El viernes pasado el Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), municipio en el que se encuentra el chalet del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, respondía a una petición de información emitida por el activista Fernando Jabonero, persona que lleva años poniendo pie en pared contra una vivienda que considera a todas luces irregular y cuyas dudas destapó ElPlural.com en exclusiva desde el terreno en vísperas del verano de 2024.

Bajo la firma de la alcaldesa Pilar Martínez (PP), el Consistorio responde solo a una de las diferentes cuestiones que planteaba el activista contra la vivienda del magistrado. En concreto, habla de la “acometida eléctrica” cuando la solicitud iba mucho más allá, y es que Jabonero solicitaba la “copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facilitar la concesión de licencias urbanísticas, incluidas la de primera ocupación y las de obra de las dos construccionesvallado, plataforma hormigonada y piscina”, así como de las “autorizaciones municipales para facultar las acometidas, y en su caso evacuaciones, de agua y energía eléctrica”.

Para el emisor del texto, la respuesta se corresponde con “una pavesa en un incendio” y no solamente la califica de pobre, sino que cree que las partes son “muy torpes” con ella: “Se pillan los dedos (…) Se retratan al revelar datos como que la vivienda no se podría haber alzado al no ser suelo edificable”.

“La acometida será subterránea”

Entre las partes polémicas de la contestación, Jabonero se centra en que se acuerda que “la acometida -para el paso de la electricidad- será subterránea discurriendo por la zona destinada a la acera”.

Esto, explica la persona que hace 17, casi 18 meses elevó la solicitud, que el Ayuntamiento podría “estar permitiendo una intervención en el dominio público para hacer una zanja e introducir por ahí el cableado” y que, por una cuestión de tiempos, no tendría mucho sentido que la licencia se concediera en 2021 como figura cuando la casa ya llevaba años levantada. “¿Cómo ha estado sin luz tantos años? ¿Con una vela, un generador…?”, pregunta en tono jocoso.

Cerca de un año y medio

En otro orden de cosas, la información que llega desde el organismo ‘popular’ lo sigue haciendo con mucho retraso y a cuentagotas. Los que el activista que protagoniza estás líneas define llama los “papeles de Peinado” empiezan a arrojar algo de luz 18 meses después de que en junio del año pasado Jabonero pidiera la documentación.

“Muchas incógnitas” sin despejar y otras tantas que van surgiendo cuando la administración pública busca el efecto inverso. Por el momento se conoce, entre otras cosas, gracias a informaciones de este periódico, que el chalet aparece registrado como trastero cuando es un casoplón, que a Peinado le fue denegada la licencia para piscina o que el juez fue condenado a pagar más de 75.000 euros por realizar obras en un espacio que carecía de “la necesaria conexión del sistema de saneamiento a la red municipal de saneamiento”.

Apretado por el Comisionado de Transparencia

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León presionaba al conocer la petición y la respuesta primera del Ayuntamiento ‘popular’: que los datos solicitados eran de “hace más de 20 años” y que la persona profesional que se ocupaba de ese trabajo “sumamente complejo” ya no se encontraba en el puesto. “(Pedimos) flexibilizar el tiempo de cumplimiento”, emplazó el equipo local.

Tras la decisión, el órgano que dirige la transparencia en la comunidad castellanoleonesa apremiaba a la casa consistorial a contestar “si finalmente, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución y, en consonancia, si ésta ha adquirido firmeza o no”. También “si ya ha tenido lugar la reincorporación del Secretario-Interventor, de la que, en su anterior comunicación, parece que hacía depender el cumplimiento de la Resolución de la Comisión de Transparencia”.

En verano, el mismo Comisionado fue muy claro con el Ayuntamiento. Lo apercibió entendiendo que estaba en la obligación de “facilitar al reclamante una copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas -de primera ocupación (la respuesta emitida ahora se refiere a las licencias urbanísticas de obra menor) y la de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina (…)”.

Asimismo, se solicita también el “enlace electrónico a través del cual se puede acceder a la información urbanística aplicable en el término municipal de La Adrada y, en concreto, a los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente con fecha el 31 de mayo 2017”.

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