El PSOE andaluz ha elevado este viernes el tono contra el Partido Popular y el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), Manuel Alejandro Cardenete, al anunciar que estudia llevar su actuación ante los tribunales por una posible “incompatibilidad sobrevenida” y por un presunto caso de “prevaricación administrativa”.
La ofensiva socialista llega después de que la Cámara de Cuentas decidiera abrir un expediente al consejero Antonio Manuel López, propuesto en su día por el PSOE-A, por una supuesta incompatibilidad relacionada con trabajos de asesoramiento externo. Entre las cuestiones señaladas figura un texto jurídico utilizado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa abierta en Madrid sobre la cátedra que dirigía.
El responsable de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y diputado electo, Mario Jiménez, ha denunciado que el expediente responde a una “cacería política” impulsada por el PP andaluz dentro de las instituciones autonómicas. “Es una vergüenza que el PP quiera utilizar las instituciones de la autonomía andaluza en beneficio propio”, ha afirmado Jiménez.
Igualmente, el socialista ha sostenido que el consejero Antonio Manuel López “va a demostrar” que no existe ninguna incompatibilidad y ha acusado al PP-A de cambiar los criterios internos de funcionamiento de la Cámara de Cuentas por motivos políticos. A su juicio, la decisión está vinculada a que uno de sus escritos fuera utilizado en la estrategia judicial de la mujer de Pedro Sánchez. “Nos sentimos ante un episodio más de la cacería política del PP contra el PSOE-A”, ha insistido el dirigente socialista, que ha vinculado directamente esta actuación con la estrategia política del Gobierno de Moreno Bonilla.
El PSOE apunta al presidente del órgano fiscalizador
Por otro lado, Mario Jiménez ha anunciado que los socialistas van a solicitar al Parlamento andaluz que estudie la posible incompatibilidad del propio presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, propuesto en su día por el PP.
Según ha explicado, Cardenete forma parte actualmente del consejo rector de la fundación de “una importante empresa andaluza” que habría recibido “cientos de miles de euros” de fondos públicos de la Junta de Andalucía y cuyos recursos podrían acabar siendo fiscalizados por el organismo que él mismo preside.
“Eso va directamente contra la ley de la Cámara de Cuentas”, ha sostenido Jiménez, quien considera que esta situación supone una “colisión de intereses” incompatible con el cargo.
El dirigente socialista ha ido más allá y ha asegurado que el PSOE-A analizará también posibles “incidencias penales” derivadas de la actuación de Cardenete. En concreto, ha cuestionado que el presidente del órgano fiscalizador no se abstuviera en un pleno relacionado con la evaluación de fondos públicos gestionados durante su etapa como viceconsejero en el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla.
“Parece que estamos ante un caso flagrante de conflicto de intereses”, ha afirmado Jiménez, quien ha dejado abierta la puerta a acudir a la vía judicial por un posible delito de prevaricación administrativa.
El trasfondo político y las acusaciones al PP
Desde el PSOE-A interpretan este enfrentamiento como parte de una estrategia del PP andaluz para mantener el control dentro de la Cámara de Cuentas, especialmente en investigaciones relacionadas con contratos de emergencia y adjudicaciones menores realizadas por la Junta de Andalucía durante los últimos años.
Así, Jiménez ha asegurado que el Partido Popular teme perder la mayoría dentro del pleno del órgano fiscalizador en un momento en el que se investigan contrataciones que ya se encuentran judicializadas: “Lo hizo de manera consciente para no perder el PP la mayoría en el pleno”, ha sostenido.
La dirección socialista ha aprovechado además la comparecencia para cargar directamente contra Moreno Bonilla y contra el portavoz parlamentario popular, Toni Martín. De hecho, Jiménez ha aprovechado para calificar al líder andaluz como un “falso moderado” y ha acusado al PP de utilizar a las instituciones públicas para atacar políticamente a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
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