La Universidad de Almería (UAL), en dos resoluciones publicadas el pasado 12 de enero, ha reconocido la falta de fondos para poder hacer frente al pago de complementos retributivos al Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico y de Gestión (PTGAS). Ante ello, ha recurrido a una fórmula legal administrativa por la cual establece una especie de "quiebra técnica". Es decir, para que el PDI y PTGAS puedan reclamar posteriormente dichos pagos, la Universidad, recurriendo al Código civil y a las leyes que le amparan, ha declarado el "reconocimiento de la deuda".

Ante la falta de transferencia de fondos por parte de la Junta de Andalucía, el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha firmado sendas resoluciones en las que reconoce oficialmente la deuda de los complementos retributivos de 2024, tanto para el Personal Docente e Investigador (PDI) como para el Personal Técnico y de Gestión (PTGAS). El objetivo es claro: "interrumpir la prescripción" y evitar que el retraso administrativo de la Junta haga caducar el derecho a cobro de la plantilla.

Profesorado

La Universidad explica que existen unos acuerdos oficiales que reconocen el derecho de los profesores a cobrar un dinero extra por sus méritos, basándose en normativas aprobadas por la Junta de Andalucía desde el año 2024. Sin embargo, para poder pagar ese dinero, la Universidad aclara que depende totalmente de que la Junta cumpla su promesa firmada en abril de 2025 de enviar, a lo largo de este año, los fondos necesarios para cubrir esos costes pactados. 

Por tanto, "mientras no se recibieran los fondos relativos a los tramos reconocidos en esta convocatoria mediante nueva evaluación no podrían hacerse efectivos, por no disponerse de partida presupuestaria comprendida" en los decretos emitidos por la Junta de Andalucía en 2024, que reconocían estos derechos. Es decir, que la Junta no habría transmitido estos fondos.

Según explica la UAL, pese a que ciertos pagos sí se han realizado, como el abono correspondiente al ejercicio de marzo y septiembre de 2024 o a los meses de abril y septiembre de 2025, respecto a los tramos progresivos nuevos, fijados por el nuevo Decreto, se vio la "imposibilidad del pago de los complementos" por la "falta de fondos económicos y la falta de recursos económicos que debían ser aportados por la Junta".

Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios

La situación es, si cabe, más crítica legalmente para el Personal de Administración y Servicios (PTGAS). Se les adeuda el 50% restante del "quinto tramo" de productividad, un pago que estaba pendiente desde 2018 y que se desbloqueó teóricamente con el acuerdo de carrera horizontal de junio de 2024.

Sin embargo, la UAL no pudo ejecutar el pago en 2024 por la falta de dotación financiera autonómica. Dado que la ley establece un plazo de prescripción muy corto para el personal laboral -de solo un año-, el riesgo de que los trabajadores perdieran legalmente su derecho a reclamar el dinero era inminente. Por tanto, a fin de evitar la prescripción del cobro del 50% restante del quinto tramo por parte de estos trabajadores, la Universidad de Almería ha decidido reconocer esta deuda, y así con este reconocimiento, evitar que esta deuda 'caduque' y los trabajadores pierdan el derecho a cobrarla.

Universidades Públicas

Las Universidades Públicas de Andalucía llevan tiempo denunciando la "asfixia" bajo el Gobierno de Moreno, denunciando, principalmente, infrafinanciación, mientras proliferan hasta 4 universidades privadas bajo el brazo ejecutor del PP. La última discusión fue a costa de la nueva Ley de Universidades Públicas de Andalucía (LUPA), que los rectores rechazan al entender que roza la "inconstitucionalidad" y después de que la Consejería llevara un texto final modificado al que les presentó a los diferentes rectores.

A finales de diciembre, en un nuevo comunicado, los rectores denunciaron que el modelo de financiación, aprobado por la Junta de Andalucía hace más de dos años, se ha incumplido sistemáticamente durante 2024 y 2025, donde "no se ha cumplido" lo establecido en la cláusula de salvaguarda, la cual obliga: "A garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior, y a incrementarla con el importe correspondiente a la subida de las retribuciones del personal del sector público".

Respecto a los complementos autonómicos que el Gobierno andaluz debe transferir a las universidades, los rectores explicaban que "el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para afrontar el pago de dichos complementos, ya que ni siquiera se han incluido los elevados costes de las cotizaciones sociales que se derivan de su aplicación. Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica".

Esta situación ha sido denunciada por el secretario de Universidades del PSOE-A, Jorge Ibáñez. A través de un post en sus redes, criticaba la situación en la que se encuentra la Universidad de Almería y donde criticaba al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, por su "apoyo" a la Universidad Pública.

Asimismo, Ibáñez ha ahondado en la problemática, y ha recordado que "llevamos años" denunciando que las Universidades Andaluzas "no están bien financiadas", mientras que el presupuesto de la Junta de Andalucía crece, asegura el socialista, el porcentaje que destina la Junta a las universidades "no lo hace en la misma medida, lo que supone una regresión de la financiación".

"No estamos hablando de cualquier cosa, hablamos de que miles de estudiantes andaluces están en riesgo de no poder seguir sus estudios porque a las universidades les falta dinero para pagar al personal. La situación es la misma que en Madrid", ha asegurado.

Está falta de financiación se "agrava con la falta de cumplimiento de acuerdos" ya que la Junta "no cumple con lo pactado con los rectores, llevando a las universidades al abismo económico". Según Ibáñez, el "gran golpe financiero" de la Junta de Andalucía recibió el reproche de todos los rectores de Andalucía en la última reunión, ya que 7 universidades públicas votaron en contra de la política financiera de la Junta de Andalucía.

"La asfixia economía no es baladí ni fruto de la casualidad, entra dentro de la estrategia de estrangulamiento de universidades públicas para beneficiar a las universidades privadas", ha explicado.

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