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En enero de 2013 se publicaron los papeles de Bárcenas, unas anotaciones manuscritas atribuidas al extesorero del PP que apuntaban a pagos en efectivo a dirigentes del partido, presuntamente a Mariano Rajoy entre ellos. Se les llamó sobresueldos. Rajoy negó haber recibido pagos ilegales. Más de una década después, la palabra sigue de gira y ha hecho parada en la provincia de Sevilla.
Cheques de hasta 1.200 euros al mes y facturas con 78 cañas, en Sevilla. Tarjetas que, según la denuncia, solo controlaba una persona, en Mairena del Aljarafe. Una deuda de 45.000 euros en Marchena. Presuntos sobresueldos en Utrera, denunciados por militantes en 2017. Los casos se parecen en poco, salvo en lo esencial: el dinero de partida es público. O sea, de todos.
Sevilla tiene dos grupos y dos cuentas, y las dos dan que hablar. En la Diputación, el 12 de febrero de 2025 se supo que el PP había librado hasta trece cheques a favor de Juan Bueno, hoy primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, de hasta 1.200 euros al mes entre 2012 y 2014. En los mismos papeles figuraban casi 35.000 euros en 70 autobuses para llenar el mitin de Rajoy en FIBES, en mayo de 2011. El público hay que traerlo de algún sitio. Bueno habló de “gastos de funcionamiento” y aseguró: “Jamás en mi vida he cobrado sobresueldos”. El alcalde, José Luis Sanz, denunció una “cacería política” y dijo que las cuentas estaban “perfectamente auditadas por la dirección nacional”, es decir, por el propio partido, que suele ser un auditor benévolo.
En el Ayuntamiento, el grupo del PP tenía 20 concejales y manejó más de 1,1 millones de euros entre 2011 y 2015. Eran 23.000 al mes. En febrero de 2025, este diario recogió lo publicado por Diario de Sevilla sobre dos facturas del restaurante La Raza. La primera, de 845 euros, corresponde a un encuentro con Cristóbal Montoro en octubre de 2011 y no deja dudas sobre el ambiente: 78 cañas, 36 copas de vino, raciones, whisky, ron y ginebra. El omeprazol hubiese sido el colmo. La segunda, de 366 euros, es de febrero de 2012 y figura como “evento de Zoido y sus escoltas”. Esa la pagó la cuenta del grupo.
En Mairena del Aljarafe el asunto ya ha pasado de la cuenta del grupo al juzgado. José Antonio López Azuar, que fue portavoz del PP en el Ayuntamiento y acabó dejando el grupo, denunció al presidente local del partido, Vicente Agenjo, por un presunto delito continuado de malversación de los fondos del grupo municipal. El juzgado acordó incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Los gastos en bares y restaurantes superarían los 40.000 euros y habría retiradas de efectivo con tarjetas que, según la denuncia, controlaba solo Agenjo. Agenjo sigue siendo presidente local y, según contó este diario, cobra como asesor del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Santiago Arderius, abogado de la acusación particular y hoy concejal no adscrito, dice que él habría ordenado “una auditoría externa fulminante en el minuto uno”. Ni la dirección provincial ni la regional se han pronunciado.
Marchena es el caso en el que el Ayuntamiento sí reclama cuentas. Los grupos municipales reciben dinero público y están obligados a justificar en qué lo gastan. Según la alcaldesa socialista, María del Mar Romero, el Grupo Popular no lo hizo y debe devolver 45.000 euros. Dijo que la reclamación viene del mandato anterior y que el Tribunal de Cuentas dice que hay que cobrar. Lo explicó en el pleno del 30 de mayo de 2025, el de la renuncia de dos concejales del PP, y descartó que haya persecución: “No se está persiguiendo nada”.
El PP ya se había defendido en 2023 de un expediente municipal sobre ingresos del grupo de 2017. Su versión: las cuentas estaban presentadas y a un funcionario le parecieron “muy complejas”. Acusó además a la alcaldesa de “extorsión y constante acoso”.
Utrera tiene el caso más antiguo. El 2 de mayo de 2017, la prensa local recogía la denuncia de 16 militantes del PP, cuatro de ellos miembros del comité ejecutivo local. Hablaban de un presunto pago de sobresueldos a concejales con dinero de la cuenta del grupo municipal, procedente del presupuesto del Ayuntamiento. Hablaban también de dinero desaparecido de la oficina del grupo, con denuncia presentada en la Guardia Civil. Pedían las cuentas y anunciaban batalla en el siguiente congreso local. Respuesta, según los firmantes, ninguna. La noticia no recoge la versión de la dirección de entonces. Este diario no puede dar por acreditada ninguna de aquellas acusaciones y se desconoce cómo terminó el asunto. Pero la dirección local de esa época ha quedado laminada de las siguientes candidaturas y de cualquier puesto orgánico.
En todos los casos el dinero sale de presupuestos públicos y en tres el aviso llegó de dentro, que es donde mejor se sabe dónde está cada cosa. En Mairena lo dio quien era portavoz del grupo. En Utrera, una parte de la militancia. En Sevilla, unos papeles que el propio partido había depositado en una notaría y de los que nadie ha acreditado quién los sacó.
En 2013, los papeles de Bárcenas hablaban de sobresueldos y Rajoy negó haber recibido pagos ilegales. Doce años después, cuando se supo de los cheques de la Diputación, Juan Bueno recurrió a la misma palabra: “Jamás en mi vida he cobrado sobresueldos”.




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