Pulsar un botón y recibir ayuda inmediata. Esa es la promesa de la teleasistencia. Sin embargo, no en toda España esa respuesta llega igual de rápido. Mientras en Castilla-La Mancha la atención se produce en cuestión de segundos, en Andalucía hay usuarios que han esperado más de quince o incluso veinte minutos en una emergencia. Dos realidades que reflejan dos modelos de gestión radicalmente distintos.

El sistema castellano-manchego, impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page, ha consolidado un servicio público, universal y gratuito que ha situado a la región a la cabeza del país. En 2025 ha alcanzado los 85.959 usuarios, con presencia en el 93% de los municipios y cobertura para más del 99% de la población. Pero más allá de la extensión, lo determinante es la rapidez: nueve segundos de media para atender una llamada de emergencia.

Esa capacidad de respuesta no es casual. Responde a una inversión sostenida, a un refuerzo progresivo del sistema y a una planificación que ha permitido absorber el crecimiento de usuarios sin deteriorar la atención. Solo en el último año se han incorporado más de 7.400 personas, manteniendo unos estándares que han llevado a Castilla-La Mancha a obtener la mejor calificación nacional en dependencia y teleasistencia.

El contraste con Andalucía resulta evidente. Bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el servicio ha pasado de ser un referente a acumular denuncias por colapso. Sindicatos como CGT y UGT han alertado de esperas superiores a los quince minutos en emergencias, con picos de hasta veinte o incluso treinta minutos y centenares de llamadas sin atender a tiempo en momentos de saturación.

Listas de espera de varios meses

A esta situación se suman listas de espera de varios meses para la instalación del dispositivo en el domicilio, lo que retrasa el acceso a un servicio que, por definición, debería ser inmediato. Mientras Castilla-La Mancha incorpora usuarios a un ritmo de 20 altas diarias, en Andalucía hay familias que deben reclamar para acelerar un trámite que puede demorarse medio año.

La diferencia no es solo de cifras, sino de enfoque. El modelo castellano-manchego ha apostado por reforzar la estructura del servicio, combinando atención telefónica y presencial con más de 200 profesionales y 20 unidades móviles. En Andalucía, sin embargo, el crecimiento de usuarios, que ha superado los 270.000, no ha ido acompañado de un aumento proporcional de plantilla, lo que ha derivado en centralitas saturadas y tiempos de espera incompatibles con una emergencia.

En Castilla-La Mancha, durante 2025 se han gestionado más de dos millones de llamadas, incluidas 22.160 emergencias sanitarias, sin que ello haya comprometido los tiempos de respuesta. Además, el sistema ha evolucionado hacia un modelo avanzado con dispositivos tecnológicos y una digitalización del 98,5%, orientada a anticipar riesgos y mejorar la atención.

En Andalucía, por el contrario, esa modernización tecnológica ha sido cuestionada por los propios trabajadores, que denuncian que la incorporación de nuevos dispositivos ha incrementado la carga de trabajo sin reforzar los equipos humanos. Más tecnología, pero no más capacidad de respuesta. El resultado, según las denuncias sindicales, es un sistema que acumula incidencias y pierde eficacia.

Esencial en la lucha contra la soledad no deseada

El impacto de esta diferencia se mide en términos reales. En Castilla-La Mancha, casi la mitad de los usuarios vive sola y encuentra en la teleasistencia una red de apoyo constante frente a la soledad no deseada. En Andalucía, esa misma población se enfrenta a la incertidumbre de no saber si alguien responderá a tiempo cuando pulse el botón.

A ello se suma otro elemento clave: el acompañamiento. El modelo castellano-manchego mantiene programas de seguimiento, apoyo emocional y envejecimiento activo en los que participan miles de usuarios. En Andalucía, los sindicatos denuncian que las llamadas periódicas se han reducido y que el componente humano del servicio se ha debilitado.

El respaldo económico también marca la diferencia. Castilla-La Mancha cuenta con el mayor contrato de teleasistencia del país, dotado con 42,9 millones de euros, además de financiación europea para seguir ampliando el sistema. Una apuesta que contrasta con las críticas a la gestión del Partido Popular en Andalucía, donde el incremento de usuarios no ha venido acompañado de recursos suficientes.

Mientras el Gobierno de García-Page plantea seguir creciendo con miles de nuevos usuarios cada año, el Ejecutivo andaluz continúa defendiendo que el servicio funciona con normalidad pese a las denuncias de colapso. Una brecha que evidencia cómo la teleasistencia puede ser un pilar sólido del Estado del bienestar o un servicio tensionado al límite según las decisiones políticas que se adopten.