“El informe [del embajador en España, José Manuel Rodríguez Uribes] debe notificarse antes de que decisiones difícilmente reversibles sean tomadas, para que el comité [del patrimonio mundial] pueda participar en la búsqueda de soluciones apropiadas para asegurar la preservación del valor universal y excepcional del bien protegido”.
El párrafo anterior es la transcripción literal de una de las advertencias contenidas en la extensa carta de 50 páginas remitida por el director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou, al embajador en España del organismo internacional alertándolo de los riesgos que entrañaría para el Parque Nacional de Doñana la legalización pretendida por el Gobierno andaluz de casi 1.500 hectáreas de cultivos regados con agua procedente del acuífero del parque y extraída de pozos clandestinos.
Según ha adelantado El País en una información firmada por Javier Martín-Arroyo, en su misiva Lazare Eloundou urge a Rodríguez Uribes a que le informe en detalle de los planes de la Junta.
La alarma de la Unesco contrasta con la tranquilidad del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, convencido de que no habrá "sanciones" de la Unión Europea por el posible incremento de regadíos al norte de la Corona Forestal del Parque Nacional de Doñana si se aprueba en el Parlamento la proposición de ley planteada por PP, Cs y Vox, dado que dicha norma sería "completamente respetuosa con la legalidad vigente, tanto directiva europea como sostenibilidad, y que equilibre el normal desarrollo económico de la zona con la protección de Doñana".
La voz de alarma de que ahora se hace eco la Unesco la dio días atrás la organización ecologista internacional WWF, que se dirigió a la Comisión Europea para transmitirle su preocupación por "la grave e inminente amenaza que supone la proposición de ley presentada por el Partido Popular andaluz y sus socios de gobierno para amnistiar 1.460 hectáreas de regadío ilegales en Doñana".
En la carta, la organización alertaba a la CE de que esta propuesta supone "auténtica burla a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que condenó a España por no proteger a Doñana". Para WWF, esta propuesta de ley "busca amnistiar a la agricultura ilegal que ahora ocupa los montes y extrae agua del acuífero”.
En la sentencia del TJUE, dictada en junio del año pasado, se certificaba que los cultivos de fresas y otros frutos rojos "han crecido sin control sobreexplotando su acuífero e incumplen el derecho comunitario”, por lo que “España está obligada a tomar medidas para frenar la sobreexplotación del acuífero". De no hacerlo, Doñana podría ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro.
Los planes de la Junta están, además, sembrando la división entre los afectados. Agricultores de Almonte (Huelva), representados por la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, acordaron el pasado martes abandonar la Plataforma en defensa de los Regadíos del Condado.
Esta asociación de agricultores almonteños supone más del 65 por ciento de la superficie agrícola regable de la demarcación del Guadalquivir dentro del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, y Rociana del Condado, y además, se encuentran ubicados en la zona más cercana al Espacio Natural de Doñana.
Así, este colectivo de agricultores de Almonte consideran que esta plataforma, "desde hace tiempo, no defiende los intereses generales de todos los regantes, sino más bien los intereses particulares de una minoría".
Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte quiere mostrar "su apoyo incondicional a sus agricultores y rechaza la regularización de un total de 1.460 hectáreas tal y como propone la proposición no de ley que han presentado PP, Ciudadanos y Vox". El consistorio lamenta "el uso partidista" que estas tres formaciones políticas están realizando con este asunto "al intentar sacar rédito electoral prometiendo a los agricultores cuestiones que son irrealizables".