El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente, y en un Pleno extraordinario, los presupuestos municipales de 2026 gracias al pacto entre PP y Vox. Dicho acuerdo se ha oficializado en medio de continuas protestas por parte de trabajadores de limpieza municipales, después de que el alcalde, José Luis Sanz, anunciara la externalización del servicio de limpieza en los colegios. Estas protestas provocaron que el presidente del Pleno, Manuel Alés, ordenase el desalojo del público y resto de invitados presentes en el Salón Colón.
Esta crispación social se debe a una de las decisiones del plan presupuestario: la externalización del servicio de limpieza en, sobre todo, centros educativos públicos. La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) ha denunciado dicha privatización alegando que la decisión “rompe con una concepción comunitaria de la escuela pública” y que “sustituir este vínculo por empresas privadas significa deshumanizar los centros y destruir relaciones construidas durante años”.
A esto se suma el rechazo del bloque de izquierdas municipal, PSOE y Podemos-Izquierda Unida, quienes critican las políticas sociales propuestas y los llamados “chiringuitos ideológicos”, entendiéndose por este nombre a la creación de oficinas impulsadas por el Gobierno local.
Ismael Sánchez, concejal de Izquierda Unida, ha criticado el desalojo refiriéndose a él como “intento de convertir el Salón de Plenos en un cortijo”. En el caso del portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha recalcado su “preocupación” por el tono del debate político en el Salón Colón, marcado por un “clima de tensión y confrontación”. Igualmente, ha señalado que, desde el inicio del mandato del Partido Popular, “colectivos vecinales, sindicatos y plataformas ciudadanas han sido desalojadas en varias ocasiones”. Del mismo modo, Muñoz ha advertido sobre la “incapacidad del Gobierno municipal para gestionar las discrepancias”, provocando continuos desalojos del público. Así, el portavoz ha calificado la situación como “un hecho insólito en la democracia reciente”.
Pacto PP y Vox
El Gobierno del popular José Luis Sanz vuelve a coger aire después de que la ultraderecha vuelva a pactar los presupuestos con el Gobierno municipal. Como peaje, los del PP han cumplido gran parte de las premisas -fundamentalmente ideológicas- que le pidieron los ultras para los presupuestos de 2025. Una de ellas fue la creación de la popularmente denominada como Oficina Antiaborto (Oficina de Ayuda a la Maternidad), dirigida por una exdirigente de Vox, María Pastor Pérez-Angulo, y con un sueldo de 50.000 euros brutos anuales. La otra medida fue la “Oficina de Asesoramiento en protección de vivienda” que, en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, registró 4.426 llamadas. Es decir, durante cuatro años una oficina destinada a asesorar sobre posibles casos de ocupación recibió una media de tres llamadas al día para una población de 687.488 habitantes.
Algunas de las medidas aprobadas en el acuerdo presupuestario para 2026 son, además de la privatización del servicio de limpieza, restringir el empadronamiento de personas sin documentación, reducción del número de zonas de bajas emisiones (ZBE), erradicación de la venta ambulante no autorizada y el incremento de inversiones destinadas a los parques empresariales. La alianza entre PP y Vox ha facilitado la tramitación de las cuentas locales tras el bloqueo del año anterior, cuando toda la oposición votó conjuntamente en contra y el regidor, que gobierna con mayoría simple, tuvo que recurrir a una cuestión de confianza.
La concejala de Podemos, Susana Hornillo, ha señalado que "no se trata de las cuentas de un Ayuntamiento” sino que es, más bien, “una multinacional que busca beneficios”. Para Hornillo, “se han sacrificado políticas de igualdad por chiringuitos ideológicos como consecuencia del acuerdo con Vox".