Los desalojos en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se están convirtiendo en una escena cada vez más habitual. La sesión celebrada este jueves ha vuelto a estar marcada por la expulsión de ciudadanos que acudieron al Salón Colón para protestar por distintas reivindicaciones sociales en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno municipal del Partido Popular y colectivos afectados.
El primer desalojo de la jornada se ha producido cuando un grupo de cuatro personas interrumpió el desarrollo del Pleno para denunciar la paralización de la exhumación de la fosa Monumento del cementerio de San Fernando, considerada la mayor fosa común del franquismo pendiente de abrir en la ciudad. Los manifestantes han reprochado al Consistorio la falta de avances en un proyecto que contaba con una subvención estatal de 200.000 euros destinada a iniciar los trabajos.
Esto es porque el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha paralizado la recepción de una ayuda de 200.000 euros concedida por el Gobierno de España que iba a permitir que se comenzaran a financiar estas acciones. “Los dejáis bajo tierra porque los asesinasteis” ha gritado uno de los asistentes, mientras que desde la bancada del Partido Popular y Vox se escuchaba “¡Fuera!” en reiteradas ocasiones, reclamando su salida inmediata. El presidente del Pleno ha ordenado el desalojo apelando al mantenimiento del orden en la sesión.
La situación de la fosa de San Fernando lleva años siendo motivo de controversia en Sevilla. Diversas asociaciones memorialistas han reclamado la apertura y exhumación de los restos de víctimas del franquismo, un proceso que depende en gran medida de la colaboración institucional y la financiación pública.
De hecho, el anterior equipo de gobierno había avanzado en los trámites para intervenir en este espacio, pero colectivos implicados denuncian que el actual Ejecutivo municipal ha ralentizado o bloqueado la ejecución del proyecto, poniendo en riesgo la ayuda concedida por el Gobierno central. La protesta en el Pleno refleja el malestar de familiares y asociaciones, que consideran que la falta de acción institucional perpetúa el olvido y la falta de reparación histórica.
“No tenemos para comer”
Minutos después del primer incidente, el Pleno ha vuelto a ser interrumpido con una segunda protesta protagonizada por trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. En esta ocasión, varias mujeres accedieron al Salón Colón con batas de trabajo y se arrodillaron en señal de protesta, denunciando la precariedad de sus condiciones laborales.
La movilización se produce días después de una manifestación celebrada el 13 de marzo bajo el lema “Sin trabajadoras dignas no hay cuidados dignos”, en la que denunciaban incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Entre las principales reclamaciones figuran el pago del Salario Mínimo Interprofesional, la falta de evaluaciones de riesgos laborales y la imposición de horas complementarias no recogidas en contrato. Según las trabajadoras, las denuncias ante la Inspección de Trabajo y las acciones judiciales emprendidas hasta ahora no han conseguido revertir la situación.
Durante el desalojo, una de las afectadas ha abandonado la sala gritando “No tenemos para comer”, evidenciando la gravedad de la situación que denuncian.
Plenos cada vez más tensionados
Los incidentes registrados en esta última sesión no son un hecho aislado. Hace apenas un mes, otro Pleno municipal terminó con el desalojo del público tras la protesta de trabajadores municipales que denunciaban la externalización del servicio de limpieza en colegios públicos.
En aquella ocasión, el presidente del Pleno, Manuel Alés (PP), ordenó también el vaciado del Salón Colón, lo que llevó a celebrar la sesión sin público. Este tipo de decisiones ha generado críticas por parte de la oposición y de colectivos sociales, que consideran que se está limitando la participación ciudadana en un espacio institucional clave.
Asimismo, son varias las denuncias públicas sobre la actuación del Ayuntamiento: optar por medidas de orden en lugar de abrir espacios de diálogo para canalizar las protestas. Desde el equipo de gobierno se insiste en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de las sesiones plenarias, mientras que la oposición y los afectados sostienen que estas decisiones evidencian una falta de voluntad para atender demandas sociales urgentes.
En cualquier caso, la sucesión de incidentes pone de manifiesto un clima creciente de confrontación en el Ayuntamiento de Sevilla, donde las reivindicaciones sociales están encontrando cada vez más dificultades para ser escuchadas dentro de la institución.