El caso de los ERE de Andalucía ha dado un nuevo giro de guión después de que el Tribunal Constitucional haya anulado las condenas a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En concreto, al primero se le ha aceptado la devolución de su caso a la Audiencia de Sevilla para que reconsidere y rebaje su condena de nueve años de inhabilitación, y al segundo se le ha exonerado completamente de toda la malversación por la que fue condenado. A raíz de estas nuevas decisiones judiciales, algunos de los afectados han dado testimonios muy reveladores de lo que han experimentado durante estos años.
Ha sido el caso, por ejemplo, de la exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, quien atendió en exclusiva a este medio de comunicación para señalar las mentiras y el ruido generado por el Partido Popular a este respecto. "El Partido Popular miente, y ha mentido al decir que hemos participado en una trama, miente descaradamente y desvergonzadamente cuando dice que hemos robado un dinero que en ningún sitio, en ningún momento, ningún tribunal ha dicho que nos hayamos beneficiado de las ayudas sociolaborales", arrancó ante los micrófonos de ElPlural.com.
"Ha sido una estrategia de acoso y derribo al adversario político para llegar al poder no a través de las urnas, sino a través de un deterioro personal y partidista. Ha quedado meridianamente claro que no nos hemos beneficiado, que no hemos sido beneficiarios de las ayudas sociolaborales, que no hemos tenido nada que ver con el dinero, que ninguno de nosotros ha robado", defendió también.
Carmen Martínez: "Generaron una mentira a sabiendas"
Sin embargo, el testimonio de Álvarez no ha sido el único. Carmen Martínez Aguayo, exconsejera socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía que fue condenada a seis años de prisión, también se ha pronunciado con mucha contundencia contra el Partido Popular al tiempo que ha defendido su inocencia.
En primer lugar, Álvarez Aguayo ha afirmado que el Tribunal Constitucional no le ha "indultado ni amnistiado", sino que ha reconocido que se vulneraron sus derechos fundamentales. La exconsejera ha cumplido un año y medio de condena y recientemente ha salido del Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla. En un vídeo difundido por el PSOE andaluz, Martínez Aguayo ha pedido a los 'poupulares' "respeto" por la resolución judicial y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "desfachatez".
"El PP empleó una estrategia brutal de generar una gran mentira a sabiendas de que lo era. Ahora, deben tener el mismo respeto al Tribunal Constitucional que a las instancias que anteriormente apoyaron sus tesis acusatorias, en lugar de descalificarlo", ha reivindicado. A su vez, en su testimonio, Álvarez Aguayo hablaba de su familia y del sufrimiento que habían pasado con su encarcelamiento.
Manuel Chaves habla de una "operación de desprestigio"
Por su parte, el expresidente andaluz Manuel Chaves intervino en la sede del PSOE-A este jueves, y también tuvo duras palabras contra el Partido Popular. Chaves valoró que durante el proceso de instrucción de la causa se produjeron "interferencias políticas que condicionaron" todo lo que ocurriría a posteriori. "Lo puedo decir así. El inicio de lo que pasó cuando se instruyó fue una acción judicial prospectiva que abrió una investigación universal, que abrió una causa general, que elaboró la tesis de la cúpula piramidal y de la confabulación política", argumentó.
"Siempre hubo una dirección para implicar a la cúpula del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía. Se trató de una operación política y mediática, con ropaje judicial, montada por el PP, con el objetivo de echar al PSOE del Gobierno de la Junta. Es decir, conseguir lo que no habían podido con los votos de los andaluces: erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía con bulos y acusaciones personales falsas. Una operación para desacreditar los 30 años más brillantes de gestión de Andalucía. Como se llame, si judicialización de la política o no, se lo dejo a ustedes", agregó.
Tras la investigación del Tribunal Constitucional sobre este sistema millonario de ayudas públicas a trabajadores y empresas, se ha concluido que la gran parte de los 680 millones de euros fueron a parar a empleados y negocios que tenían derecho a cobrar la ayuda. De ellos, 606,2 millones fueron destinados a ayudas sociolaborales y 73,8 millones a ayudas directas a empresas en crisis.
Del reparto de esas ayudas se beneficiaron hasta un total de 6.000 trabajadores. En su práctica totalidad, todos ellos lo hicieron de forma legítima. Apenas un centenar fueron intrusos, es decir, personas ajenas a las empresas en crisis que recibieron ayudas. Porcentualmente, el 80 por ciento del dinero de los ERE fue a parar a trabajadores de empresas en crisis que, efectivamente, cumplían los requisitos para recibir las ayudas. De este modo, el Constitucional rectifica lo estipulado en su día por el Supremo, y determina que a pesar de la mala organización con la que se repartieron estas ayudas, la gran mayoría de ellas fue correcta y correspondida, y que en ningún caso los políticos socialistas se beneficiaron de ellas.