra Mañueco por no haber sabido reforzar un dispositivo a la altura de la magnitud del problema. Castilla y León arde mientras su Gobierno defiende presupuestos que sobre el papel parecen abultados, pero que en la práctica no se traducen en eficacia ni en prevención. Frente a ese caos, Castilla-La Mancha ofrece un modelo que funciona: más recursos por hectárea, un despliegue equilibrado entre prevención y extinción y un operativo planificado que está dando resultados en el momento más crítico del verano.