Desde que la regularización de migrantes quedó aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril y que beneficiará a cerca de 500.000 personas que ya residen en España, desde la extrema derecha persisten en su postura más crítica en contra de la medida y en sus acusaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por haber posibilitado que en torno a medio millón de personas puedan tener acceso a partir de ahora a los servicios públicos del país y al mercado laboral en condiciones dignas y reguladas. El más reciente ejemplo se encuentra en Baleares, donde este martes tanto Vox como Partido Popular (PP) han presentado una PNL con la que exigen la repatriación de los menores migrantes no acompañados, entre otras medidas.
De esta forma, la iniciativa que ha partido de la formación de extrema derecha, pero que ha contado con el apoyo de los populares, busca además que se supriman las subvenciones a aquellas ONG que "faciliten la inmigración", así como que se suspenda la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios. Previo a presentar esta PNL en el Parlamento balear, los populares habían presentado más de una decena de enmiendas para modificar el texto, pero desde Vox, su portavoz, Manuela Cañadas, ha defendido que estas pretendían “descafeinarlo y diluir su alcance”, por lo que finalmente han sido rechazadas.
No obstante, los populares han mantenido su respaldo sobre el resto de puntos que contempla la PNL. Así, ambas formaciones han mostrado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes, a la vez que han instado al Gobierno central a repatriar a todos los migrantes irregulares, a los que cometan delitos y a los menores que no estén acompañados por sus progenitores. Entre otras cosas, la PNL contempla la eliminación de las ayudas a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG que "promuevan o faciliten la inmigración y el tráfico de personas", el endurecimiento de las penas contra las mafias, acabar con las políticas “de efecto llamada”, impedir los “fraudes de ley” en los expedientes de extranjería o peticiones de asilo y suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore con la gestión de los flujos migratorios.
Sin embargo, hay puntos que no han salido adelante por la abstención de los populares o por su voto en contra. Entre estos, se encuentra la creación de ordenanzas municipales para evitar que los migrantes irregulares puedan empadronarse, suprimir las ayudas a los migrantes salvo las que precisen por motivos humanitarios "hasta la devolución a sus países de origen" o prohibir la obtención de la nacionalidad a quienes hayan entrado a España por vías irregulares.
La regularización, foco de críticas en la bancada de extrema derecha
Durante el debate que se ha celebrado en la Cámara autonómica donde se ha presentado la PNL, Cañadas ha aprovechado su intervención para volver a cargar contra la regularización de casi medio millón de personas, vinculando esta con "la sobrecarga de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad". "Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que solo beneficia a las mafias", ha lanzado la portavoz de Vox en el Parlamento balear.
Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil ha advertido de que en Baleares "no cabe todo el mundo y los servicios ya no dan más de sí". "Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse", ha sostenido.
En otro orden de cosas, la diputada socialista Teresa Suárez ha lamentado que los puntos que se recogen en la iniciativa parlamentaria presentada por PP y Vox "dinamitan la sociedad con una naturalidad que espanta" y ha acusado a derecha y extrema derecha de oponerse a la regularización con la intención de "tener a la gente trabajando sin derechos". Por su parte, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha criticado que estos dos partidos sean "muy contundentes con los migrantes vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico". Así, el diputado de Unidas Podemos José María García ha considerado que el texto es "racista, clasista y contra las personas pobres" y que busca "la deshumanización del migrante".