La Comunidad de Madrid contrató a finales de 2021 por 2,8 millones de euros a una inmobiliaria en la que participa la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. La empresa es el casero de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa. Según el portal de contratos de la Comunidad de Madrid, el 30 de diciembre de 2021 la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige otro antiguo fiel de Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, autorizó el arrendamiento del local A (entreplanta y altillo) y de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 11ª del edificio de la calle Agustín de Foxá 29 de Madrid por un importe de 2.859.671,53 euros, más IVA, tal y como informa eldiario.es.

El contrato fue adjudicado sin publicidad a Orbis Foxá 29, SLU, perteneciente a Orbis Properties, una sociedad de inversión inmobiliaria con sede social en Madrid en la que participa la familia de Esperanza Aguirre a través de una sociedad en Luxemburgo.

La Granjilla de la Fresneda, SL, sociedad de la familia de la expresidenta, está domiciliada en la finca La Granjilla de la familia Aguirre en El Escorial (Madrid), es uno de los socios de EPISO 4 Rebound Holding, dueña de Orbis Properties Socimi.

La empresa de los Aguirre tiene como objeto social, según sus cuentas, “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla”, que pertenece tanto a la expresidenta como a su familia. Se trata de una finca muy conocida. Mandada constuir por Felipe II en las inmediaciones de El Escorial (Madrid), se explota para eventos exclusivos entre la casa del Rey Felipe II, la casa de los Frailes y el claustro de La Granjilla.

Sin empleados, La Granjilla de la Fresneda SL, tiene como administrador desde su creación en 2008 al empresario y consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Como apoderada de la sociedad figura su hermana Piedad.

A pesar de que estaba aparentemente inactiva desde 2020, ese año despertó después de que la Comunidad de Madrid adjudicase (de nuevo, sin concurso público) dos contratos a Orbis por un importe cercano al medio millón de euros.

Junto a La Granjilla de la Fresneda SL, en la dueña de Orbis figuran otros dos socios. El mayor accionista es otra entidad luxemburguesa, EPISO 4 Luxembourg Holding Sarl, con 1.185.000 acciones tipo A. El rastro de esta instrumental lleva hasta la británica European Property Investors Special Opportunities 4 LP. Tras ella hay fondos de pensiones de Estados Unidos y firmas como Arango Investment Fund (en Vaduz, Liechtenstein), según el Registro de Reino Unido.

El contrato con Orbis es uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso. Y comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010 y también tiene oficinas en el número 31. En la resolución de adjudicación se explica que ya era arrendataria de algunos de esos locales en virtud de un contrato adjudicado en diciembre de 2016. Entonces el edificio pertenecía a la inmobiliaria Colonial, en la que participaba el empresario Juan Miguel Villar Mir.

A ese contrato se sumó otro el 30 de diciembre de 2019, cuando el inmueble ya era de Orbis, para el local A de entreplanta y altillo, y otro en junio de 2020 para el módulo B de la Planta 4ª. “Algunos de esos contratos finalizaban el 31 de diciembre de 2021, y con el objeto también de unificar en un solo documento todos los contratos actuales”, las partes decidieron firmar este nuevo contrato. Este entró en vigor el 1 de enero de 2022 y tiene una duración inicial “de obligado cumplimiento” de cinco años, hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de prorrogarlo hasta el año 2028.

La renta mensual pactada por arrendar los inmuebles es de 43.727,58 euros, más IVA, hasta el tercer año, con una carencia del 100% en los seis primeros meses; el cuarto y quinto año de vigencia, subirá a 44.288,19 euros mensuales, y el sexto y séptimo año, a 44.848,8 euros. De ello resulta un precio del metro cuadrado de unos 18 euros, contando esos seis meses de gracia. El contrato especifica que los servicios y gastos generales del inmueble serán gestionados, contratados y satisfechos directamente por la Comunidad de Madrid.

El contrato se firmó en un momento de elevada incertidumbre en el mercado de oficinas por el auge del teletrabajo a causa de la pandemia, con las rentas a la baja y la ocupación al alza. A la pregunta de por qué no se abrió un concurso nuevo, la Consejería de Economía indica que “los contratos de arrendamiento no se rigen por la Ley de Contratos. Es un contrato patrimonial, se puede adjudicar de manera directa como se informa y justifica en el propio contrato”.

“No se considera que la alternativa de arrendar otro local de características similares produzca a día de hoy ventajas económicas y prácticas que la hagan deseable para la Administración ya que no se encuentran inmuebles similares con rentas suficientemente bajas para que compensen los costes de la inversión para la implantación, mudanza y duplicidad temporal de alquileres durante la fase de proyecto, legalización y obras”, argumentaba sobre la adjudicación la Comunidad.