La UTE COPASA–GESECO–ESPINA se ha adjudicado el contrato para la gestión del agua en O Carballiño (Ourense) tras obtener la mejor puntuación global del concurso: 94,45 puntos. Sin embargo, la resolución ha generado polémica tanto por el bajo retorno económico que ofrece al Concello como por las diferencias en la valoración técnica entre los criterios objetivos y los subjetivos.
La empresa que ha obtenido mayor puntuación cuenta con escasa experiencia en la gestión de servicios de agua, ya que hasta la fecha solo gestiona la concesión en el municipio de Lalín y la explotación de varias depuradoras. COPASA es una empresa local con sede en Ourense, tradicionalmente vinculada al sector de la obra civil y la construcción, que da así un salto relevante en el ámbito de la gestión del ciclo integral del agua.
COPASA ha resultado adjudicataria pese a ofrecer el canon variable más bajo de todas las licitadoras, apenas un 6%, muy por debajo del resto de empresas participantes. Según los datos de la licitación, otras compañías propusieron porcentajes considerablemente más elevados: ESPINA Y DELFÍN un 17,10%, GESTAGUA un 14,80%, AQUALIA PETROLAM un 14%, VIAQUA un 22%, SACYR un 17,20%, FACSA ORECO un 17,5% y ACCIONA un 32,10%.
Estas diferencias también se reflejan en los importes económicos. Mientras que COPASA ofrece un canon total de 3,32 millones de euros (166.017 €/año), el resto de los licitadores presentan propuestas muy superiores: ESPINA Y DELFÍN (9,46 M€), GESTAGUA (8,19 M€), AQUALIA (7,75 M€), VIAQUA (12,17 M€), SACYR (9,52 M€), FACSA ORECO (9,68 M€) y ACCIONA (17,86 M€). En términos anuales, la diferencia también es considerable: desde los 387.373 € que ofrecía AQUALIA hasta los 893.160 € propuestos por ACCIONA.
Este canon anual representa ingresos directos para las arcas municipales y puede destinarse a actuaciones como el mantenimiento de las redes de abastecimiento, renovación de infraestructuras hidráulicas, campañas de ahorro de agua, o incluso a financiar otros servicios públicos como parques, alumbrado, limpieza o inversiones sociales.
La clave de la adjudicación ha estado en el sobre B, que recoge la propuesta técnica y se valora mediante juicio de valor por parte de expertos externos. En este apartado, COPASA obtuvo la máxima puntuación posible: 45,00 puntos. Le siguen ESPINA Y DELFÍN (39,07), GESTAGUA (39,06), AQUALIA PETROLAM (34,80), VIAQUA (34,74), SACYR (30,73), FACSA ORECO (30,31) y ACCIONA (22,60).
Sin embargo, en el sobre C, que se puntúa únicamente mediante fórmulas matemáticas y criterios objetivos, COPASA fue la empresa con peor resultado, con 49,45 puntos. Todas las demás compañías obtuvieron mejores valoraciones en este bloque: ACCIONA (52,34), VIAQUA (51,59), FACSA ORECO (51,05), SACYR (51,01), ESPINA Y DELFÍN (50,99), GESTAGUA (50,62) y AQUALIA PETROLAM (50,47).
Dudas sobre las puntuaciones
Estas diferencias han llamado la atención sobre el peso determinante que ha tenido la evaluación subjetiva frente a los criterios cuantificables. Según el informe técnico elaborado por la consultora TIRSE, encargado de valorar el sobre B, algunas empresas que aportaban mejoras relevantes no han sido reconocidas de forma proporcional. Entre las observaciones recogidas en el documento se señala la escasa valoración a medidas como la implantación desde el primer día de modelos GIS, sistemas de telelectura avanzados, certificaciones en ciberseguridad (ISO 27001), reducción de plazos en obras e implementación de laboratorios móviles para el control de calidad del agua.
En algunos casos, las valoraciones son positivas en su descripción, pero acaban traducidas en puntuaciones bajas. También se ha dado la misma nota a empresas que presentan soluciones listas desde el primer día que a otras que indican que las implementarán en varios meses. La puntuación en el apartado de innovación, gestión de emergencias o comunicación también muestra diferencias significativas entre propuestas muy similares.
Proceso controvertido
El proceso de adjudicación, además, ha estado rodeado de controversia desde sus inicios. La composición de la mesa de contratación fue modificada para excluir a representantes políticos y uno de los vocales renunció tras una denuncia pública del grupo municipal Espazo Común por presunto conflicto de intereses. La resolución final, lejos de despejar las dudas, ha incrementado las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
El contrato tiene una duración de 20 años y compromete inversiones por valor de más de ocho millones de euros. Con esta decisión, O Carballiño entrega la gestión de un recurso esencial a la empresa que menos retorno económico garantiza y cuya ventaja principal ha sido una valoración subjetiva, no su propuesta económica ni su puntuación en los criterios objetivos.
Este no es el único frente abierto en torno a esta licitación. Meses antes, en el transcurso de la adjudicación, ya se alertó del posible riesgo de perder fondos europeos del PERTE del ciclo del agua. Más de un millón de euros de los 1,49 millones asignados a O Carballiño podrían estar en riesgo de devolución por duplicarse con inversiones ya recogidas en el contrato de concesión. En total, el 67% de las actuaciones financiadas por el PERTE - entre ellas la mejora de la red de distribución en baja, la digitalización de las redes de saneamiento y la modelización cartográfica de las infraestructuras - coinciden con compromisos incluidos en el contrato con la nueva concesionaria.