El callejero dice mucho de la memoria de un país, porque cada nombre grabado en una placa no es solo una indicación geográfica, sino un gesto de reconocimiento colectivo hacia una trayectoria pública. En Benidorm, sin embargo, aún permanece una calle dedicada a Eduardo Zaplana, a pesar de que el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana y ministro de Trabajo con José María Aznar ha sido condenado por corrupción en el caso Erial.

La permanencia de ese homenaje no es un detalle menor: se trata de un símbolo que enfrenta a la ciudad con su pasado reciente y que revela hasta qué punto la política es capaz de convivir con la contradicción. El Partido Popular ha rechazado una y otra vez modificar la denominación, incluso después de la sentencia, alegando que no es firme. De esta forma, se ignoran las reiteradas demandas de la oposición municipal y de una parte de la ciudadanía, que consideran intolerable mantener honores a un dirigente condenado.

Una condena que marca un antes y un después

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en octubre de 2024 fue clara: Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con José María Aznar, fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión y a una inhabilitación de más de 17 años por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal acreditó que el dirigente popular se benefició de comisiones millonarias a cambio de concesiones públicas, principalmente relacionadas con las ITV y el plan eólico valenciano.

La condena, aunque recurrida, marca un antes y un después en la trayectoria de quien fue uno de los hombres fuertes del PP en los años noventa y dos mil. Pese a ello, en Benidorm, la ciudad que lo vio nacer y crecer políticamente, el PP se niega a retirar los homenajes municipales que aún lo ensalzan.

En el pleno del Ayuntamiento, el PSOE presentó una moción para retirar el nombre de la calle y devolver la medalla corporativa concedida a Zaplana. La propuesta buscaba, según defendieron los socialistas, “alinear el callejero con los principios de ejemplaridad que merece la ciudadanía”. Sin embargo, el grupo popular bloqueó la iniciativa escudándose en un argumento recurrente: la sentencia aún no es firme.

Con este gesto, el PP local refuerza un patrón que se repite en diferentes instituciones: retrasar cualquier decisión simbólica hasta que se agoten todos los recursos judiciales, aunque ello suponga mantener reconocimientos públicos a políticos ya condenados en primera instancia.

El contraste con el discurso nacional

La posición del PP en Benidorm choca frontalmente con el discurso que la formación mantiene a nivel nacional. No son pocas las ocasiones en las que dirigentes populares han exigido dimisiones inmediatas o la retirada de honores a cargos de otras formaciones simplemente por estar investigados. El caso más reciente se ha visto en el Congreso, donde los populares han señalado a miembros del PSOE por causas abiertas que ni siquiera han llegado a juicio.

La doble vara de medir se hace evidente: mientras se exige la máxima contundencia a los rivales, se justifica el inmovilismo con los propios. La ética política, sin embargo, no debería depender de la estrategia partidista, sino de la responsabilidad de quienes gestionan lo público.

De hecho, no todos los municipios han seguido la línea de Benidorm. En 2019, el Ayuntamiento de Pego retiró la calle dedicada a Zaplana tras un proceso participativo vecinal. Otros consistorios de la Comunidad Valenciana también han eliminado símbolos vinculados a dirigentes condenados por corrupción, enviando un mensaje claro de rechazo. Benidorm, en cambio, sigue siendo un reducto de resistencia al cambio.

Zaplana como símbolo

La figura de Eduardo Zaplana, más allá de su condena, simboliza una época de excesos en la política valenciana. Bajo su mandato se fraguaron algunas de las tramas de corrupción más sonadas, y su cercanía al poder central del PP lo convirtió en un dirigente influyente. La sentencia del caso Erial vino a confirmar lo que durante años había sido señalado por investigaciones periodísticas y sumarios judiciales: el uso de las instituciones para el enriquecimiento personal.

El mantenimiento de la calle en Benidorm abre un debate que va más allá del municipio. ¿Qué mensaje transmite un partido que pide ejemplaridad a sus rivales mientras se aferra a los símbolos de sus condenados? Para muchos ciudadanos, se trata de un recordatorio incómodo de que la lucha contra la corrupción sigue marcada por intereses partidistas.

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