Los servicios públicos de atención a las personas con discapacidad en Andalucía sufren un evidente deterioro. Así lo ha denunciado el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) tras su reunión con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, debido a la “falta de recursos” para sostener estos servicios.
Este encuentro, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre, fue tachado de “decepcionante” por parte de estas entidades ante la escasez de soluciones por parte del gobierno regional, teniendo como problemática principal que la capacidad financiera para estos servicios sociales “ha llegado a su límite”.
A través de un comunicado, los representantes de CERMI mostraron este notable descontento con el presidente andaluz, una reunión a la que también asistieron las consejeras de Inclusión Social, Loles López, y Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, y en la que la Junta “mostró su negativa a atender las necesidades planteadas por el sector de la discapacidad”.
Objetivo: consensuar un nuevo modelo de financiación
Tal y como trasladó en este encuentro la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, la situación de las más de 700.000 personas discapacidad y sus familias de la región es “de asfixia” debido a que los servicios que se prestan “están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real”.
Para solventar este escenario, se solicitó realizar una revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de los precios de estos servicios. De esta manera, se expuso la necesidad de hacer un estudio exhaustivo de los costes reales y un cambio de modelo financiero alcanzar una sostenibilidad económica realista y afianzar su solvencia a medio y largo plazo. Como propuesta presentada a la Junta, se puso sobre la mesa la posibilidad de crear una mesa de trabajo conjunta.
Desde CERMI, además insistieron en estos servicios destinados a personas con discapacidad no pueden sostenerse más a base de “mejoras puntuales” guiadas en disponibilidad ni criterios presupuestarios. Para ello, la medida a poner en práctica sería la creación de ese modelo de financiación centrado en una actualización de su coste de manera automática y permanente conforme al IPC, así como el incremento de los convenios colectivos de sus trabajadores. Ejemplo de ello, en 2025 este sector tiene garantizado una subida del 12% salarial a sus trabajadores, una cantidad “muy elevada” para CERMI y que, debido a esta imposibilidad, debería reflejarse en los presupuestos de la Junta para poder asumirla.
En materia sanitaria, estas entidades también mostraron sus reivindicaciones de mejoras necesarias para estas personas con discapacidad, como la creación de servicios de atención integral post-hospitalaria ante la falta evidente de medios, así como un nuevo concierto de atención temprana o la eliminación del límite de edad para las prótesis auditivas, entre otras peticiones de calado.
Por otro lado, con respecto al empleo de este colectivo, se reclamó al Gobierno de Moreno Bonilla la convocatoria de un programa de empleo con ayuda para estas personas con discapacidad que enfrenten mayores problemas para encontrar un trabajo.
Así, también en materia educativa, CERMI exigió a la Junta facilitar el acceso de estos alumnos a la FP Dual, sumado a aplicar mejoras en los protocolos de prevención, valoración y atención de estas necesidades específicas que precisa este colectivo en apoyo y formación académica.
