La crisis de acceso a la vivienda ha vuelto a ocupar este viernes el foco del debate público en Sevilla. Centenares de personas se concentraron ante el Parlamento de Andalucía y participaron en la manifestación convocada bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”, una protesta impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otros colectivos sociales y vecinales.
La marcha partió a las 19.00 horas desde la sede del Parlamento andaluz y concluyó en la plaza de la Gavidia, recorriendo varias calles del centro para visibilizar las reivindicaciones en defensa del derecho a una vivienda digna. La movilización formó parte de una jornada estatal de protestas celebrada simultáneamente en 32 ciudades españolas.
“Un mercado disfuncional”
El portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, Ibán Díaz, aseguró durante la protesta que la situación de la vivienda en Sevilla y Andalucía es “deficiente” y denunció la existencia de un “mercado disfuncional”, marcado por una oferta insuficiente de alquiler y unos precios cada vez más elevados. “Hay una oferta de alquiler insuficiente y unos precios disparados”, afirmó Díaz.
Según explicó, el problema ya no afecta únicamente a los jóvenes que intentan emanciparse, sino que “También familias, migrantes o personas de avanzada edad en situación de precariedad” se están viendo perjudicados por la dificultad para acceder o mantenerse en una vivienda.
Las organizaciones convocantes mostraron además su “impotencia” frente a lo que consideran una falta de respuesta política suficiente. “Queremos advertir de la inoperancia de los agentes públicos, municipales y autonómicos especialmente, con respecto a la cuestión de la vivienda”, sostuvo Díaz, que llamó a la movilización y a la organización vecinal para hacer frente al problema.
Críticas a la Junta y al Ayuntamiento
Uno de los principales ejes de la protesta fueron las políticas impulsadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ambas administraciones gobernadas por el PP. Los convocantes acusan a ambas instituciones de desarrollar una estrategia “antisocial”, orientada a favorecer la promoción privada y la compraventa frente a la creación de un parque público estable de alquiler asequible.
Igualmente, recordaron que Andalucía cerró el primer trimestre de 2026 con una subida del precio de la vivienda del 13,3%, por encima de la media nacional, y critican que el Gobierno andaluz siga sin aplicar los mecanismos de limitación de precios previstos en la Ley Estatal de Vivienda para las zonas tensionadas. También cuestionan el modelo de vivienda protegida impulsado por la Junta, especialmente tras la reducción a diez años del periodo mínimo de protección de determinadas VPO, una medida que, a su juicio, facilita que viviendas financiadas con recursos públicos terminen incorporándose al mercado libre.
Las críticas se extienden a algunos proyectos municipales de VPO en Sevilla cuyos precios, según los colectivos, resultan inaccesibles para buena parte de la población con necesidades habitacionales.
Turismo y presión vecinal
Otro de los asuntos más presentes en la manifestación fue el impacto de los apartamentos turísticos sobre los barrios tradicionales. Los organizadores sostienen que Sevilla figura entre las ciudades españolas donde el uso turístico de la vivienda tiene una mayor incidencia sobre el mercado residencial, reduciendo la oferta de alquiler de larga duración y elevando los precios.
En la marcha participaron vecinos afectados por proyectos turísticos y procesos de transformación urbana, entre ellos residentes del barrio de San Julián, donde una comunidad mantiene un conflicto abierto por la instalación de un complejo de apartamentos turísticos en los bajos comerciales de su edificio.
Las entidades convocantes consideran que estos casos reflejan un problema estructural que está transformando numerosos barrios sevillanos y dificultando la permanencia de sus residentes habituales. Por ello, reclamaron un cambio de rumbo en las políticas públicas: declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres, ampliación del parque público de vivienda, promoción de VPO destinadas exclusivamente al alquiler y mecanismos que impidan la especulación con inmuebles financiados con fondos públicos.
Con esta protesta, Sevilla se ha sumado a una jornada estatal de movilizaciones que busca situar la vivienda entre las principales prioridades políticas ante una crisis que, según los colectivos participantes, afecta ya a amplias capas de la población.
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