Del mismo modo que la razón principal de la cerril oposición del PP a la estrategia epidemiológica del Gobierno contra el Covid-19 siempre fue ideológica y no científica, se dría que la principal razón del Ejecutivo para no haber arbitrado una legislación específica sobre la pandemia es igualmente política y no jurídica, pues quien reclamó desde el principio tal legislación fue el Partido Popular.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, volvió a pedir ayer al Gobierno, pero también a las autoridades judiciales, que propicien "un marco legal” que dé a las autonomías "instrumentos" para poder actuar ante los trabajadores de residencias de mayores o sociosanitarios que se niegan a vacunarse.
Otras comunidades como Galicia, Murcia, Cantabria o el País Vasco opinan lo mismo que Andalucía, pero no así el Ministerio de Sanidad, contrario a imponer la obligatoriedad de la vacuna al personal sanitario.
Las pruebas PCR van por barrios
Al contrario de lo que sucede desde el pasado 20 de julio en Cataluña, donde personal sociosanitario sin vacunar se tiene que hacer tres pruebas PCR semanales y los que están vacunados una PCR cada siete días, en Andalucía el Tribunal Superior de Justicia ha acordado la suspensión cautelar de la medida acordada por la Junta para imponer la realización de pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores de residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios.
Según datos de la Junta de Andalucía, en la comunidad hay 662 trabajadores de residencias de mayores que se niegan a vacunarse. Aunque representan únicamente algo menos del 1,8 por ciento del total de empleados, la cifra preocupa a las autoridades sanitarias. En los geriátricos andaluces hay actualmente casi 44.000 residentes.
Recuérdese que mientras que en julio murieron por coronavirus solo 6 residentes en residencias andaluzas, en agosto la cifra se disparó hasta 67 mayores fallecidos. En total desde que estalló la pandemia, en las residencias de mayores de Andalucía han fallecido 2.156 personas, la mayor parte de ellas en los meses iniciales de la expansión del virus.
El TC desautoriza a Felijóo
La ausencia de una legislación que afine la actualmente existente ha sido un lastre a la hora de combatir con eficacia los picos de contagio. Aunque las autonomías lo han intentado, en muchas ocasiones los tribunales han tumbado decisiones como el confinamiento de determinadas áreas geográficas, la imposición del toque de queda o la obligatoriedad de que el personal de las residencias de ancianos se vacune.
La última 'víctima' de los tribunales ha sido Galicia. El Tribunal Constitucional suspendió la ley gallega que recogía la posibilidad de obligar a los sanitarios a vacunarse. Pese al revés judicial, el presidente Alberto Núñez Feijóo tenía muy claro que “en determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse”.
Sea justa o no esa sensación, muchos ciudadanos han tenido durante los últimos meses la impresión de que la justicia estaba haciendo la guerra por su cuenta. La sentencia del Constitucional, de julio pasado, contraria al estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 descolocó no solo a la ciudadanía en general, sino también a expertos constitucionalistas o profesores de teoría del derecho, si bien entre los especialistas –como dentro del propio TC– no hay unanimidad al respecto.
Las patronales de las residencias, así como las asociaciones de mayores, también propugnan la obligatoriedad de la vacuna para los cuidadores.
"Una situación imposible"
"Nos dicen muchos directores de residencias –relató ayer Moreno– que nos encontramos con una situación imposible, con personas que no se quieren vacunar, evidentemente no se pueden despedir, no se pueden trasladar de trabajo y no se quieren hacer una prueba directa todos los días, pero que sin embargo están tratando directamente con las personas mayores", ha argumentado.
El presidente andaluz recordó que "Francia ha tomado la decisión de la obligatoriedad de vacunarse a todos los que trabajen con mayores", y añadió que "España tendrá que tomar una decisión, y si no se puede obligar a vacunar, al menos que tengamos la capacidad de que ese trabajador sea desplazado a otra función o que se tenga que hacer una prueba diagnóstica permanente".
Mientras, la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, órgano dependiente de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, estudia medidas jurídicamente viables para frenar la transmisión tanto en residencias de mayores como en otros centros residenciales de personas altamente vulnerables, además de insistir en la necesidad de extremar el cumplimiento de los protocolos vigentes y las medidas de precaución.