Margarita de Orleans y Braganza, prima del rey emérito; Soledad García-Conde Tartiere, viuda del que fue presidente de honor del diario Abc Guillermo Luca de Tena; herederos del clan familiar de los Sánchez Arjona, al que perteneció José María Martínez Sánchez Arjona, ministro franquista de Vivienda entre 1960 y 1969.

Son algunos de los afortunados que, a precios de pisos normales en barrios normales, adquirieron viviendas de lujo situadas a un tiro de piedra de la Giralda de Sevilla y que fueron propiedad de Patrimonio del Estado.

Así lo cuenta en su edición de hoy el digital InfoLibre en una pieza de investigación firmada por Alicia Gutiérrez, que revela que una de las casas fue vendida a un inquilino que estuvo tres años sin pagar el alquiler, que oscilaba entre los 900 y los 1.000 euros pese a que la vivienda era de 415 metros construidos.

El ‘gran pelotazo’ lo dio el selecto grupo de inquilinos durante el primer mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno: el denominado Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario aprobado por el Ejecutivo del PP propició que inquilinos de familias de la jet local y que residían desde el franquismo en inmuebles públicos de lujo se hicieran con la propiedad de cinco viviendas entre 2014 y 2018. Las situadas en el entorno de la Giralda y el Patio de Banderas las adquirieron mediante enajenación directa, sin subasta y a bajos precios. 

Los dos pisos más pequeños del lote –de 141 metros cada uno– se vendieron en 2018 al precio de venta unitario fue 262.142 euros, lo que equivale a 1.855,34 euros por metro cuadrado en una fecha en que la consultora Hogaria cifra el precio medio en el centro de Sevilla se situaba en 3.184 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla intentó a finales de 2007 incorporar el entorno de la Giralda al patrimonio municipal, pero los vecinos plantaron batalla. Entre los prvilegiados beneficiarios de entonces se había colado algún inquilino sin pedigrí, como el socialista Jaime Montaner, que había sido consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y que disfrutó como inquilino de una vivienda de tres plantas por la que pagaba a Patrimonio del Estado 55.000 pesetas al mes (825 euros).

La alcaldesa del PP Soledad Becerril era otra de las afortunadas. Otros nombres de postín en algún momento beneficiarios del patrimonio público fueron miembros de las familias Ibarra, Bravo-Ferrer o Iturri.