El campo castellano-manchego depende de la mano de obra extranjera que PP y Vox quieren expulsar

La supervivencia del campo castellano-manchego vuelve a depender de los trabajadores extranjeros. La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha reclamado a la Delegación del Gobierno que se agilicen los trámites para la contratación de personas migrantes por razones de arraigo, ante la grave escasez de mano de obra que amenaza con poner en riesgo la campaña de recogida de la aceituna.

Lejos de los discursos simplistas de la derecha, que claman por “cerrar fronteras” o “expulsar inmigrantes”, el sector agrario vuelve a evidenciar la contradicción entre la realidad y las soflamas políticas. Sin la incorporación de trabajadores extranjeros, buena parte de la producción agrícola de la región no podría salir adelante, poniendo en jaque no solo la rentabilidad de las explotaciones, sino también el suministro alimentario de un territorio eminentemente rural.

Según ha informado Asaja, la petición se ha trasladado directamente al subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, con el objetivo de que se facilite el uso del Real Decreto 1155/2024, aprobado el pasado noviembre, que regula las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Este mecanismo permite que personas extranjeras que llevan al menos dos años viviendo en España y acrediten una oferta laboral válida puedan acceder a un permiso regular de empleo.

Salvar una cosecha que no puede esperar

La organización ha reconocido que la normativa no es la más ágil, pero sí “la única fórmula legal viable” para salvar una cosecha que no puede esperar, al tratarse de un producto perecedero. La aceituna necesita ser recogida en el momento justo, y sin personal suficiente las pérdidas económicas serían cuantiosas.

El procedimiento exige que los contratos garanticen al menos el Salario Mínimo Interprofesional, una duración superior a noventa días y un mínimo de veinte horas semanales. Además, se requiere documentación como el certificado de empadronamiento, el pasaporte, los antecedentes penales y la justificación de la permanencia en España durante los dos últimos años.

Con esta medida, Asaja pretende no solo cubrir las necesidades del campo, sino también favorecer la integración de los trabajadores migrantes en la economía formal, alejándolos de la precariedad y de la economía sumergida. La organización ya ha puesto en marcha los recursos necesarios para agilizar los trámites a través de la plataforma Mercurio, gestionando los contratos de sus asociados y verificando la documentación de cada trabajador.

Sin mano de obra no hay agricultura

El mensaje que subyace tras esta petición es contundente: sin inmigrantes, no hay agricultura. Castilla-La Mancha, al igual que otras regiones rurales, se enfrenta a un vaciamiento demográfico que deja cada año menos jóvenes dispuestos a trabajar en el campo. Los discursos populistas de PP y Vox, que agitan el miedo al extranjero y presentan la inmigración como una amenaza, chocan de frente con esta realidad, y es que los trabajadores extranjeros sostienen la economía agraria que da de comer al país.

Mientras el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se suma a la ola de declaraciones contra la inmigración irregular y la ultraderecha pide “mano dura” y “deportaciones”, las explotaciones agrícolas buscan desesperadamente mano de obra. Quienes quieren “cerrar fronteras” dependen, en última instancia, de aquellos a quienes pretenden expulsar.

Y, pese a esa contradicción, son precisamente esos mismos dirigentes los que después se cuelgan medallas al hablar de “defender al campo”, al tiempo que atacan o desprecian a los trabajadores que lo mantienen en pie. Un campo que no sobrevive de los discursos, sino de las manos —a menudo invisibles y extranjeras— que cada temporada garantizan la recogida de la aceituna, de la uva o del ajo. Una realidad que desmonta, con la fuerza de los hechos, la impostura de quienes solo pisan el territorio rural para hacerse la foto y convertir su abandono en propaganda.

La voz de los agricultores, en este caso, pone sobre la mesa una evidencia incómoda para la derecha, y es que la inmigración no es el problema, sino la solución a la falta de mano de obra y al envejecimiento del medio rural. Lejos del discurso alarmista, la realidad del campo castellano-manchego demuestra que los trabajadores extranjeros son un pilar esencial para garantizar el suministro alimentario, mantener vivas las explotaciones y sostener la economía regional.