La vivienda se ha convertido en el penúltimo campo de batalla entre la sociedad civil y las administraciones públicas. Ni Gobierno Central, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos -en su mayoría- han estado a la altura durante estos últimos años para paliar un creciente -y ya casi imparable- problema: la asfixia económica y social a la que se han visto sometidos miles de inquilins/as a lo largo y ancho de nuestro país.
En el caso de Andalucía el problema ha ido paulatinamente escalando hasta convertirse en solitario en el problema que más afecta a los andaluces y andaluzas, según el Centra. Durante los últimos años hemos visto masivas movilizaciones por el derecho a la vivienda, principalmente en Sevilla y Málaga, la provincia y capital más afectada en nuestra comunidad.
En el municipio de la Costa del Sol la presión de los alquileres turísticos y de temporada fueron el punto de inflexión que provocó la creación de la plataforma Málaga para Vivir, que secundaron otras capitales andaluzas al instante. Este movimiento ciudadano hizo que el pasado 5 de abril de 2025, que también encontró eco en capitales como Sevilla o Granada. En total, al menos 12.500 personas salieron a la calle para protestar por un alquiler asequible, la intervención en el mercado inmobiliario, una moratoria a los pisos turísticos y un cambio de modelo habitacional que no expulse a los vecinos lejos de sus barrios. Sin embargo, un año y medio después, nada ha cambiado.
Acampadas
Ahora, el Sindicato de Inquilinas de Andalucía ha sacado a otros tantos miles de andaluces -aún no hay cifra oficial- a las calles de siete capitales de provincia andaluzas, salvo Jaén, ante el acuciante problema de vivienda que soporta la ciudadanía.
El desahucio de Mari Carmen y la inmediata protesta en Madrid, que ya alcanza las cinco noches de acampadas en la céntrica plaza del Sol, ha encontrado respuesta en la comunidad andaluza, donde Sevilla y Málaga, las dos provincias más afectadas en nuestra comunidad también han replicado las acampadas, al menos hasta ver el resultado del Consejo de Ministros, y donde el resto de provincias también ha manifestado su malestar con la situación.
En una movilización que pretende ser pacífica y apolítica, la derecha (PP y Vox) no han encontrado razón para unirse. Sí han aprovechado la ola de indignación para atacar al Gobierno central, mientras gobiernan comunidades autónomas -como la andaluza- donde la inacción gubernamental ha contribuido a esta escalada de precios.
En Sevilla, la manifestación ha ocupado la emblemática plaza de la Encarnación, que corona con Las Setas dando cobijo a una acampada que no pretende finalizar hasta conocer la resolución del Consejo de Ministros.
Pancartas con proclamas como “la casa para quien la habita”, “fuera rentistas y fondos especuladores” o “la vivienda nos cuesta la vida” plagaban la Encarnación entre banderas andaluzas y una población especialmente joven, aunque abundaban ciudadanos de todas las edades.
En Málaga, miles de ciudadanos se han reunido en torno al Ayuntamiento local para llegar hasta la plaza de la Constitución, lugar de la acampada. Además, en el recuerdo reciente no solo se encontraba Mari Carmen, sino también Francisca, el último intento de desahucio paralizado por la acción civil en Marbella. El sindicato de inquilinas de Málaga, junto a la plataforma Un techo por derecho, han asegurado este que se suman a la concentración porque “ha estallado esta semana con el desahucio de Mari Carmen lo que venimos denunciando constantemente desde hace años”.
Granada, Cádiz, Huelva y Córdoba han sido las otras provincias donde miles de andaluces y andaluzas se han sumado a una proclama civil que, en los momentos de redactar estas líneas, tiene al Gobierno central y a sus socios en vilo ante las consecuencias del texto final que se presente a la ciudadanía.
Decreto Maricarmen
El calificado como ‘decreto Maricarmen’ es el borrador que el Gobierno de España prepara para calmar los ánimos de protesta y que se convierta en el principio de una legislación más ambiciosa.
Entre otras medidas, el borrador prohíbe hasta 2028 los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, endurece las condiciones de los alquileres temporales y contempla bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, según consta en el documento difundido este lunes por la tarde.
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