El nuevo Proyecto de Presupuestos de PP y Vox en Andalucía alumbra un nuevo recorte en aulas educativas públicas frente a un aumento de la financiación para la escuela concertada. Según viene plasmado en el resumen de cuentas publicado por la propia Junta de Andalucía y ha recogido el sindicato USTEA, la suma de PP y Vox destinará un 7,48% más a financiar la educación concertada en Andalucía; esto es, 82,32 millones de euros. En total, 1.183,35 millones de euros para 2027.
Como contrapunto al fortalecimiento de la estructura concertada, el sindicato ha señalado que mientras esto ocurre la educación pública continúa perdiendo aulas. Concretamente, solo en el curso 2025-2026 se suprimieron en Andalucía 360 aulas de Infantil y Primaria. Desde 2019, se han suprimido 2.753 unidades públicas, donde el principal argumento esgrimido ha sido la bajada de la natalidad. Sin embargo, apunta USTEA, en la concertada esta disminución de aulas -de posibilidades públicas- no encuentra la misma relación, dado que tan solo se han perdido 23 unidades de Primaria.
Para el sindicato, esta diferencia evidencia un "tratamiento desigual que perjudica a la enseñanza pública" y "contribuye a debilitar su presencia en numerosos municipios y barrios andaluces".
USTEA insiste en que la disminución del alumnado debería convertirse en una "oportunidad histórica para mejorar la educación pública, reduciendo el número de estudiantes por aula, reforzando las plantillas y garantizando una atención más individualizada". Sin embargo, denuncia que la Consejería está "utilizando el descenso demográfico para justificar el cierre de unidades públicas mientras las aulas de la concertada permanecen prácticamente intocables".
A esta situación se añade la insuficiencia de recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente por la falta de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa y Personal Técnico de Integración Social, asevera en una nota.
Presupuesto para la concertada
Según el análisis realizado por el sindicato, la Junta destinará 1.183,35 millones de euros a la enseñanza concertada en 2027, frente a los 1.101,03 millones de 2026, lo que supone un incremento de 82,32 millones de euros, un 7,48 %.
De esta cantidad, 1.170,76 millones corresponden a la financiación de unidades concertadas y conveniadas, mientras que los 12,59 millones restantes se destinan a libros de texto y cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional concertada.
Entre las principales partidas destacan los 370,66 millones de euros para Educación Secundaria Obligatoria, los 343,85 millones para Educación Primaria y los 148,94 millones para Educación Infantil. A estas cantidades se suman 127,48 millones para Educación Especial, 113,04 millones para ciclos formativos de Formación Profesional, 37,09 millones para Bachillerato y 29,69 millones para Formación Profesional Básica.
Para USTEA, estas cifras contrastan con la situación de numerosos centros públicos andaluces, que siguen reclamando más profesorado, reducción de ratios, especialistas de atención a la diversidad y mejoras en sus infraestructuras.
Educación especial y huelga
Del mismo modo, el sindicato educativo ha señalado los 127,48 millones de euros destinados a la Educación Especial concertada, mientras "numerosos" centros públicos continúan "sin disponer de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".
El sindicato denuncia que muchos profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje deben atender a un número "excesivo" de estudiantes o "repartir" su jornada entre varios centros, reduciendo el tiempo de intervención individualizada. A ello se suman la "insuficiencia de orientadores y orientadoras y las carencias de personal técnico de integración social".
Para USTEA, la inclusión educativa "no puede depender del esfuerzo extraordinario de unas plantillas insuficientes", sino que "debe garantizarse mediante una dotación estable y suficiente de profesionales en todos los centros públicos": "No faltan necesidades en la escuela pública, faltan prioridades políticas para atenderlas", arguyen.
El portavoz de USTEA Educación, Fran Fernández, ha denunciado que "estamos asistiendo a un trasvase continuado de recursos públicos hacia las patronales de la enseñanza privada concertada mientras nuestros centros públicos pierden aulas y siguen sin disponer de los profesionales que necesitan".
Fernández ha señalado que "la bajada de la natalidad debería aprovecharse para reducir las ratios y mejorar la atención educativa, pero la Junta continúa protegiendo la oferta concertada mientras recorta unidades en la pública. No se puede hablar de una apuesta decidida por la educación pública cuando las decisiones presupuestarias y de planificación educativa apuntan en otra dirección".
El portavoz ha recordado que la educación pública es la "principal garantía" de igualdad de oportunidades y cohesión social, y advierte de que su "debilitamiento" tiene consecuencias directas sobre el alumnado, las familias y las condiciones laborales del profesorado.
Ante esta situación, USTEA ha realizado un llamamiento al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa andaluza a participar en la huelga educativa convocada para el próximo 11 de noviembre.
El sindicato reclama una reducción real de las ratios en todas las etapas educativas, el aumento y la estabilidad de las plantillas docentes, más recursos para la atención a la diversidad, la mejora de las infraestructuras escolares y el fin de las supresiones de unidades públicas mientras se mantiene la sobreoferta concertada.
Para USTEA, los presupuestos educativos deben responder a las "necesidades reales" de los centros y garantizar que "los recursos públicos se destinen prioritariamente a fortalecer la red educativa pública".
"El 11 de noviembre saldremos a defender nuestras condiciones laborales, pero también algo mucho más importante: el derecho de todo el alumnado andaluz a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. El dinero público debe servir para fortalecer la escuela pública, no para seguir ampliando el negocio de la enseñanza", sentencia el sindicato.
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