El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha impuesto duras medidas contra un edificio en Palma que se dedicaba al alquiler turístico sin las licencias requeridas. La institución ha notificado 12 sanciones, que ascienden a un total de 960.000 euros, elevando la cuantía por cada infracción a 80.000 euros. Este martes, se ha detallado que las propiedades afectadas se encuentran en el distrito de Levante de la ciudad, donde se comercializaban estos alquileres de manera ilegal.
El área de Sanciones del departamento ha iniciado estos expedientes por infracciones turísticas, subrayando la gravedad de operar sin las autorizaciones pertinentes. José Marcial Rodríguez, conseller de Turismo, expresó su satisfacción por la labor realizada por el Servicio de Inspección y de Sanciones, y destacó que "la oferta ilegal supone no solo una competencia desleal, sino también un problema para la convivencia".
‼️Proposam multes per valor de 960.000 euros en un edifici de Palma dedicat al lloguer turístic il·legal.
— Consell de Mallorca (@ConselldeMca) August 13, 2024
📌S’han notificat 12 sancions de 80.000 euros a cada un dels immobles que s’oferia irregularment.
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Multas más elevadas para disuadir la ilegalidad en el sector turístico
Rodríguez también señaló que estas sanciones son el resultado de un "largo trabajo" dentro del departamento, que ha seguido meticulosamente todos los procesos administrativos requeridos. Además, recalca la importancia de actuar conforme a los plazos legales para garantizar la efectividad de estas medidas.
Hasta ahora, las multas impuestas por alquiler turístico ilegal en la isla se situaban en 40.001 euros, pero con el nuevo marco sancionador, se busca incrementar la cuantía a 80.000 euros por vivienda. Esta decisión busca no solo penalizar la conducta ilícita, sino también disuadir a quienes consideren llevar a cabo tales actividades sin cumplir con la normativa vigente.
La ley establece una horquilla de multas que oscila entre 40.001 y 400.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Con esta actualización en la política de sanciones, el Consell de Mallorca pretende proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de la oferta legal en el sector, asegurando un entorno competitivo justo y regulado para todos los actores del mercado turístico.
