Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligada a difundir un comunicado a los medios de comunicación con el que admite que no se inhibió en la adjudicación a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y cifra en 55.850 euros, más IVA, la facturación que habría llevado a cabo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado detalles sobre el contrato con la empresa Priviet Sportive y ha asegurado que la factura "no es una comisión por obtener el contrato de la Administración", sino que es "el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid".
Ayuso considera que es "un error" haberse negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de Tomás Díaz Ayuso y ha calificado como "denigrante" que haya tenido que aclarar "las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".
La dirigente madrileña ha detallado cómo fue la contratación para preservar "la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid" y la suya, revelando que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive "cuatro facturas en el año 20202".
"La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros", ha justificado en el comunicado compartido.
Ayuso solo ha hablado sobre la contratación por valor de 1.512.000 euros y ha justificado que su hermano recibió un cobro de 55.850 euros, más IVA, en lo que considera "una contraprestación por su trabajo", negando que sea "una comisión por intermediación".
"Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes", ha señalado.
Lasquetty asegura que Casado "miente"
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha salido, junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para tratar de esclarecer que "el nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece en la factura del contrato".
Lasquetty ha defendido a Ayuso de las acusaciones vertidas por la dirección del PP y ha asegurado que Pablo Casado "miente" ya que "el órgano que contrata es el Servicio Madrileño de Salud, no el Gobierno de la Comunidad de Madrid": "Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal, transparente y acorde con las prescripciones de la legislación en contratos del sector público".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reiterado que el contrato se subió al Portal de transparencia de la región el 10 de junio de 2020, a pesar de que algunos medios de comunicación denunciaron que durante el mes de noviembre intentaron buscar tal acuerdo y no se encontraba subido a la plataforma.
Enrique López, escondido
Enrique López es uno de los miembros del Gobierno de Ayuso que más protagonismo ha logrado en las últimas horas. Después de evitar pronunciarse en la Asamblea de Madrid sobre la guerra entre Génova y la presidenta madrileña, y de no haber reaccionado en redes sociales, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior no ha comparecido ante los medios, a pesar de que estaba anunciado por su propio equipo de comunicación.
A pesar de que Enrique Ruiz Escudero ha excusado su ausencia, tras reconocer que con la intervención de la Consejería de Sanidad y la de Hacienda y Economía ante los medios de comunicación, era suficiente "para poder dar las explicaciones oportunas".
Enrique López es una de las piezas importantes del puzzle entre Génova y Ayuso. Es el responsable de Justicia de Génova y señalado como el ministro de Justicia en la sombra de Pablo Casado y ha evitado hacer frente a los rumores que lo colocan como sustituto de la presidenta regional.