La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla al frente, cerró varios contratos con Levantina Ingeniería y Construcción, SL., una de las empresas principales de la denominada como trama Koldo.
Así las cosas, si la semana pasada ElPlural.com publicaba que la Consejería de Fomento, Articulaciones del Territorio y Vivienda de la región había cerrado un acuerdo con esta compañía en UTE (Unidad Temporal de Empresas), por valor de 5.223.010,15 euros; ahora este periódico ha podido comprobar que el Gobierno andaluz firmó al menos otro acuerdo con la misma UTE.
En este caso se trata de las obras que se refieren a la ampliación y reforma del Centro de Salud de Peligros del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, adscrito a la Central de Compras de Granada. Cabe destacar, además, que esta operación estuvo financiada por fondos europeos.
En este caso, la cuantía es claramente menor, pero no deja de llamar la atención que sea con la misma compañía que el PP utiliza como arma arrojadiza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que estallara el caso y se conociera que el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, estaría involucrado.
Más en detalle, la reforma que centra este texto se trata de un acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la firma señalada. El importe de licitación de las obras, según ha podido constatar este periódico, aunque la información es de carácter pública, es de 757.533,27 euros (sin incluir IVA) y de 916.615,26 euros con el impuesto añadido.
Entretanto, la fecha de adjudicación data del 29 de marzo de 2023 y la de formalización de mayo del mismo año. Finalmente, el importe de adjudicación se quedó en 741.625,07 euros (SIN IVA) y 897.366,33 euros (con IVA). Según consta en la web, se presentaron tres licitadores y la duración de las obras fue de 12 meses.
Este medio de comunicación se ha dirigido al Ejecutivo de la comunidad del sur por si quisiera dar su opinión sobre este hecho, pero, en el momento de publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.
Contratos del PP con la empresa Levantina
En el ámbito andaluz, la Consejería de Fomento adjudicó a la misma Unión Temporal las obras del Nuevo Puente del Aguadero de la Carretera A-317, situado en la comarca de la Sierra del Segura (Jaén) por un plazo de diez meses. A dicha licitación se presentaron 23 firmas.
Fuera de Andalucía, ElPlural.com también ha tenido constancia de otros contratos que Levantina se ha llevado de más administraciones del Partido Popular, concretamente en la Comunidad Valenciana, tanto del propio equipo de Carlos Mazón, president de la Generalitat y en entredicho por su gestión de la DANA; como del Ayuntamiento de Benidorm.
Así las cosas, la compañía fue contratada por el Consell de Mazón hasta en tres ocasiones entre octubre y noviembre de 2023 para realizar obras en las infraestructuras valencianas. El objetivo de la primera fue la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota” a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, y se cerró por valor de 831.645,77 euros.
La segunda con motivo de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia” por un precio superior al medio millón de euros. La encargada de promover el acuerdo fue el departamento de Sanidad.
La tercera y última que conocía este medio partió nuevamente de la Conselleria de Medio Ambiente para el “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios” y costó 47.915,90 euros.
Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a su vez presidente de la Diputación Provincial de Alicante, contrató a la misma firma para las obras relativas a la Musealización Integral del Castellum de Tossal de la Cala de la localidad por importe de 400.994 euros y para la reparación de una pasarela peatonal en playa poniente. El primero de los contratos se cerró por 400.994, 38 euros y el segundo por 1.567.092,74 euros, con impuestos.
La constructora entró en concurso de acreedores el 14 de junio de 2024 por acumulación de deudas -llegó a presentar pérdidas de casi 40 millones de euros- y tiene filiales en países como Argelia o Panamá. La OCU registró la sede a tenor del caso que salpicó al ex secretario de organización socialista.