El testimonio de la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos está resultando de los más esclarecedores de cuantos se han escuchado en el juicio de los ERE que debe determinar si el sistema de concesión de ayudas de la Junta a trabajadores de empresas en crisis era ilegal y fue urdido para eludir los controles y, en último término, malversar dinero público.

Según la Fiscalía, desde la Junta de Andalucía se habrían repartido ilegalmente a lo largo de diez años 850 millones de euros, cuyos beneficiarios fueron en su mayoría unos 6.000 trabajadores a quienes la justicia no ha reclamado la devolución del dinero.

Pistas reveladoras

Marcos ha dado al tribunal varias pistas que pueden ayudarle a no perderse en el laberinto administrativo y presupuestario de las ayudas. En opinión de quien sucedió en el cargo a Manuel Gómez, procesado junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que hubiera irregularidades en el procedimiento no significa que de ellas se derivara necesariamente menoscabo de fondos: "Un procedimiento irregular, por grave que sean las irregularidades, no es inicio de menoscabo".


El peso de la inercia

También defendió el trabajo realizado por su predecesor, que hizo incluso más de lo que era su deber, exculpó a los responsables de presupuestar las ayudas, insistió en que se producía un “ángulo muerto” que impedía un control efectivo de las ayudas y, tal vez lo menos técnico pero más esclarecedor de su testimonio, atribuyó a “un error lamentable por la inercia de los años” haber mantenido el procedimiento pese a las advertencias de la Intervención General.

Por lo demás, Marcos no cree en la interpretación, algo forzada, de la instructora Mercedes Alaya y de los acusadores según la cual quienes elaboraban los presupuestos donde figuraba la partida de los ERE consiguieron engañar al Parlamento utilizando un lenguaje oscuro y una terminología deliberadamente opaca.

El ángulo muerto

Marcos ha reiterado que en la Consejería de Empleo se fiscalizaba el envío de fondos a IDEA y en la agencia el pago se controlaba a posteriori porque es el tipo de fiscalización de los entes públicos, por lo que en ninguno de los dos sitios había un expediente de gasto fiscalizado previamente como corresponde a una subvención, informa Efe.

Así, Empleo asumía compromisos de ayudas sin disponibilidad presupuestaria y antes de enviar los fondos a IDEA, lo que provocaba un "desfase" en la agencia, pero para Marcos incluso el hecho de que la irregularidad del procedimiento estuviera en "la falta de crédito no es indicio de menoscabo".


No era lo mismo pero era igual

En 2010, se cambió la forma de enviar los fondos de IDEA a encomienda de gestión como la Intervención venía pidiendo, pero, según Marcos, aunque "suponía cierta mejora" seguían dándose subvenciones sin fiscalización previa porque al mantenerse la concesión en Empleo "hubiera requerido la fiscalización no sólo del instrumento de la encomienda sino de todas y cada una de las ayudas".


Según la testigo, el interventor de Empleo le dijo que "había sido un lamentabilísimo error" seguir tramitando la encomienda de gestión como transferencias de financiación, de ahí que la Intervención también pusiera reparos hasta que en 2011 se cambió realmente el sistema regulando las ayudas.

La Intervención cumplió

Tanto el fiscal como el letrado del PP-A, que ejerce la acusación popular, han interrogado a Marcos sobre si la Intervención podía haber hecho más a la vista de que pese a sus reiteradas advertencias el sistema se mantuvo igual durante una década.


"La Intervención hizo lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer", ha defendido Marcos, quien ha subrayado que "no paró" de plantear recomendaciones sobre el sistema a seguir y se adoptaron medidas, aunque "quizás se podían haber adoptado antes".