Un nuevo estudio científico elaborado por investigadores de la Universidad de Sevilla alerta de la extrema gravedad de la contaminación por metales pesados en el Estuario del Guadalquivir, alcanzando niveles récord a nivel mundial en los peces de la zona y suponiendo un grave riesgo para la salud pública. Ante estos resultados, una amplia alianza de ayuntamientos y entidades civiles, económicas y ecologistas exigen una moratoria inmediata de los vertidos mineros y la creación de un comité de expertos independientes.
El informe, titulado "Bioacumulación de Metales en Albures en la Zona del Estuario del Guadalquivir Afectada por el Vertido de Mina de Cobre Las Cruces en junio de 2025", analiza peces capturados en el tramo comprendido entre el municipio sevillano de La Algaba y el estadio de La Cartuja. Los resultados detectan concentraciones de cobre y manganeso "nunca antes reportadas" en ningún pez del mundo, asegura el informe, además de otros metales en niveles incluso superiores a los registrados tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998.
El consumo de estos peces supone un "peligro directo para la salud humana", estimándose un riesgo cancerígeno significativo. Para ilustrar la magnitud del problema, el documento subraya que todas las muestras analizadas en junio de 2025 superaron los niveles de plomo legalmente permitidos por la Unión Europea para el consumo. Además, debido a la presencia de cadmio, los científicos advierten que ingerir más de 21 gramos diarios en hombres o 17 gramos en mujeres incrementa el riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo; unas cifras toxicológicas muy inferiores a las de una ración habitual.
La investigación explica que esta contaminación tiene su origen en los vertidos realizados desde 2008 por la empresa Mina de Cobre Las Cruces. Gran parte de los metales expulsados no llegan al mar, sino que quedan atrapados en los sedimentos del estuario, que actúa como un “fondo de saco”. Al buscar alimento en estos fondos, los albures ingieren directamente los contaminantes. A esto se suma un factor agravante: el estudio relaciona los altísimos niveles de metales encontrados con los periodos de altas temperaturas, lo que sugiere que la toxicidad podría estar en continuo aumento impulsada por el calentamiento global.
Los impulsores del estudio aseguran que esta degradación ecológica compromete gravemente la economía local y el modo de vida forjado en torno al aprovechamiento de los recursos del estuario, "poniendo en riesgo la supervivencia de la cultura riachera, el marisqueo y su patrimonio gastronómico". Asimismo, los expertos denuncian un evidente conflicto de intereses en el sistema de control actual, ya que es la propia empresa minera la encargada de tomar las muestras para vigilar su vertido, por lo que urgen a que la administración pública asuma directamente estas labores de vigilancia.
Las organizaciones firmantes advierten que el Guadalquivir corre el riesgo de convertirse en un río muerto sacrificado a la minería. El volumen de vertidos autorizado para las nuevas fases extractivas de Mina de Cobre las Cruces y Mina Los Frailes (Aznalcóllar) es, en conjunto, diez veces superior al que ya se ha efectuado, lo que multiplicaría la contaminación existente. Por ello, las entidades exigen a las autoridades responsables que decreten una moratoria de los vertidos mineros actuales y futuros, y que pongan en marcha un comité científico independiente que evalúe de manera integral todos los daños ecológicos, socioeconómicos y de seguridad para la población.
Entre los firmantes se encuentran los ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río y Los Palacios y Villafranca. Asociaciones agrarias como COAG Andalucía, la Comunidad de Regantes del ector B-XII del Bajo Guadalquivir; Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz, Asociación de Mariscadores de Corrales de Pesca JARIFE y Asociación de empresarios ACITUR de Chipiona.
Asociaciones como FACUA Andalucía, Marea Blanca Andalucía, Asociación Salvemos el Guadalquivir. Y asociaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción Andalucía, Greenpeace, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, WWF y Grupo Ecologista CANS Chipiona.
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