Debido a su papel contrario a la autonomía andaluza, al poner palos en las ruedas de la lucha de la sociedad andaluza por su autonomía desde el gobierno estatal, la derecha había quedado tradicionalmente relegada a un papel secundario en Andalucía. Durante mucho tiempo, la identificación con Andalucía estuvo asociada a dos grandes tradiciones políticas. Por un lado, al andalucismo histórico, vinculado a Blas Infante, a la reivindicación del autogobierno y el desarrollo del Estatuto; la transformación de Andalucía para dejar de ser el patio trasero del Estado y a la memoria de la movilización autonomista. Por otro, al largo ciclo de gobiernos socialistas, que hicieron de la autonomía, los servicios públicos y la modernización una parte central de su relato político hasta que el desgaste de la corrupción y las luchas internas llevaron a la pérdida del gobierno en 2018 debido a la irrupción de la ultraderecha, permitiendo a las derechas sumar más que las izquierdas por primera vez en Andalucía.
Tras una legislatura de gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, las elecciones andaluzas de 2022 mostraron un cambio electoral de calado. El Partido Popular alcanzó su primera mayoría absoluta en Andalucía, duplicando los escaños del PSOE tras ganar en todas las provincias. Este resultado de produjo de la mano de un hecho insólito: Juanma Moreno consiguió presentarse como una fuerza capaz de hablar en nombre de Andalucía sin aparecer como ajena a la identidad andaluza, encarnando el relato de una Andalucía moderada y moderna. Cuatro años después, en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, 200.000 andaluces más han apoyado la propuesta política del Partido Popular, por lo que estamos ante una tendencia ya consolidada en Andalucía.
A raíz de este fenómeno, hemos realizado una investigación sobre la campaña andaluza de 2022, que ha sido publicada como artículo académico en la revista de comunicación política iberoamericana Más Poder Local. A través de este estudio, hemos comprobado cómo la campaña electoral del Partido Popular en 2022 realizaba una operación de personalización territorial que hemos denominado andalucismo institucional. No se trata simplemente de usar banderas, colores verdes y blancos o referencias al orgullo por “esta tierra”. Tampoco equivale al andalucismo político clásico, construido en torno a la demanda, el conflicto social o la reivindicación frente al Estado. El andalucismo institucional designa algo más preciso: la conversión de Andalucía en un recurso de legitimación del poder autonómico, presentado como expresión neutral del interés general andaluz. Dicho de otro modo, Andalucía deja de aparecer como una comunidad política en disputa y pasa a representarse como una realidad ya estabilizada, emocionalmente compartida y administrada desde la Presidencia de la Junta.
Una identidad desconflictivizada
La clave del fenómeno radica en su capacidad para desactivar el conflicto. El andalucismo institucional no niega la identidad andaluza. Al contrario, construye el liderazgo territorial de Juanma Moreno en base a ella; sin embargo, la separa de sus dimensiones más incómodas: los problemas estructurales de la comunidad andaluza, la defensa de los servicios públicos o la memoria de la represión franquista, con los asesinatos de Blas Infante y Manuel José García Caparrós.
La identidad andaluza aparece así como orgullo, cercanía, pertenencia y normalidad, pero no como reivindicación más allá del agravio con Cataluña. La bandera está presente como vemos en las noticias analizadas. La diferencia es que no lo hace como elemento de protesta y reivindicación, como hemos visto este mismo viernes en la manifestación por la vivienda celebrada en Sevilla o en otras tantas luchas sociales, sino como emblema de consenso.

Así, Andalucía deja de ser un pueblo en lucha por transformar su realidad material para convertirse en una comunidad que da estabilidad al resto del Estado español. En conjunto, esta operación permite a la derecha ocupar el espacio simbólico de representación andaluza sin asumir su carga histórica. El PP andaluz no necesita presentarse como heredero del andalucismo político. Le basta con aparecer como gestor legítimo de una identidad andaluza institucionalizada.
La Presidencia de la Junta de Andalucía como voz de Andalucía
Como vemos, el andalucismo institucional condensa la identidad territorial en la figura presidencial. Andalucía no aparece representada por un movimiento social, una tradición política plural o una memoria colectiva en disputa, sino por quien ocupa la Presidencia de la Junta. Esta identificación entre territorio, institución y líder tiene efectos democráticos discutibles. Cuando el presidente aparece como la encarnación natural del interés general andaluz, las alternativas políticas no compiten solo contra un gobierno, sino también contra una representación simbólica específica de Andalucía.

Una batalla por el significado de Andalucía
La cuestión de fondo no es solo electoral. Es cultural y política. Las identidades territoriales no son patrimonio fijo de una tradición ideológica. Pueden ser apropiadas, resignificadas y reorganizadas por actores distintos. El caso andaluz muestra que la derecha autonómica puede disputar la representación del territorio sin recurrir a un nacionalismo de confrontación. No necesita oponer Andalucía a España. Puede afirmar una identidad andaluza compatible, emocional, institucional y desprovista de conflictos explícitos.
Desde una perspectiva crítica, el problema no es que una fuerza política utilice símbolos andaluces. Toda política democrática es una disputa continua de símbolos, memorias e identidades. El problema aparece cuando esa apropiación reduce la pluralidad de Andalucía a una imagen consensual, desactiva sus conflictos sociales e históricos y presenta como neutral lo que sigue siendo una construcción política.
Por eso, el andalucismo institucional no debe leerse solo como una estrategia de campaña exitosa. También debe entenderse como síntoma de una transformación más amplia de la política autonómica: la creciente capacidad de los liderazgos presidenciales para absorber identidades colectivas, convertirlas en lenguaje de gestión y devolverlas a la ciudadanía como sentido común. En el proceso, se vacía de su contenido social, tan necesario en lugares como Andalucía, que siempre ocupa los peores puestos cuando hablamos de pobreza, exclusión social y otros problemas sociales. Por ello, debemos plantear, como comunidad, no solo quién gobierna Andalucía, sino también quién consigue hablar en su nombre y las consecuencias que esto tiene para el presente y el futuro del pueblo andaluz.
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