El presidente de la Generalitat dedicó su discurso navideño a promocionar sus mantras particulares que ya no son los del conjunto del independentismo. Como prueba de su singular tendencia al sucedáneo como objetivo político, obvió toda referencia a la autodeterminación y recuperó para 2023 el propósito de pactar el ejercicio del derecho a decidir, un concepto justamente construido en su día por un puñado de constitucionalistas soberanistas para evitar el ridículo internacional de reclamar el derecho de autodeterminación, limitado por la ONU a situaciones muy alejadas a las de Cataluña. Pere Aragonés ha cosechado críticas de Junts y de las entidades por este viaje al pasado y negativas radicales de Pedro Sánchez y del PSC a escuchar una exigencia que no tienen cabida en la Constitución. La Mesa de negociación se congela ad calendas graecas.

Aragonés y ERC deambulan desde hace meses por una vía política muy delicada que les aleja constantemente del resto del movimiento independentista pero que tampoco les acerca a los socialistas. Los republicanos han explotado las urgencias parlamentarias del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos para conseguir diversos beneficios judiciales para los dirigentes soberanistas condenados o pendientes de juicio (lo que Sánchez denomina desinflamación y Aragonés un efecto parecido a la amnistía); sin embargo, entre estas medidas no hay ninguna que pueda considerarse un avance real en la resolución del conflicto político. El problema está enquistado y sin dar señales de mejora, lo que por una parte enardece a Junts y compañía y por la otra, decepciona a PSC y Comunes.

En su discurso de Navidad, el presidente de la Generalitat insistió en una de sus frases preferidas: “perseverar es avanzar”, aunque científicamente no ha podido ser verificada todavía. El método para avanzar propuesto para 2023 es el de abrir “un gran diálogo” entre los partidos catalanes para elaborar un consenso sobre la vía democrática a pactar con el Estado. Más o menos lo que le vienen reclamando desde el PSC infructuosamente hasta ahora, una mesa de partidos catalanes para abordar el conflicto entre catalanes como paso previo a negociar con el gobierno del Estado.

La dificultad de este diálogo catalán es que ERC y Junts lo ven de forma muy distinta. Para Junts (y la CUP y la ANC) el referéndum ya se hizo en 2017, mientras que para el PSC el referéndum, llámese de autodeterminación o derecho a decidir, es un desiderátum que no tiene cabida en la Constitución. Aragonés insiste una y otra vez que el ejercicio del derecho a la autodeterminación goza del apoyo mayoritario entre los catalanes, una afirmación que más bien parece una sublimación del deseo recogido en muchos sondeos de acabar con este entuerto votando. Por si había dudas del tipo de consulta en el que piensa Aragonés, lo precisó en su discurso: “queremos decidir y decidiremos independencia”.

“El gran diálogo” propuesto por el presidente de la Generalitat para formular un Acuerdo de Claridad de reminiscencias canadienses puede nacer muerto. La reacción inmediata de los teóricos interlocutores así lo vaticinan. ERC no quiere moverse de esta ficticia centralidad entre las tres posiciones que, en realidad, son cuatro, dado que las tres versiones de la derecha en el Parlament no están para ningún diálogo que no sea el de la rendición (improbable e innecesaria) del independentismo.

La combinación a tres bandas presenta una dificultad casi insalvable, pero los republicanos van posponiendo todo lo que pueden su decisión de elegir socios de futuro. El primer reto son los presupuestos, que negocian paralelamente con PSC y Junts, intentando la cuadratura del círculo. En realidad, están corriendo el riesgo de quedarse en la prórroga forzosa y en la minoría absoluta para los meses que pueda durar la legislatura.