La estrategia política del Partido Popular de Castilla-La Mancha contra el canon del agua ha quedado en entredicho después de que el alcalde de Quismondo (Toledo), José Eugenio del Castillo (PP), haya reconocido ante la Justicia que esta medida deriva del cumplimiento de una normativa europea y no de un impuesto creado por el Gobierno de Emiliano García-Page, tal y como ha sostenido durante meses la dirección regional del partido encabezada por Paco Núñez.

El reconocimiento aparece en un escrito presentado ante la Oficina de Justicia de Méntrida dentro de un procedimiento de conciliación abierto tras la querella presentada por el PSOE por la difusión de un boletín municipal en el que se atribuía ese canon al Ejecutivo autonómico. En el documento, fechado el 25 de febrero de 2026, el propio alcalde admite que las afirmaciones incluidas en el panfleto distribuido bajo el título "El Ayuntamiento de Quismondo informa" son inexactas.

En concreto, el regidor reconoce que el canon del agua, identificado como canon D.M.A., responde a un instrumento puesto en marcha para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El escrito señala expresamente que se trata de un canon aplicado para dar cumplimiento a una normativa comunitaria vinculada a la gestión y sostenibilidad de los recursos hídricos.

Esta admisión judicial contradice el mensaje que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha difundido durante meses en su campaña política contra el canon del agua. La formación liderada por Paco Núñez ha insistido reiteradamente en que se trataba de un nuevo impuesto impulsado por el Gobierno regional, una tesis que ahora queda cuestionada por el propio reconocimiento de uno de sus alcaldes ante el juzgado.

Trasladaba a los vecinos una información falsa

El boletín que originó el conflicto judicial fue distribuido en la localidad de Quismondo con el encabezado "El Ayuntamiento de Quismondo informa" y acompañado de una imagen del presidente castellanomanchego. En ese documento se trasladaba a los vecinos la idea de que el canon del agua respondía a una decisión política del Ejecutivo autonómico, una afirmación que ahora el propio alcalde reconoce como incorrecta.

En su escrito judicial, Del Castillo intenta además desvincularse de la elaboración y distribución del panfleto, pese a que este se difundió bajo la imagen institucional del Ayuntamiento. El regidor asegura que desconoce quién fue el autor del documento y afirma que ni él ni el Consistorio han participado en su elaboración o reparto.

Según recoge el escrito, el alcalde sostiene que desconoce "la identidad de autor del mencionado panfleto y la finalidad con la que se hicieron las manifestaciones recogidas en el mismo", asegurando además que el Ayuntamiento de Quismondo no ha sufragado gasto alguno relacionado con su impresión o distribución.

La explicación ha generado nuevas críticas en el ámbito político, ya que el boletín se presentó públicamente como una comunicación institucional dirigida a los vecinos. Además, el propio alcalde defendió meses antes el contenido de ese documento. El 10 de marzo de 2025 afirmó públicamente que su obligación como alcalde era informar a los ciudadanos sobre el canon del agua.

El episodio cobra especial relevancia en el contexto de la campaña política que el PP castellanomanchego ha desplegado contra esta medida. Durante meses, la dirección regional del partido ha culpado directamente al Gobierno de García-Page de implantar un supuesto impuesto autonómico, cuando la aplicación de este tipo de canon responde a exigencias derivadas de la normativa europea.

La Directiva Marco del Agua obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer mecanismos que permitan recuperar los costes del ciclo integral del agua y fomentar un uso sostenible del recurso. En aplicación de ese marco normativo, la mayoría de comunidades autónomas españolas llevan años aplicando este tipo de canon, mientras que Castilla-La Mancha ha sido una de las últimas en ponerlo en marcha.

Campaña de desinformación

El propio Ejecutivo regional ha defendido en repetidas ocasiones que la implantación del canon responde precisamente al cumplimiento de esa obligación europea, después de años de retraso en su aplicación. En ese contexto, el reconocimiento realizado por el alcalde del PP en sede judicial vuelve a situar el foco sobre la campaña política desplegada por el partido en la región.

Desde el PSOE consideran que el documento presentado ante la Justicia confirma que la estrategia del Partido Popular de Castilla-La Mancha contra el canon del agua se ha basado en una campaña de desinformación, y reclaman explicaciones a la dirección regional del partido.