La Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando contratos millonarios adjudicados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su sucesor en la Diputación de Alicante, Toni Pérez, a un amigo empresario del sector de la comunicación. En concretos, el organismo está analizando acuerdos por valor superior a los dos millones de euros.

Según adelanta este jueves elDiario.es, el Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal y llamado a declarar al denunciante Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación alicantina. El texto emitido por éste se refiere a presuntos delitos de fraude fiscal en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Se trata de un total de dos contratos que entre ellos suman una cantidad superior a los dos millones de euros para el servicio de planificación, negociación y compra de espacios de inserción de publicidad en medios de comunicación para la difusión de las campañas de publicidad institucional de la Diputación.  La beneficiaria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por las agencias de comunicación y publicidad Buena Suerte Señor Gorky SL e Idex Ideas y Expansión SL.

Persona muy cercana al president de la Generalitat

Resulta curioso que esta última compañía es propiedad de Miguel Quintanilla, que también ha recibido a su vez recientemente contratos a dedo de la Generalitat Valenciana. De hecho, Quintanilla fue el creador de una polémica campaña de la DANA tras el paso del temporal y obtuvo a su vez más de un millón de euros por el servicio de inserción de publicidad.

El president de la Generalitat y el prolífico empresario guardan una estrecha relación. Al menos, así se desprende de habituales ágapes clandestinos que marcan la trayectoria del responsable valenciano, más allá de la comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro el día de la DANA, en los que ambos coinciden y que no están exentos de polémica. Quintanilla ha acudido con asiduidad a estos encuentros, que han vuelto a estar de actualidad de la mano de las vahas justificaciones de Mazón después de la tormenta. Es más, hace no mucho Compromís mostraba una foto de aquellas comidas ‘Delicatessen’ en las que aparecían el propio Quintanilla, el actual director del diario Información o el alto cargo Santiago Lumbreras.

Así se forjaron los contratos

En lo relativo a los contratos, el primero de ellos fue adjudicado por la presidencia de la Diputación de Alicante en 2020, con Mazón al frente de la institución provincial. Ya en 2024, con el ‘popular’ Toni Pérez al frente del organismo, el mismo conjunto de empresas cerró el segundo acuerdo publicitario.

El primer contrato dispuso del “asesoramiento técnico” del departamento del área de Presidencia de la institución, que emitió un informe el 29 de enero de 2021, mientras que el segundo lo aprobó el año pasado la Junta de Gobierno y quedó formalizado por el diputado provincial de Contratación, Juan de Dios Navarra, en delegación de competencias conferido por el presidente, Toni Pérez.

La denuncia elevada por Compromís compromete a Mazón al asegurar que la UTE de la que formaba parte su amigo empresario “aportó una oferta económica falsa” al proceso de licitación y que se habría “maquinado con la intención de manipular los procesos de contratación para adjudicar distintos contratos a una mercantil en particular, soslayando así los principios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público” por parte de la Diputación de Alicante.

Pero la formación valenciana va más allá cuando indica que del expediente de contratación “se desprende nítidamente cómo la UTE, en contraprestación a la adjudicación, inserta la publicidad institucional a medios afines al PP” con el fin de “beneficiar mediáticamente” al partido conservador.

Contenido de la denuncia

El documento expresa la posible existencia de varios delitos. Por una parte, el de fraude en la contratación pública “al manipular los procesos de contratación para adjudicar el contrato de manera irregular y beneficiar a intereses políticos y económicos”; por otro lado, el de falsedad documental “al presentar documentación falsa y no verificable sobre los descuentos en tarifas de los medios de comunicación”; o el de malversación de fondos públicos “dado que se adjudicó un contrato a una mercantil que, mediante sobreprecios y descuentos falsos, ha causado un perjuicio económico a la administración pública”. Hasta cuatro delitos se le podrían incautar a la administración pública si se incluye el de prevaricación “por la posible implicación de funcionarios y responsables políticos en la manipulación del proceso de adjudicación”.

La denuncia hace hincapié en los descuentos sobre las tarifas oficiales de cada medio de comunicación -que, además, era el criterio clave que más puntuaba- dado que “no consta que estos descuentos fueran negociados ni aceptados por los medios”. Es más, “algunos de estos medios han negado rotundamente haber ofrecido tales descuentos, lo cual fue constatado mediante correos electrónicos remitidos por el grupo político Compromís, que demuestran que dichos descuentos son falsos”.

La demanda apostilla que las compañías que forman parte de la UTE incluyen “información ni verificable y potencialmente falsificada en su oferta” y que “los pliegos permiten que la adjudicataria negocie directamente con los medios sin un control adecuado, lo que abre las puertas a posibles sobreprecios en las campañas de publicidad y trato a favor de determinados medios de comunicación”.

A la vez que incluye un correo electrónico remitido por una responsable de las compañías de la UTE en el que solicita tarifas a los medios, Compromís concluye que la adjudicación a este conjunto de compañías fue totalmente “arbitraria” y está plagada de “vicios” en los pliegos y en las ofertas. Además, queda patente, asevera el partido progresista, la intención de los ‘populares’ de publicación “preferente” en medios con una “línea editorial conservadora”.

Después de un análisis exhaustivo de la ejecución del contrato, la denuncia alude a medios que “aplican descuentos desproporcionadamente altos sobre sus tarifas oficiales” y plantea “serias dudas” acerca de la “veracidad” de las tarifas brutas presentadas, con la “posibilidad de una inflación de tarifas iniciales con el fin de ofrecer descuentos inflados”. “Defraudar(on) a la administración”, afianzan.