El Gobierno andaluz recomienda prudentemente mucha cautela a los ciudadanos para no contagiarse pero, quizá con temeridad, se aplica esa cautela a sí mismo resistiéndose, al contrario que otras autonomías, a imponer restricciones más severas para que el incremento disparado de los casos no dependa solo de la prudencia de los particulares.

Este domingo, el presidente de la Junta volvió a repetir ese doble mensaje que sus consejeros de Salud, Presidencia o Turismo vienen difundiendo con insistencia desde que se levantó el pasado 9 de mayo el estado de alarma.

Juan Manuel Moreno advirtió este domingo de que los hospitales de la comunidad cuentan actualmente con "200 pacientes más ingresados por Covid-19" que hace dos semanas, por lo que de nuevo pidió "mucha precaución" y una vez más amagó con que desde el Gobierno autonómico "tomaremos medidas si fuera necesario".

El denominado comité de expertos se reúne mañana martes 20 de julio tras haberlo hecho por última vez el día 6, fecha en que no solo no endureció las restricciones sino que autorizó a bares y restaurantes con terraza a retrasar su cierre una hora más, hasta la una de la madrugada, si bien con el compromiso –de muy difícil comprobación– de no aceptar nuevos clientes ni servir nuevos pedidos desde la medianoche.

Días de incertidumbre

A fecha 17 de julio, el número de pacientes ingresados por Covid-19 en la comunidad autónoma era de 699 (200 más que hace dos semanas), de los que 137 estaban en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Lo más probable es que ambas cifras hayan aumentado durante el fin de semana.

La negativa del Gobierno de España a prorrogar el estado de alarma, que decayó el pasado 9 de mayo, ha creado incertidumbre porque los gobiernos autonómicos necesitan la luz verde de la justicia para imponer restricciones de movilidad, pero los tribunales superiores tienen criterios dispares incluso sus autos están dictados dentro de un mismo TSJ, aunque por salas distintas.

La Junta de Andalucía se mostró muy crítica con la decisión del Gobierno central de no prorrogar el estado de alarma, pero al mismo tiempo no presionó a la dirección nacional del PP para que garantizara su respaldo a esa prórroga que el Ejecutivo andaluz veía tan necesaria.

El pasado martes, 14 de julio, en un curso universitario de verano en San Lorenzo de El Escorial, el presidente se mostraba poco inclinado a endurecer las medidas. Descartó solicitar el toque de queda en determinadas poblaciones, como han hecho otros presidentes autonómicos, porque ello supondría “cortar de cuajo” la movilidad.

El presidente sí mencionó entonces que la tasa de incidencia a 14 días en Andalucía estaba en esos momentos –y sigue estando ahora– por debajo de la media nacional, circunstancia que él y sus consejeros estuvieron silenciando meticulosamente durante las semanas de junio en que la media andaluza superaba ampliamente y en algún momento llegó a doblar la media nacional.

Alcaldes alarmados

Alcaldes de localidades muy turísticas, como Tarifa y Conil, con tasas de incidencia por encima del millar, no quieren ni oír hablar de cierre perimetral porque sería una medida ruinosa para ambos municipios, pero sí se muestran partidarios de que el Gobierno andaluz solicite el toque de queda, lo que ayudaría a rebajar drásticamente los riesgos sanitarios derivados de la celebración de botellones que, hoy por hoy, su Policía Local es incapaz de evitar.

Como muestra un botón: agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil desalojaron una fiesta ilegal con más de 1.200 personas que se celebraba en la noche del sábado al domingo en una parcela de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera, muy próxima a Conil.