El PP exige la dimisión del alcalde de Algeciras tras una segunda denuncia por acoso sexual

El relato de dos militantes del Partido Popular, quienes han denunciado a José Ignacio Landaluce por haber ejercido presuntos abusos sexuales sobre ambas, ha llevado a la formación de Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo a retirar la confianza depositada en el alcalde de Algeciras. La primera acusación presentada ante la Justicia contra el primer edil de la ciudad gaditana fue el pasado 2 de septiembre, cuando la denunciante acudió a la Fiscalía del Tribunal Supremo para presentar hechos que habrían acontecido tanto en el 2020 como en el 2021, mientras que la segunda llegaba por unos tocamientos que Landaluce habría hecho a otra compañera de la formación política en su despacho del Ayuntamiento este mismo verano, concretamente el 10 de julio.

De esta manera, ante las acciones legales emprendidas contra él, desde el Partido Popular han tomado la decisión de no seguir respaldando a Landaluce y, tras los recientes acontecimientos, pedirle que dimita como líder del Ejecutivo local de Algeciras. Tal es así que, según se ha podido conocer, desde el PP han advertido de que, si no presenta su dimisión, promoverá las acciones necesarias para hacerse con el control del gobierno de la ciudad y garantizar, según han expuesto, la estabilidad municipal. Asimismo, anunciaban también la apertura de expedientes internos a los concejales que no han apoyado la propuesta de la dirección. 

La decisión se formalizó este lunes, 12 de octubre, durante una reunión mantenida por el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, con los concejales populares del Ayuntamiento de Algeciras. De hecho, la petición de dimisión ya cuenta con el respaldo de 12 de los 15 ediles que conforman el equipo de Gobierno local, cuyas firmas quedaron registradas este lunes en el portal del Ayuntamiento. Una muestra de la pérdida de apoyos que afronta el regidor algecireño, cuya continuidad al frente de la Alcaldía se encuentra ahora en entredicho.

En el comunicado trasladado, el PP de Cádiz ha justificado este cambio de posición por la existencia de dos denuncias expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal. La formación asegura que, hasta ahora, había seguido la evolución de los procedimientos judiciales abiertos, que habían sido archivados, así como las acciones emprendidas por el alcalde para defender su honor frente a las acusaciones del PSOE. En aquel momento, Landaluce optó por defenderse al margen del partido, después de abandonar sus filas.

Sin embargo, los nuevos testimonios han llevado a la dirección provincial a romper definitivamente con el alcalde. El PP afirma haber ofrecido apoyo y asistencia jurídica a ambas denunciantes, con su consentimiento, y subraya que respeta la presunción de inocencia del regidor. Pese a ello, sostiene que la información conocida en las últimas horas ha provocado una pérdida de confianza incompatible con su continuidad en el cargo.

Cádiz actúa contra Landaluce mientras que Madrid mantiene su respaldo a Bautista: las dos caras con las que el PP actúa ante presuntos abusos sexuales 

El caso de José Ignacio Landaluce no es el único que ha situado al Partido Popular ante la gestión de denuncias por presunto acoso sexual contra cargos públicos. En Móstoles, la exconcejala popular que denunció al alcalde, Manuel Bautista, acusa también a la dirección madrileña de la formación de haberla dejado desprotegida cuando acudió a sus responsables para denunciar los hechos. Su relato sostiene que el regidor realizó hasta tres proposiciones sexuales explícitas que ella rechazó y que, a partir de entonces, comenzó a sufrir represalias profesionales, aislamiento y obstáculos para ejercer sus funciones municipales. La situación terminó con su renuncia al acta y su baja como afiliada a finales de 2024. 

La denunciante asegura que pidió ayuda en repetidas ocasiones y que, en marzo de 2024, se reunió con Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, y Ana Millán, vicesecretaria de Organización de la formación, ambos parte del círculo de confianza de Ayuso. Según su versión, ambos la presionaron para que no acudiera a la Justicia. En una grabación aportada al procedimiento, Millán habría llegado a plantearle que la mejor forma de protegerse era no denunciar. Pese a las comunicaciones internas, el comité nacional de derechos y garantías del PP terminó archivando el expediente sin escuchar personalmente a la exconcejala ni a los testigos que había propuesto. La dirección del partido ha defendido su actuación, mientras Bautista niega las acusaciones y rechaza dimitir. 

La controversia ha adquirido dimensión judicial. La querella contra el alcalde y el PP fue admitida a trámite y la jueza rechazó el intento de Bautista de lograr el archivo de la causa. La declaración del regidor, inicialmente prevista para el 9 de octubre, se ha aplazado al 1 de diciembre. Además, el 5 de octubre la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación sobre el acceso no autorizado y el borrado de correos electrónicos oficiales de la exconcejala, entre ellos mensajes relacionados con sus comunicaciones con el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Estas actuaciones no acreditan por sí mismas las acusaciones, pero mantienen bajo escrutinio tanto la conducta denunciada como la respuesta del partido.