El PSOE-A ha acusado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, de imponer un “veto” a la comisión de investigación parlamentaria sobre la trama de mordidas vinculada al PP de la provincia de Almería. La iniciativa ha sido rechazada en el Parlamento andaluz con los únicos votos de la mayoría absoluta del Partido Popular de Juanma Moreno.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado que el “pacto de silencio” que, a su juicio, rodea este caso se ha trasladado también a la Cámara autonómica. “Quien mucho tapa, mucho quiere ocultar”, ha advertido, tras lamentar que el PP andaluz haya tumbado “a golpe de rodillo” la que sería la séptima comisión de investigación solicitada por la oposición en la presente legislatura. Según Férriz, la negativa del PP impide a la ciudadanía andaluza ejercer “el derecho a saber” si el Gobierno andaluz “conocía, consentía, ocultaba o incluso participaba” en una red de supuestas irregularidades que, de acuerdo con las investigaciones judiciales abiertas, afectarían a contrataciones públicas durante la última década en Almería.
La dirigente socialista ha asegurado que el caso presenta “indicios de graves irregularidades” tanto en la adquisición de material sanitario durante la pandemia como en adjudicaciones de obra pública desde 2019, con “epicentro” en la Diputación de Almería y posibles “ramificaciones” en ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía.
Caso PP de Almería
El origen de la investigación judicial se encuentra en el contrato de las mascarillas adjudicado a Azor Corporate Ibérica S.L. y cerrado por más de dos millones de euros, con un sobrecoste del 42,27% y plagado de irregularidades. Entre ellas, el contrato sin publicidad de una empresa sin experiencia sanitaria y con vínculos familiares directos con Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería (PP).
Las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que el escándalo de las mascarillas vinculado al Partido Popular de Almería es solo la "punta del iceberg". Según se desprende del auto judicial, fechado el pasado 2 de enero, existía una presunta organización criminal que operaba mucho antes de la llegada del Covid-19, orquestando amaños de contratos públicos no como hechos aislados, sino como parte de una dinámica sistémica.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha señalado directamente a la cúpula política de la provincia, destacando al presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, como el "eje central" de la trama. El magistrado apunta que la red actuaba con el "pleno conocimiento y participación" del presidente, aprovechando la institución para generar oportunidades de negocio ilícito, usando contratación pública para favorecer intereses personales y económicos, según desprende el propio magistrado. Ahora, la UCO busca cerrar el cerco sobre los delitos de "cohecho, blanqueo de capitales y malversación" que pesan sobre la antigua cúpula del PP en Almería.
“Ley del silencio” y acusaciones de encubrimiento
Férriz ha sostenido que Moreno Bonilla “impone la ley del silencio” sobre una trama que, según ha afirmado, se remonta a 2016 y que ha sido objeto de actuaciones judiciales. “Nadie se cree que el presidente de la Junta no supiera nada”, ha declarado, añadiendo que el líder del Ejecutivo andaluz “sabe y consiente lo que hace el PP en Almería”. Del mismo modo, la portavoz socialista ha señalado que el PP andaluz actúa como “el partido más oscuro de la historia de Andalucía”, acusándolo de “manipular” órganos de control y de bloquear cualquier intento de fiscalización parlamentaria. “Banalizan la corrupción, la minimizan y la blanquean porque están acostumbrados a ella”, ha afirmado.
Ángeles Férriz ha insistido en que la comisión de investigación era necesaria para depurar responsabilidades políticas con independencia del curso judicial de los hechos. “El pueblo andaluz tiene derecho a saber si su dinero está a salvo o si ha habido menoscabo de fondos públicos que deberían destinarse a la sanidad, la educación o la dependencia”, ha subrayado.
Alcance del rechazo
El rechazo a la comisión se produce en un contexto de mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz que le permite sacar adelante o bloquear iniciativas sin necesidad de apoyos externos. Desde el inicio de la legislatura, la oposición ha denunciado reiteradamente la dificultad para impulsar comisiones de investigación sobre asuntos relacionados con la gestión del Ejecutivo autonómico.
Férriz ha acusado al presidente andaluz de querer “dar por cerrado” el caso sin que se haya producido un debate parlamentario en profundidad. También ha cuestionado “qué ha pactado” Moreno Bonilla con altos cargos que han sido apartados tras verse implicados en investigaciones judiciales. La portavoz socialista ha defendido que la Cámara autonómica debe ser un espacio de control político efectivo. “No puede convertirse en un mero trámite donde la mayoría absoluta del Gobierno impida cualquier rendición de cuentas”, ha advertido Férriz. Mientras tanto, el caso continúa su curso en sede judicial, en un escenario en el que la confrontación política sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos vuelve a situarse en el centro del debate andaluz.