La presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue la estela que comenzó en 2008 su antecesora Esperanza Aguirre sobre los planes de alquiler. Al polémico Plan Vive hay que añadirle Alquila Comparte, que en la práctica busca dar facilidades a los inquilinos que quieren alquilar pisos completos por habitaciones. Se trata de una extensión de las intenciones de la anterior responsable de la Administración Sol, de la que hay 13.000 contratos en vigor.
Menos de 400 contratos firmados
Sin embargo, el resultado no está siendo el esperado, y es que, por el momento, en lo que llevamos de año -a fecha de 31 de julio- se han firmado 382 contratos. O lo que es lo mismo, 382 habitaciones en pisos compartidos.
El plan está destinado a personas que no les importa alquilar una única habitación y compartir la vivienda con otros inquilinos que no conoce. Según explican desde la Consejería de Vivienda y Transportes, no implica que un propietario de una casa que vive en ella alquile una habitación que le sobra, sino que dicho propietario debe alquilar la vivienda completa para que varias personas sean compañeros de piso.
El objetivo del equipo ‘popular’, sustentan sus responsables, es ayudar a los jóvenes que están interesados en alquilar una habitación porque van a estudiar en la autonomía o como primer paso para independizarse; también para personas que acudan a Madrid por razones profesionales.
Según los datos de los que dispone el Ejecutivo regional, más de la mitad de los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda lo hacen a través del alquiler -concretamente el 57%-; y de ese porcentaje el 33% alquila solo habitaciones, siendo este el método que el plan persigue. Expuesto de un modo sencillo, la nueva medida del Ejecutivo pasa por poner en contacto a las dos partes del acuerdo -propietario e inquilino- para que consigan alcanzar un acuerdo facilitándoles a ambos asesoramiento y seguridad jurídica.
Asesoramiento a las partes
Al primero -quien alquila las habitaciones- se le asesora en la redacción de los contratos -uno por habitación arrendada-, en las bonificaciones tributarias a las que tiene derecho, en la búsqueda y selección de los futuros arrendatarios, a la mediación si hay algún problema y a un seguro de impago a lo largo de un año.
Por su parte, a la persona interesada en entrar a la vivienda se le ofrece asesoramiento para buscar una casa a partir de sus preferencias y su capacidad económica, y si no reúne los requisitos pertinentes, le da la opción de que se presente un avalista. Asimismo, se lleva a cabo un estudio de solvencia para que se garantice el pago de la renta.
Con la intención, asevera la Consejería, de que el acuerdo resulte lo más fructífero para ambas partes, también se oferta ayuda al propietario para que la persona que pone en alquiler la habitación no meta en el texto cláusulas abusivas o que se salgan de los límites económicos que debieran establecerse.
No obstante, es aquí donde la oposición encuentra la principal problemática, ya que los límites no vienen establecidos por la región. Desde Más Madrid hacen hincapié en este punto. Desde la formación que en la Asamblea lidera Manuela Bergerot definen que, si bien es cierto que a partir de la oferta el inquilino puede aceptar o no, el propietario obtiene unas ventajas. En concreto, el partido progresista explica que desde el equipo de gobierno se ofrece un seguro de impago a la persona que alquila, que viene dado con dinero público.
Plan Vive: el otro fiasco de Ayuso en materia de alquiler
La consejería de Jorge Rodrigo arrastra varias polémicas en materia de Vivienda. Otro ejemplo de ello es el denominado como Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que no ha quedado exento de controversia a medida que avanzaba atendiendo al verdadero coste de los alquileres -que el Ejecutivo siempre presentó como asequibles-, que se sitúa por encima de la media del propio mercado.
Con todo, seguramente la duda mayor alrededor de estas viviendas se sitúa en lo que tiene que ver directamente con los requisitos, vistos por oposición y beneficiarios como una doble vara de medir, ya que se permite acceder a unidades familiares sin problemas económicos aparentes mientras que excluye a familias vulnerables.
Para más inri, algunas de las viviendas que forman parte del Plan Vive estaban edificadas de manera ilegal, tal y como contó en exclusiva ElPlural.com. Se trata del lote número 3, denominado ConVive Madrid y que están localizados en la localidad de San Sebastián de los Reyes -el lote lo componen un total de 1.763 viviendas y esto afectaba a 488-. En cualquier caso, el gobierno de Ayuso, como explicó este periódico, se encontró en problemas por, según indicaban fuentes urbanísticas a este medio, la vulneración de la Ley de Aguas y la no posterior rectificación de los incumplimientos señalados. La única opción para subsanar el fallo, contaban fuentes urbanísticas consultadas por ElPlural.com, era demoler los edificios.