La Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía habrían suprimido un total de unas 600 aulas para el curso que viene, según los datos que manejan los sindicatos de ambas autonomías.
Concretamente, Comisiones Obreras (CCOO) cifra en 197 los espacios educativos que no abrirán en el ciclo 2026-2027, y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA), en 410. Ambos han realizado un exhaustivo estudio, cada uno en su campo, que apuntan en esta línea.
En la capital regional se suprimirán 88 aulas en educación primaria y 109 en educación secundaria, siendo las ciudades y los barrios de la Dirección de Área Territorial (DAT) sur -donde se concentran buena parte de las zonas más obreras- las más afectadas. Por su parte, en la comunidad del sur, las provincias más afectadas serán Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba.
En números más detallados, el alumnado andaluz dispondrá de 20 clases menos en primaria y 17 en secundaria en Córdoba, el territorio más llamativo en este sentido. Las clases afectarán a centros educativos como el CEIP Tirso de Molina, CEIP Aduana, CEIP Nelson Mandela, CEIP Romualdo Aguayo (La Rambla), 1 CEIP José de la Torre y del Cerro, CEIP Nuestra señora de Loreto (Dos Torres), CEIP Monte Alto, CEIP Caballeros de Santiago, CEIP Nicolás del Valle (Villaralto), entre otros.
En Madrid, al ser uniprovincial, es más factible analizar los municipios más damnificados, y aquí se encuentra Alcorcón o Fuenlabrada, aunque el conjunto del sur madrileño acumula 78 aulas con el candado de las 197 totales que contempla CCOO. Aída San Millán, Secretaria General de la Federación de Enseñanzas del agente social, califica de incomprensible la gestión de la administración de la Puerta del Sol en este punto.
“La propia administración se contradice cuando habla de datos o ajustes poblacionales (…) Ellos no pueden medir ni saber los movimientos geográficos porque en Madrid tenemos una cosa que se supone que es la libertad de centro”, explica en declaraciones a ElPlural.com.
A preguntas de este periódico la Consejería de Educación defiende que “como cada año, se ha hecho una previsión en los centros educativos que se ajustará a la demanda de plazas que se produzca durante un periodo de admisión”. “Así, en función de la demanda se pueden incrementar los grupos previstos inicialmente”, apostillan.
Consecuencias, no solo para el alumnado
San Millán habla de los problemas en otras direcciones, por ejemplo hacia el profesorado: en el supuesto madrileño implica unos 350 trabajadores menos. El sindicato andaluz también denuncia que este tipo de medidas tienen consecuencias “muy graves”, dado que limitan la “libertad de elección” de las familias al “impedir el acceso a centros públicos con aulas en funcionamiento”. “(…) Y reducen el empleo docente al conllevar el cierre de unidades en la enseñanza pública, deterioran la calidad educativa con aulas masificadas o agrupamientos mixtos que dificultan la atención al alumnado”.
Asimismo, supone beneficios a la concertada y, sobre todo, a la privada, en detrimento de los servicios públicos. La portavoz madrileña no concibe la decisión si ésta no obedece a una “visión empresarial o de ganar dinero”, que parece que es a la que responde el equipo de Ayuso. Una idea que refrendan unos kilómetros al sur: “Es una estrategia de debilitamiento de la escuela pública orientada al cierre progresivo de unidades y centros e impulsan una privatización encubierta del sistema educativo”.
Convenio favorable a lo privado
La Secretaria General de CCOO en Madrid no quiere dejar la llamada sin mencionar algo que, si bien puede pasar desapercibido, considera sumamente importante: “En la pública los trámites para cerrar aulas se pueden hacer de un año para otro, ya que no existe ningún convenio que lo impida. De hecho, si no hay diez niños matriculados en un aula de primaria, se cierra. Antes eran 12 porque las ratios eran diferentes”.
Pero en la educación privada y concertada, esto cambia. El convenio obliga a mantener la apertura de aulas al menos durante seis años, independientemente de los alumnos que se matriculen, aunque sea solo uno.
USTEA recoge que al Junta de Andalucía acumulaba antes de los últimos números la supresión de 2.758 aulas públicas, según la contabilización de la propia organización, cuyos datos son extraídos del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Además, en 2025 se suman a las 360 clases eliminadas a principio de curso, por lo que la Consejería de Moreno Bonilla suspende en esta materia. Máxime teniendo en cuenta que aquí también las aulas de la educación concertada se mantienen intactas, asegura el sindicato de Andalucía.