“V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado”. Con esta consideración concluye el dictamen del Consejo de Estado al que apela la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para justificar su negativa a comparecer ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación para el empleo, a la que había sido citada ayer.El escrito del Consejo de Estado tiene fecha del 21 de marzo pasado, aunque no fue hasta este domingo, víspera de la citación de la ministra, cuando el Gobierno hizo público su contenido. El propio líder del PP andaluz, Juanma Moreno, parece que desconocía tanto el contenido del dictamen como la voluntad de la ministra de no comparecer ante el Parlamento andaluz, pues en caso contrario tal vez no habría dicho que la declaración de Báñez depararía “sorpresas”.UNA BATALLA ENCARNIZADAEl plantón de la ministra ha desencadenado una encarnizada batalla política con dos bandos bastante desiguales: en uno está el Partido Popular y en el otro todos los demás partidos. En las últimas horas, sin embargo, los disparos de más grueso calibre han partido de las trincheras socialistas y populares. PSOE y Junta de Andalucía, por una parte, y PP y Gobierno de España, por otra, se han hecho agrios reproches intentando ganar la denominada ‘batalla del relato’.Por si acaso, el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe avanzaba ayer que "independientemente de lo que haga la comisión" su grupo parlamentario, cuando tenga la documentación certificada y las copias de las actas, "va a presentar una denuncia".UNA COMPARECENCIA 'ILEGAL'La representante del PP-A Teresa Ruiz-Sillero llegó a pedir incluso la dimisión del presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), por "su total parcialidad" y "por hacer un circo" de la incomparecencia de la ministra. También insistió en que la ‘espantá’ no responde a una "decisión personal" sino al obligado cumplimiento de un informe del Consejo de Estado, en el que se apunta que es "ilegal" la comparecencia de un ministro en un parlamento autonómico.En la misma línea se manifestaba el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, según el cual el dictamen del Consejo de Estado rechazaba por unanimidad la intervención de la ministra porque "vulneraría el sistema de competencias". "El dictamen no deja lugar a dudas y recoge doctrina desde 1996 que establece que el Parlamento andaluz es incompetente para requerir la presencia de un ministro", interpretaba Antonio Sanz. Igualmente, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, afirmaba este lunes que la decisión de la ministra de no comparecer "no es voluntaria".LO QUE DICE Y NO DICE EL DICTAMENLo cierto, sin embargo, es que el dictamen 193/2016 del Consejo de Estado no dice en ningún momento que la comparecencia de Báñez sea “ilegal”. Ni, por supuesto, le aconseja a la titular de Empleo y Seguridad Social no comparecer. Lo que sí dice con toda claridad es esto: “Que, en el supuesto de que la referida Comisión [del Parlamento de Andalucía] dirigiera a doña Fátima Báñez un requerimiento o solicitud de comparecencia por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, no estará obligada a atenderlo”.Pero a continuación, el escrito del Consejo de Estado concluye esta frase que suena bastante a lo que podría denominarse lavarse las manos' dejando la decisión última en manos de Báñez: “V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado”, una expresión de la que en ningún caso puede desprenderse que el Consejo consider ilegal o prohíba la comparecencia, ni tampoco que el órgano asesor rechace dicha intervención de la ministra ante la Cámara andaluza porque "vulneraría el sistema de competencias".