Si la jueza Mercedes Alaya era para muchos socialistas su bestia negra por haber destapado el monumental escándalo de los ERE, su sustituta al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla lo es para muchos dirigentes del PP, que quieren ver en María Núñez Bolaños una persona cercana al Gobierno andaluz. Se trata, en todo caso, de una mera presunción cuya única prueba de cargo es a su vez otra presunción: la esgrimida temerariamente por la jueza Alaya cuando acusó a Núñez de ser amiga del consejero de Justicia de la Junta y fiscal de carrera Emilio de Llera y de no tener suficiente preparación para instruir un caso tan complejo como el de los ERE, por el que los sucesivos gobiernos andaluces habrían otorgado ilícitamente durante diez años alrededor de 800 millones de euros en ayudas a la prejubilación de unos 6.000 trabajadores de empresas en crisis y en subvenciones no justificadas a empresas y entidades e instituciones diversas.

Precisamente aquella acusación, que Alaya puso negro sobre blanco en su escrito ante el Poder Judicial para impedir que la nueva titular del juzgado se quedara con su caso, habría de costarle a la tenaz instructora inicial de los ERE su apartamiento del caso. Quien quiso ver una mano negra política en aquella decisión del CGPJ no pudo hacerlo: la propia Alaya dinamitó esa hipótesis con aquellas acusaciones de trazo grueso.

Sospechosa tibieza

Ahora Núñez lleva una parte, y no la principal, de la instrucción del caso de los ERE, pero al marcharse Alaya a la Audiencia de Sevilla su sustituta en el Juzgado 6 asumió también la investigación del escándalo de los cursos de formación, donde el PP está obteniendo frutos procesales y políticos muy por debajo de sus eufóricas expectativas iniciales. Muchos en el partido conservador andan convencidos de que si no están logrando acorralar judicialmente al Gobierno andaluz en la causa de la formación es por la sospechosa tibieza de la juez Núñez Bolaños y no porque se haya sobredimensionado política y mediáticamente un caso que empieza a acumular archivos judiciales en los diferentes juzgados andaluces donde está siendo investigado.

Este jueves, el PP perdía ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial una importante batalla: su propuesta de recusación de la jueza Núñez Bolaños chocaba con un inequívoco “no procede” del órgano de gobierno de los jueces. PP, 0-Jueza Núñez, 1. El motivo de la recusación popular era la negativa de la magistrada a entregarle las grabaciones de todas las declaraciones celebradas en la causa de los cursos de formación.

La Permanente del CGPJ recordaba al PP que su recusación se tramitó fuera de las normas contempladas para ello en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de ahí que decidiera “no efectuar requerimiento alguno a la magistrada". Pero el varapalo del Poder Judicial iba más allá al recordarle a los abogados del PP algo que en principio ellos ya deberían saber: que el CGPJ tiene expresamente prohibido “dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a jueces y tribunales sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional".

Doble jarro de agua fría

Las cosas, en todo caso, no están saliendo en absoluto como el PP esperaba, convencido meses atrás de que el caso del fraude de la formación iba a dejar en mantillas al mismísimo escándalo de los ERE. De hecho y aunque la decisión se había conocido tres meses antes, a finales de septiembre la Fiscalía Anticorrupción pedía el archivo de la pieza política de los cursos de formación, en la que había 24 ex altos cargos socialistas acusados, al considerar que no había quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de estos exresponsables del Gobierno andaluz.

En contra de lo sostenido inicialmente por la juez Mercedes Alaya cuando comenzó a instruir la causa en 2014, el escrito de la Fiscalía dirigido al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla rechazaba con rotundidad que los investigados propiciaran una "red clientelar". El archivo de la causa propuesto por Anticorrupción era el segundo jarro de agua fría que caía sobre los hombros del PP: el primero le cayó en plena campaña electoral del 26J, cuando se filtró que Núñez Bolaños iba a archivar el caso porque la Fiscalía, como se confirmaría en septiembre, no veía delito alguno. La derecha y sus medios afines vieron en esa filtración una “oportuna ayudita” al PSOE. “La juez Núñez Bolaños desvela en plena campaña que archivará el fraude de los cursos”, rezaba uno de los titulares periodísticos que pudieron leerse esos días.