Como informaba ElPlural.com, un terremoto político está sacudiendo al PP de Málaga y, por ende, al andaluz presidido por Moreno Bonilla. La Fiscalía solicitó recientemente, tras años de investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el pago de 42.000 euros para la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández.
El contundente escrito de acusación también reclama similar condena para la anterior regidora así como seis años de cárcel y diez de inhabilitación para tres empleados municipales y un empresario por falsedad mercantil y fraude. La fiscalía acusa a Mari Paz Fernández de un delito continuado de fraude en concurso con un delito continuado de malversación. La Fiscalía apunta además a la existencia de una supuesta red en la que empleados municipales de Soliarsa habrían pactado con un empresario para apropiarse del dinero destinado a material adquirido de manera directa, sin concurso. Dicho material, según el escrito, jamás llegaba a entregarse. El ministerio público señala posible manipulación de facturas y albaranes de recepción, con un beneficio ilícito cercano a los 85.000 euros.
Un feo asunto en la empresa municipal
Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2020 se produjeron contrataciones de personal sin proceso selectivo, subidas salariales indebidas, pagos de comidas y lotes navideños por unos 40.000 euros y facturas falsas que habrían supuesto un perjuicio de unos 85.000 euros. La acusación también señala a Fernández por supuestamente haber aplicado un IPC superior al fijado en nómina en los años 2017 y 2018, así como por el pago irregular de pluses a algunos trabajadores. Otro de los reproches de la Fiscalía se refiere al abono de la comida del patrón y de la cesta de Navidad a los empleados, sin cobertura normativa.
Desde el gobierno local del Partido Popular, se niegan las acusaciones y muestran su “sorpresa”. Defiende que las contrataciones y pluses estaban respaldados por informes técnicos y convenios colectivos validados por la Junta de Andalucía. La imputación de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández ha provocado las primeras reacciones de la oposición municipal, que, aunque subraya su respeto a la presunción de inocencia, reclama explicaciones claras sobre la gestión de fondos públicos en la empresa municipal de limpieza.
PSOE: “Los rondeños merecen explicaciones claras y contundentes”
El portavoz socialista, Francisco Cañestro, compareció este pasado lunes para fijar la posición del PSOE tras la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción. “Sabemos que es una situación difícil en lo personal y en lo familiar, y no vamos a contribuir a ese desgaste”, señaló Cañestro. No obstante, advirtió que el caso no puede despacharse con silencio, porque los rondeños merecen “explicaciones claras y contundentes” sobre la gestión de Soliarsa.
El portavoz socialista recordó que la sombra de este procedimiento afecta directamente a la imagen del Ayuntamiento y a la confianza ciudadana: “Lo fundamental ahora es que los vecinos tengan la certeza de que el dinero público se ha administrado correctamente”. Quiso además subrayar la dignidad con la que, a su juicio, han afrontado esta situación los trabajadores de Soliarsa, que han defendido el buen nombre de la empresa.
En el plano político, el socialista puso el acento en la diferencia de actitudes frente a la contención y respeto que los socialistas muestran y la apelación a la presunción de inocencia. Y es que conviene no olvidad la agresividad y hasta las risas y sonrisas con las que Mari Paz Fernández afrontó en su día un proceso judicial en el que el propio Cañestro fue acusado injustamente y finalmente absuelto. Dos formas de entender la política.
Con Ronda pide “proteger el nombre de la ciudad”
La formación Con Ronda -coalición formada por IU, Podemos y Más País Andalucía- la portavoz, Fran Sancho, destacó la necesidad de actuar con responsabilidad: “No vamos a utilizar este asunto como arma política ni para difamar sin pruebas”. Aun así, Sancho calificó de “graves” las acusaciones y exigió “máxima transparencia” en torno a la gestión de Soliarsa, reclamando acceso a la documentación relativa a los periodos investigados y explicaciones detalladas por parte de los responsables políticos. Asimismo, pidió que el proceso judicial avance con agilidad para despejar dudas sobre la gestión de los fondos públicos.
Según denunció Sancho, en la actualidad las empresas públicas municipales son convocadas en ocasiones, con apenas 24 horas de antelación, lo que “dificulta enormemente la labor de fiscalización de la oposición”.
