La Junta de Andalucía sostiene que la declaración de la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano, que fue designada para prestar asesoramiento en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas que concurrieron al concurso internacional minero de Aznalcóllar, "no se corresponde con la declaración aportada a la juez por los seis miembros de la mesa de contratación y por la directora general de Minas de la Junta, María José Asensio". Fuentes de los asesores jurídicos de la empresa denunciante han informado a Europa Press de que en su declaración de este martes ante la juez, Trujillano ha asegurado que "no realizó ningún informe ni avaló ninguna solvencia económica y no estudió ningún documento". En contraposición, en la declaración firmada por los seis miembros de la mesa y remitida por la Junta a la juez se dice textualmente esto: “Durante esa mañana se analiza la documentación de las tres empresas, con el asesoramiento de Pilar Trujillano en el apartado de acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras. Se le suministra –añaden– un ordenador con conexión a Internet, donde realiza las comprobaciones que estima necesario e informa, entre otros aspectos, que la solvencia de Grupo México está garantizada”. LICITACIÓN Y SOLVENCIA Como se sabe, también está siendo objeto de una agria controversia quién fue realmente la empresa licitadora que ganó el concurso, si Minorbis en solitario o la asociación Minorbis-Grupo México. Según el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de fecha 23 de abril e incorporado a la causa, “licitó Minorbis SL, aunque integrara su solvencia económica y técnica con los medios del Grupo México, haciendo uso de la posibilidad prevista en el artículo 63 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. En su informe, los letrados de la Junta citan dicho artículo, según el cual “para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios”. Precisamente lo que está en discusión sobre la declaración de Trujillano es si la técnico revisó o comprobó la solvencia de Grupo México. La interesada dice que no, aunque seis miembros de la mesa técnica parecen sostener lo contrario. FONDOS PROPIOS DE 93 MILLONES En todo caso, en el documento oficial remitido el pasado 7 de julio al juzgado por la directora general de Minas, María José Asensio, parece darse implícitamente por resuelta la cuestión de la solvencia. Eso de desprendería al menos de este párrafo del escrito dirigido a la juez: “Como fue anunciado en la licitación, los vínculos jurídicos de disponibilidad de los medios económicos, financieros y técnicos se han instrumentado mediante la participación societaria de ambos, y solo de ellos [Minorbis y Grupo México], en una sociedad mercantil, que dispone de fondos propios por importe de 93.003.000 euros”. Esos fondos, entiende la Junta, serían la prueba de la solvencia de Minorbis-Grupo México para afrontar la ejecución de sus compromisos en Aznalcóllar. CONTRADICCIONES RELEVANTES Trujillano ha sido citada este martes como testigo por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis, en detrimento de Emerita Resources, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar. El objeto de la citación era esclarecer las "contradicciones" que se han detectado entre las declaraciones de los técnicos denunciados y las manifestaciones de esta testigo en sede policial. Fuentes de la Junta han dicho a Europa Press que una de las dos reuniones a las que acudió la testigo "acabó con la solicitud a las empresas del concurso de una ampliación de información sobre la solvencia económica de sus proyectos, petición que difícilmente se hubiera solicitado si no se hubiera analizado en la reunión a la que asistió la testigo los documentos de solvencia que inicialmente incorporaban las empresas". “HA MODIFICADO SU DECLARACIÓN” Asimismo ha destacado la Junta que la testigo "ha modificado sensiblemente su declaración policial ante la juez, dado que en dependencias policiales solo afirmó haber asistido a una reunión en lugar de dos, como consta en la documentación oficial aportada al juzgado por la Junta". Las fuentes han agregado que "en la declaración policial respondió que en la reunión a la que asistió se abordaron temas de la segunda reunión en la que ante el juez sí ha reconocido estar presente". Frente a la declaración de esta testigo la Junta pone de manifiesto la declaración de seis funcionarios aportada a la juez "en la que se relata pormenorizadamente el contenido de la reunión de la mesa". Asimismo, en el informe jurídico del concurso también se hace constar la aportación de la testigo. NO HIZO NINGÚN INFORME Pilar Trujillano ha negado sin embargo en su declaración ante la juez que realizara ningún informe ni que avalara ninguna solvencia económica de ninguna de las empresas concurrentes. Asimismo, según ha dicho la empresa denunciante a Europa Press, Trujillano fue a dos reuniones donde le hicieron algunas preguntas sobre las cuentas anuales y ha apuntado que no recuerda haberse documentado sobre las empresas que participaban en el concurso. Trujillano además ha indicado, siempre según los denunciantes, que "en dos horas que dura una reunión no da tiempo a elaborar un informe de solvencia". UNA DECLARACIÓN DE SEIS PERSONAS Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, ha remitido al juzgado un escrito sobre la participación de Trujillano en este procedimiento, aportando entre la documentación adjunta una declaración firmada de los miembros de la mesa sobre la actuación de esta técnico en la primera de las reuniones y la labor de asesoramiento en materia de solvencia financiera allí realizada. Según la documentación aportada, que ha sido consultada por Europa Press, en la reunión del 28 de abril de 2014 –la primera de la mesa del concurso a la que fue convocada Pilar Trujillano– una vez abiertos los sobres de las empresas concurrentes en presencia de estas, se analizó la documentación de las tres empresas –en ese momento eran Emerita Resources SLU, Minorbis SLU y Nyrstar– y Trujillano asesoró a la mesa en materia acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras. SOLICITUD DE MÁS DOCUMENTACIÓN La mesa, tras el análisis de los documentos presentados y las deliberaciones oportunas, "recoge los resultados de la revisión de contenidos realizada por la mesa, que supone solicitar subsanación de la documentación presentada a las tres empresas". Así, una vez concluidas las deliberaciones, la mesa acuerda comunicar a cada una de las empresas por separado las observaciones y requerimientos y la necesidad de subsanar las deficiencias, concediéndoles un plazo de tres días a las empresas para que aporten la documentación solicitada. Sobre la segunda reunión, la documentación aportada explica que se hizo un resumen general de las bases del concurso y se revisan punto por punto los diferentes criterios de valoración de la primera fase del concurso, aunque se decide retrasar el inicio de la valoración a la siguiente reunión, para que todos los miembros se familiaricen con las bases del concurso. No obstante, se debaten una serie de cuestiones, como el calendario de reuniones, la división de los trabajos, donde se establece que todos los técnicos "tienen voz y voto en todos los criterios de valoración, pues, al no estar acotados con claridad, caben interpretaciones de diversa índole". Se determina además emitir una única valoración de la comisión técnica, "que habrá de ser consensuada entre todos sus miembros". LA DESIGNACIÓN DE TRUJILLANO En la detallada documentación aportada por la Junta al juzgado, se recuerda que con carácter previo a la constitución de la mesa de apertura de las solicitudes, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, solicitó por correo electrónico a Invercaria la designación de una empleada pública de dicha entidad que pudiera prestar asesoramiento en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas. Invercaria respondió que la persona designada sería la técnico de análisis Pilar Trujillano.