Ana María Camacho llevaba seis años esperando una vivienda de alquiler social en el barrio sevillano de San Bernardo junto a su mascota Nía, un perro labrador con el que lleva conviviendo la mitad de su vida. El pasado 30 de mayo la solicitud fue denegada por la agencia institucional AVRA, dependiente de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, alegando la “inviabilidad de tener perros en la vivienda”. Se trata de una condición expresa que ha desatado las iras del Partido Animalista-PACMA: “Es la primera vez que un organismo oficial incita de esta forma al abandono de los animales al no permitir la convivencia con sus dueños en un piso de alquiler social”, alega a Andalucesdiario.es Javier Sanabria, coordinador del partido animalista en Andalucía.Diego Camacho relata con desaliento el gran dolor de su hija Ana María, que ahora con 30 años tiene que volver a empezar la dura tarea de encontrar una vivienda casi propia. “Mi hija no puede hablar de este tema porque se echa a llorar y es muy duro para nosotros ver que tenga que renunciar a alguien tan importante para ella como es Nía”. La familia Camacho no planteó en ningún momento que Ana María aceptara la solicitud de entrada a la vivienda sin la compañía de su perro, mezcla de labrador y mastín que recogió siendo cachorro en un pueblo de la provincia de Córdoba. “Lo que más llama la atención es que la única condición es que no se admiten perros en la vivienda. Te entran ganas de meter un cerdo en la casa a ver qué dicen”, alega Diego con furia.FIRMA DE LA PROHIBICIÓNAnte la firma de la preadjudicación de la vivienda, Ana María tuvo que pagar por adelantado dos mensualidades y 354,12 euros en concepto de posible rotura de muebles o daños en la vivienda. Diego señala que “con esa cantidad es que más que suficiente la garantía de que si se producía algún daño podían tirar de ese fondo, tal y como marca la ley, pero no han querido ceder en ningún momento con el tema de Nía y nosotros tampoco lo íbamos a ocultar”, aclara.La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) informó a la joven Ana María, el pasado 5 de mayo de que, una vez pagada la fianza, la vivienda de alquiler social, con un importe mensual de 178,83 euros, le podía ser entregada. “Días más tarde nos llaman de la Agencia para la firma final del contrato”.En aquel momento Ana María se enfrentó a una difícil decisión. Diego, su padre, relata que le entregaron “un documento expreso sobre la prohibición de tenencia de perros en el alojamiento”. Diego destaca que su hija rechazó en ese mismo momento la firma del documento: “Nosotros no entendíamos esa cláusula y nos pusimos rápidamente en contacto con el PACMA”. Demandante de vivienda desde el año 2010, Ana María Camacho no tuvo conocimiento de tal cláusula hasta ese 5 de mayo y es entonces cuando decide formalizar la renuncia de la vivienda, situada en la calle Juan Mata de Carriazo, en el céntrico barrio de San Bernardo.UNA REDUCIDA SUPERFICIE PARA ANIMALESEl documento oficial, al que ha tenido acceso, andalucesdiario.es alega que “para establecer la prohibición de tenencia de perros en las viviendas de San Bernardo se han valorado las características arquitectónicas del edificio, su reducida superficie propicia para la convivencia con animales y la circunstancia de que los alojamientos se encuentran amueblados, lo que pudiera acarrear un deterioro mayor por la permanencia de perros”.La Consejería de Fomento y Vivienda señala además, en conversación con Andalucesdiario.es, que “cualquier otro contrato de alquiler privado o público tiene una serie de condiciones que son normas obligatorias para el usuario en la ocupación concreta de una vivienda”. El departamento que dirige Felipe López apunta que “la información de las condiciones a la adjudicataria se realizan en el momento de la firma final del contrato”, no teniendo obligación la Junta de dar información previa.Diego Camacho se queja, por su parte, de que “en ningún momento a su hija le han dado ninguna otra opción de vivienda”, ni otras zonas de Sevilla ni en otro tipo de viviendas, donde se pudiera admitir la mascota. “Al llevar a cabo la renuncia, mi hija Ana María tiene que empezar de nuevo la búsqueda de una vivienda de alquiler, en estos complicados tiempos”, apunta.LA RESPUESTA DE PACMAJavier Sanabria, coordinador de PACMA desde Andalucía, ha señalado que “están dispuestos a llegar a los tribunales ante la decisión de la Junta de llevar a cabo este tipo de medidas”, que a su juicio incitan al abandono de animales domésticos por la complicada situación de familias y jóvenes españoles que intentan acceder a una vivienda. “Nos asombra la poca sensibilidad de la administración al pretender separar a personas y animales, ignorando la necesidad de vivienda de estas personas y poniéndolas en una encrucijada sentimental: elegir entre vivienda o familia, teniendo en cuenta que muchas de estas personas tienen a esos animales como único apoyo moral y compañía para sobrellevar la difícil situación que atraviesan”.Desde PACMA se ha iniciado, a nivel nacional, contactos con la Junta de Andalucía, aunque aún no han conseguido respuesta. “Ninguna persona debería tener que elegir entre su derecho a una vivienda digna y un miembro de su familia”.