El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría absoluta que suman PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) planteada por el Grupo Socialista para instar a la Junta de Andalucía a abandonar su "estrategia de bloqueo institucional" y exigir la aplicación inmediata del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La votación no solo ha evidenciado la brecha entre el bloque de la derecha y las fuerzas de izquierda (PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía), sino que ha puesto de relieve que tanto Moreno Bonilla como Gavira están empeñados en continuar agrandando la bola de nieve de la polémica con Ceuta mientras ignoran poner fin al principal problema de los andaluces: el acceso a la vivienda, según el Centra.
Al igual que ha ocurrido con la propia ciudad autónoma de Ceuta, tal y como se ha conocido este mismo jueves tras desvelarlo Cadena Ser, donde el presidente ceutí, Jesús Vivas, lleva desde finales de agosto ignorando un plan del Gobierno "con todo pagado" para reubicar 500 menores en la península y aliviar la presión en la ciudad, en Andalucía las derechas continúan por la misma senda. No son soluciones las que aportan, faltaría más, sino que abonan el terreno de la opinión pública de minas en su intento de asaltar la Moncloa.
En una sesión marcadamente crispada, la Cámara autonómica ha priorizado el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla a través de una propuesta de Vox que contó con el respaldo del PP, al tiempo que frenaba las exigencias de la oposición para hacer frente a la escalada del precio del suelo y de los alquileres en la comunidad.
Rechazo a fondos para vivienda
La iniciativa sobre vivienda, defendida por el parlamentario socialista Daniel Pérez, pretendía que la Cámara obligara al Ejecutivo de Moreno a retirar el recurso y el conflicto de competencias promovido ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto de Vivienda. El texto rechazado por las derechas solicitaba formalizar de inmediato el convenio del Plan Estatal para movilizar 1.200 millones de euros en la comunidad, 718 procedentes directamente del Gobierno central, y transferir sin demora la primera anualidad de 136,8 millones de euros ya ingresados por el Estado para cofinanciar vivienda protegida y ayudas al alquiler.
Pérez ha recordado en la tribuna que los propios datos del barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) sitúan el acceso a la vivienda como el "principal problema que tienen los andaluces y las andaluzas", desbancando al desempleo y a la sanidad. "Se están equivocando, sobre todo para aquellas familias que tienen un drama", ha reprochado el portavoz socialista, quien ha acusado al Gobierno andaluz de preferir la "confrontación directa" y "judicializar" los fondos estatales antes que dar herramientas a los municipios altamente tensionados para frenar la especulación.
Desde la bancada del PP-A, el diputado Antonio Saldaña ha negado que el recurso ante el Constitucional suponga un bloqueo, calificándolo de "herramienta constitucional" habitual en la distribución de competencias. Saldaña ha arremetido contra la Ley de Vivienda estatal tildándola de "bulo" y asegurando que las regulaciones sobre zonas tensionadas provocan la retirada de inmuebles del mercado, quizá porque al ser accesibles la gente tiene capacidad para entrar a vivir a ellos.
Por su parte, el parlamentario de Vox Ricardo López Olea ha descalificado la PNL socialista definiéndola como "otro invento más" e insistiendo en defender "una verdadera prioridad nacional" a la hora de adjudicar los recursos públicos, vinculando la crisis habitacional al impacto de la inmigración masiva y a la falta de suelo. Cómo no.
Las fuerzas de izquierda han cargado contra la inacción del Gobierno andaluz. Desde Adelante Andalucía, el diputado Luis Rodrigo ha calificado la crisis de la vivienda como "la crisis vital de una gran mayoría de los andaluces", criticando que el Parlamento pierda el tiempo en disputas partidistas mientras las familias no pueden pagar un alquiler. Rodrigo defendió sus enmiendas para crear un registro de viviendas vacías en manos de fondos buitre y aplicar el recargo del 150% del IBI a los grandes tenedores. Asimismo, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha reclamado medidas de urgencia estructurales, como topar los alquileres y fijar por ley que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
Ceuta
Frente al rechazo a las medidas de vivienda, la Cámara sí ha aprobado con 63 votos a favor (de PP y Vox) y 41 en contra de la izquierda la PNL impulsada por el partido de Santiago Abascal para reafirmar la "plena e indiscutible soberanía española" sobre Ceuta, Melilla y los islotes del norte de África. La iniciativa rechaza cualquier pretensión del Reino de Marruecos y condena las declaraciones del Ejecutivo alauita sobre dichos territorios.
La tramitación estuvo rodeada de tensión política y fallos técnicos. La votación tuvo que repetirse hasta en tres ocasiones por incidencias en el sistema de voto electrónico. La sesión contó además con la presencia en la tribuna de invitados del portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, la diputada Reyes Romero y la senadora María Pastor.
Durante el turno de debate, la parlamentaria de la ultraderecha, María Goretti, lanzó duros ataques asegurando que la izquierda andaluza "pertenece a la mafia de Sánchez" y acusando al Ejecutivo central de "abandonar a Ceuta".
El portavoz del PP, Toni Martín, recriminó a las tres fuerzas de la oposición que intentaran "amordazar" el Parlamento impidiendo días antes el debate de una iniciativa similar de los populares. Esa mordaza, sin embargo, no resulta más que la aplicación del Reglamento del Parlamento andaluz, aunque al portavoz popular no le gustara que se cumpliera la ley.
Los partidos de la oposición reaccionaron con dureza ante el tono de la derecha. El diputado del PSOE andaluz, Mario Jiménez, recriminó a Vox su falta de humanidad al no mencionar el fallecimiento de 150 personas en el mar y criticó que actúen como "quintacolumnistas" para socavar al Gobierno. Jiménez tildó de "ruin" la actitud de las bancadas de la derecha y acusó al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, de no auxiliar a la ciudad autónoma de Ceuta.
En esa misma línea, Inmaculada Manzano (Adelante Andalucía) denunció el "escenario de odio y miedo" promovido por la extrema derecha, mientras que Antonio Maíllo (Por Andalucía) afeó el lenguaje "sin compasión ni humanidad" empleado por la portavocía de Vox, reprochando que usen la soberanía territorial para ocultar los verdaderos problemas sociales de la comunidad.
Por último, el Parlamento también ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del grupo Popular en la que reclama que el Gobierno central reactive de manera inmediata la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur con mando único, estructura orgánica permanente y estable, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales suficientes para combatir eficazmente contra el narcotráfico.
La iniciativa ha contado con el apoyo de las derechas y el rechazo de las izquierdas, salvo en los puntos 2 y 3 del mismo, en los que se han abstenido.
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