En el curso de la ejecución del proyecto Rilco, afirma el fiscal, Osuna supo de la alteración de las prestaciones a las que MFZ venía obligada y que suponían una considerable reducción del importe del contrato que debía percibir la sociedad a la que representaban Germán y Camila Leiva. Pese a ello, no acordó una valoración de las modificaciones del contrato y la revisión del importe que debía ser abonado, según publica el Diario de Cádiz.

Escrito provisional
"Con conocimiento de lo anterior, y de que con ello consentía que los señores Leiva se lucrasen del importe de fondos públicos correspondientes al contrato no ejecutado, y en claro perjuicio para los intereses de la sociedad a la que representaba", Osuna "dispuso el abono del resto del precio del contrato suscrito con MFZ por valor total de 2.832.266,54 euros (471.249.500 pesetas") en dos pagos realizados en los meses de diciembre de 2001 y mayo del año siguiente", relata el fiscal en su escrito de calificación provisional.

Perjuicios ocasionados
La Fiscalía agrega que los perjuicios ocasionados a la mercantil Rilco S.A. por la conducta de Rodríguez de Castro y Osuna al abonar las facturas emitidas por los señores Leiva a nombre de MFZ, con fondos procedentes de ayudas públicas que debieron ser amortizadas por la sociedad y devueltos al Tesoro, oscila entre 3.568.385,17 euros y 3.455.5414 euros, de acuerdo con la valoración de las prestaciones efectivamente realizadas, sin perjuicio de los gastos financieros y de amortización, de los préstamos solicitados y avales constituidos.

Desde marzo de 2001
Según el fiscal, Osuna se enteró de la existencia de irregularidades a partir de marzo de 2001, y en momentos posteriores, por los sucesivos cargos para los que fue nombrado, por su asistencia a diferentes comités de coordinación, por informes y por noticias que sobre lo ocurrido recibió. Supo así, explica el escrito de acusación, que el contrato adjudicado a MZF era "de todo punto superfluo para la realización del proyecto" Rilco "dada la falta de completa solvencia tecnológica" de MFZ y de los Leiva para cumplirlo.

13 y 10 años de prisión
Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, ambos exdelegados de la Zona Franca de Cádiz nombrados por Gobiernos del PP, se sentarán en el banquillo como acusados en el caso Rilco. El fiscal solicita para Osuna 13 años de prisión por varios delitos: malversación de caudales públicos, fraude, encubrimiento y falsedad en documento oficial. Para Rodríguez de Castro, 10 años de prisión por malversación y otros delitos.

Nada de Rodríguez de Castro
El PP ha salido en defensa de Osuna y no ha dicho nada de Rodríguez de Castro, pese a que fue señalado como una víctima cuando dimitió o le pidieron que dimitiese. "Aquí han vilipendiado a una persona y se ha linchado a un gestor que ha procurado siempre los beneficios económicos para esta tierra", dijo entonces Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

El objetivo era "imposibilitar" el control administrativo
Con la defensa de Osuna planteada por el PP choca el importante papel que le atribuye a ese exdelegado de la Zona Franca el fiscal. El escrito de calificación explica que Miguel Osuna, de común acuerdo con dos empleados de la Zona Franca también procesados en el caso Rilco, remitió u ordenó remitir a la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que tenía atribuido el control sobre la aplicación de las ayudas públicas, diversos documentos (entre ellos las facturas "mendaces" emitidas por MFZ e informes económicos y técnicos justificativos del empleo de las dos ayudas recibidas correspondientes a la anualidad 2000) "al objeto de acreditar que los pagos realizados Rilco S.A. se correspondían con entregas efectivamente realizadas por MFZ". El objetivo, señala el fiscal, era "imposibilitar" el control administrativo e impedir la cancelación de las ayudas públicas concedidas a Rilco, "lo que hubiera dado lugar a la devolución de las mismas y a la imposición de los correspondientes intereses legales a la mercantil, dando apariencia de realidad a las facturas emitidas por los señores Leiva".

Evitar el control
Rodríguez de Castro creó Rilco, con capital exclusivamente suscrito por la Zona Franca de Cádiz, para poner en marcha un portal informático que fomentase el comercio exterior entre países iberoamericanos. El fiscal sostiene que esos proyectos podían realizarse al amparo de la Zona Franca pero que el entonces delegado quería evitar el control de los órganos del Consorcio.

Dos ayudas irregulares
El delegado solicitó y obtuvo, irregularmente, según el fiscal, dos ayudas públicas millonarias para los proyectos de Rilco. La mayor parte de ese dinero iba a ser destinado al pago del contrato suscrito con MFZ, con los Leiva, afirma el escrito de acusación. Ese contrato, agrega, era el soporte para desviar fondos públicos.