A la Consejería de Educación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid le crecen los problemas debido a las obras millonarias realizadas por la delegación de Sol para levantar centros educativos, especialmente de Formación Profesional (FP) sin concurso público y con facturas troceadas. En la Fiscalía ya descansaba el caso del complejo de Ciudad Escolar, en el que los directores del edificio con el mismo nombre y instituto Hotel Escuela dejaron a deber más de 1,6 millones de euros, pero ahora el organismo jurídico ha abierto también investigación sobre la Escuela de Arte Alcalá.
Las dos obras se realizaron antes de que Viciana fuera responsable de Educación, concretamente en 2021 y 2022, años en los que su puesto lo ocupaba el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y su mano derecha era la hoy consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo ‘popular’, Rocío Albert López.
Fuentes de Educación remiten a elDiario.es que su equipo se encontraba investigando de forma interna este segundo caso y que, después de recabar la información necesaria, ha decidido enviarlo a la Fiscalía en los últimos días. Ahora le corresponde al órgano dirimir si estas actuaciones contemplan los mismos delitos en los que podría incurrir el ejemplo de Ciudad Escolar, aunque todo apunta a que sí y que, además se sumaría una posible prevaricación.
El caso de la Escuela de Arte Alcalá
La escuela de Arte de FP de Alcalá se levantó entre febrero de 2022 y agosto del mismo año en una planta del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado. Las obras, de 1.600 metros cuadrados, costaron 1,2 millones de euros, dado que el centro se demolió y se levantó de cero.
Como ocurrió presuntamente con otros centros que se construyeron, como mínimo, con serias dudas, las operaciones sobre éste tampoco se realizaron acorde a la legalidad establecida, que debería haber sido sin el fraccionamiento de facturas y sometiendo a una mesa de contratación las ofertas. Nada más lejos de la realidad, la consejería que ahora dirige Viciana escogió la empresa a dedo y camufló en un cúmulo de obras menores la construcción millonaria entre contratos de menos de 40.000 euros que no guardaban ninguna relación entre sí.
Hay una diferencia palpable entre los casos que en estos momentos investiga la Fiscalía. En el primero de ellos, Educación puso el foco en Alfonso Mateos, subdirector de FP que cesó en marzo de este mismo año por el motivo que ocupa estas líneas.
No obstante, en la escuela de Alcalá la propia Consejería estaba al tanto de las obras, y es que el departamento de Infraestructuras estuvo haciendo gestiones y pidiendo el proyecto al constructor y al jefe de la Dirección de Área Territorial (DAT), a sabiendas que no lo había sacado a concurso. Aquí aparecen varios nombres; el primero de ellos es el de Jorge de la Peña, entonces responsable de la DAT y hoy alto cargo del gobierno de Ayuso, (responsable de la educación concertada) y número dos del partido en la localidad madrileña a la que concierte este artículo. El otro nombre es el que Manuel Bautista, ahora alcalde de Móstoles y viceconsejero de Infraestructuras en el momento de finalización de la obra.
Por el momento, la investigación se cierne sobre el exsubdirector Mateos y se ha abierto expediente a los dos directores de Ciudad Escolar de cuyos centros salió el dinero para pagar la obra, con carácter fraudulento. Sin embargo, Mateos no tenía competencia para tener el dinero, ni repartirlo, ni para organizar pagos, lo mismo que de la Peña, Ossorio o Albert. Eso sí, era el interlocutor para los pagos entre las empresas constructoras y los directores de los institutos, en última instancia sin capacidad asimismo para organizar el sistema o tomar decisiones sobre obras sin que las aprobase la Consejería.
La persona que, como se dice coloquialmente, destapó la liebre acerca de la irregularidad perpetrada por la comitiva de Ayuso, fue el empresario que construyó el centro de prácticas sanitarias de Ciudad Escolar y que solo cobró 700.000 euros de un total de 2,5 millones. La Consejería de Educación -después de que el hombre fuerte del caso informara al departamento, a Presidencia del Gobierno y amenazara con hacer pública la situación- inició una investigación interna. A renglón seguido, un inspector del DAT sur elevó el informe a recursos humanos y, ante los indicios de delito, el escenario se trasladó a la Fiscalía, con el consiguiente cese de Mateos y la apertura de expediente a los dos directores.
Después, el equipo de Viciana comenzó una segunda investigación que también ha terminado por enviar a la Fiscalía, mientras que para conocer qué sucede con el resto de casos, todo apunta, todavía habrá que esperar.
La oposición ha puesto pie en pared contra los hechos por varias vías. Más Madrid solicitaba un pleno extraordinario para que Viciana diera las explicaciones pertinentes que nunca se llegaría a producir dado que el PP votó en contra y tiene la mayoría de la Cámara.
El PP sigue "la estrategia de la avestruz"
El PSOE, por su parte, presentaba una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Esto a nivel regional, ya que en el ámbito local, los socialistas de Alcalá exigen a la alcaldesa Judith Piquet explicaciones “públicas y urgentes” ante su “vergonzoso silencio”.
El PSOE complutense afea que Piquet “sigue con su estrategia del avestruz, agachando la cabeza y escondiéndose de unas informaciones que requieren explicaciones claras”. “Urgen respuestas y sobran silencios cómplices. Los datos publicados son tremendamente graves, y señalan, además, al secretario General del PP de Alcalá y número 2 de Piquet, que sigue dando la callada por respuesta”, añaden, sosteniendo que “el desgobierno de la señora Piquet nos retrotrae en el fondo y en las formas a los años más oscuros del bartolismo -en referencia al anterior alcalde del municipio- de Alcalá”.