Se ha hecho esperar pero por fin las inmatriculaciones, método o triquiñuela legal mediante el cual la Iglesia se ha apropiado de numeroso patrimonio histórico, van a ser revisadas y analizadas por un juzgado. El primer paso se ha dado en Córdoba donde se halla la usurpación más emblemática, la de la Mezquita de Córdoba, Patrimonio dela Humanidad declarado por la Unesco y que pasó a la Iglesia por una inmatriculación cuyo coste fue de 30 euros.

Una juez abre diligencias en Córdoba
Según informa hoy Alfonso Alba en el periódico digital cordobés cordopolis.com, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, María Teresa García, es la primera jueza de España que ha abierto diligencias para determinar el alcance de las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo en los últimos años por la Iglesia Católica.

Denuncia de un diputado de UCOR
Ello ha sido así luego de recibir una denuncia del diputado provincial Carlos Baquerín perteneciente a la formación independiente UCOR. Baquerín en octubre, remitió su escrito a la Audiencia Provincial de Córdoba para que decidiera si podía haber algún tipo de delito sobre este proceso de uso de triquñuelas legales y leyes franquistas para inmatricular bienes.

Citado por la jueza
El diputado de UCOR ha sido citado para la próxima semana por la jueza para que declare y confirme si mantiene las acusaciones que vierte en la documentación que le ha enviado. En su denuncia, Baquerín enumeró seis hechos que podrían ser delitos. En el primero señala que “la Diócesis de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y que lo ha hecho “mediante la expedición de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un presunto delito de falsedad documental”.

Estafa y prevaricación
También cree que podríamos hallarnos ante un delito de “apropiación indebida” al haber inmatriculado algunos bienes públicos También considera que “lo ha hecho mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”. El cuarto hecho que relató es que “si además se diera el caso de que la Administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común. Pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación”. Por último, asegura en su denuncia “que no es excluible, al menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba”.

Declaraciones de la presidenta de la Junta
Coinciden estas informaciones con las rotundas declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía al programa del pasado sábado "La Sexta Noche". Ahí Susana Díaz defendió la titularidad pública de la Mezquita afirmando que no consideraba legítimo ni razonable que la Iglesia la haya puesto a su nombre por 30 euros. "La titularidad tiene que ser pública, en eso no tengo ninguna duda, tiene que ser de los cordobeses, de los andaluces y de los españoles, y no la puede impedir nadie porque inmatricule por 30 euros" afirmó .Tambén recordó en esa cita que le había parecido mal que la Iglesia pretendiese quitar la palabra Mezquita.

La Iglesia responde
A todo la Iglesia también ha reaccionado. El Cabilddo catedralicio, órgano que gestiona este templo, respondió ayer a las declaraciones de Susana Díaz recordando que "toda la legislación internacional y nacional avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia católica desde 1236", por lo que instó al Ejecutivo andaluz "a respetar las leyes". Aseguró también que seguirán gestionando este edificio, que es Patrimonio de la Humanidad, "con los mismos estándares de profesionalidad y calidad seguidos hasta la fecha".